Amenaza silenciosa
Un camión cisterna espera una recarga de productos químicos en la entrada de K-Solv, una compañía ubicada en una zona residencial de Channelview, Texas. La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ,, por sus siglas en inglés) repetidamente ha documentado altos niveles de benceno — una sustancia cancerígena — en la dirección del viento desde K-Solv, pero ha permitido que la empresa crezca. Hoy en día, K-Solv puede emitir legalmente 20 veces más compuestos orgánicos volátiles al año que los que emitía en 2005. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
Una comunidad de Texas está siendo bombardeada con benceno, un químico cancerígeno. Funcionarios estatales lo han sabido por décadas
Nota del editor: Este reportaje fue publicado originalmente en inglés por Public Health Watch.
En 2005, reguladores ambientales de Texas documentaron cantidades sorprendentes de benceno en una comunidad a las afueras de Houston. En lugar de resolver el problema, las autoridades permitieron que la empresa mayormente responsable de dicha contaminación expandiera sus operaciones, una decisión que los científicos temen que pueda afectar a los residentes por años en un futuro.
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Reportaje de
CHANNELVIEW, Texas — Durante casi 20 años, inspectores ambientales de Texas han guardado un secreto perturbador. Los residentes de una pequeña comunidad no incorporada al este de Houston respiran habitualmente cantidades peligrosas de benceno, una sustancia química volátil e inflamable ligada a la incidencia de leucemia y otros cánceres de la sangre. Investigaciones recientes también lo vinculan con padecimientos como la diabetes y problemas del sistema reproductivo.
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas — Texas Commission on Environmental Quality o TCEQ, por sus siglas en inglés — no le ha informado a los residentes sobre los riesgos de salud que enfrentan; y ha hecho muy poco para frenar a la compañía responsable, a pesar de saber que desde sus instalaciones K-Solv, una empresa dedicada a la distribución de químicos ubicada en el vecindario Jacintoport de Channelview, por años ha liberado grandes cantidades de benceno al aire. En cambio, la agencia estatal, con base en Austin, le ha permitido ampliar sus operaciones en cuatro ocasiones desde que detectó el problema en el 2005. Actualmente, K-Solv puede emitir legalmente casi 20 veces más la cantidad de compuestos orgánicos volátiles que emitían en ese entonces. El benceno es uno de los elementos de ese compuesto tóxico.
Public Health Watch tuvo acceso a documentos pertenecientes a la TCEQ que muestran que, en algunas de las primeras lecturas, sus emisiones eran el doble de lo que el estado de Texas consideraba seguro en ese entonces. Analizamos datos más recientes sobre la contaminación y constatamos que el problema de la emisión de benceno en Channelview solo ha empeorado con el transcurso de los años.
El benceno es un químico incoloro, de aroma dulce, que se encuentra en el petróleo crudo y productos derivados, incluyendo la gasolina, solventes, plásticos, pinturas, adhesivos y detergentes. Aunque se le ha vinculado a la leucemia desde finales de la década de 1920, su regulación no es uniforme debido a la incesante oposición de grupos industriales. Cuando el gobierno federal quiso mejorar las medidas de seguridad para los empleados expuestos al benceno, en 1978, el Instituto Americano del Petróleo se opuso fervientemente, llevó el litigio hasta la Suprema Corte de Justicia y retrasó efectivamente la creación de nuevas regulaciones por casi 10 años.
Imagen de Google Earth de las instalaciones de K-Solv, empresa distribuidora de productos químicos en el vecindario Jacintoport de Channelview. Barcazas con cargas de petroquímicos bordean las orillas del río Jacinto en el que generaciones de familias nadaron alguna vez. Crédito: Google Earth; Landsat/Copernicus; Data SIO; Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica; Marina de Guerra de EE. UU.; Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial; Carta Batimétrica General de los Océanos.
El estándar federal actual de benceno para trabajadores es el mismo, vigente desde 1987, a pesar de contar con un cúmulo de evidencias que muestra la falta de protección necesaria contra el cáncer. Aún no se cuentan con estatutos federales para la exposición ambiental al benceno —cantidad que respiran diariamente las personas que viven cerca de instalaciones industriales sin correr peligro—.
Al menos ocho estados, entre ellos Texas y California, han tratado de llenar el vacío legal mediante la creación de sus propios reglamentos para limitar las emisiones ambientales de benceno. No obstante, mientras California ha fortalecido sus reglas en el transcurso de los años, Texas ha ido en sentido contrario. Sus normas son mucho más débiles que cualquiera de los demás.
En la actualidad, la TCEQ considera que el público está protegido si el aire en el exterior de las instalaciones industriales mantienen una concentración de benceno de 180 partes por cada mil millones de partículas (ppmm) de aire en promedio por hora, lo cual es siete veces más alto de lo Texas permitía en 2005, cuando inicialmente se detectó el problema de benceno en Channelview. La cantidad que Texas permite ahora es 22 veces superior a los 8 ppmm establecidos en las normas de California.
Texas también ha debilitado su límite medio anual de exposición al benceno —una pauta numérica para proteger a los residentes del riesgo de desarrollar cáncer—. En 2007, la TCEQ elevó el límite anual de un promedio de 1 ppmm a 1.4 ppmm, lo cual representa un aumento del 40%. Eso es 14 veces superior a lo que California ha estipulado como seguro, y al menos 3.5 veces más de lo que permiten otros estados.
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A medida que la TCEQ debilitó sus normas y más industrias se mudaron a Jacintoport, el problema de benceno en la comunidad se intensificó. Un análisis de datos que realizó Public Health Watch, basándose en documentos de la agencia estatal, reflejó que entre 2019 y 2021, las lecturas anuales se elevaron hasta 2.1 ppmm, superando hasta un 50% sus debilitadas normas.
Tres científicas independientes que revisaron los hallazgos de Public Health Watch dicen que esas lecturas anuales son especialmente “perturbadoras”. Mientras las emisiones a corto plazo pueden causar problemas de salud inmediatos como vómitos y somnolencia, las lecturas altas a largo plazo que indican una exposición diaria y consistente pueden provocar cáncer y otras condiciones graves.
“Cualquier exposición a un cancerígeno incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Tenemos que limitar eso, y no sé por qué no se haría”, dice Loren Hopkins, catedrática de la Universidad de Rice y reconocida experta a nivel nacional en ciencias ambientales. “Ya tenemos bastantes carcinógenos en el aire. No tiene sentido para mí incrementar el umbral para el benceno”.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha creado una herramienta de medición para calcular el riesgo comunitario de cáncer por exposición a químicos tóxicos. Según sus cálculos, el riesgo de cáncer en el estado de Texas es 30 casos por cada millón, mientras que en el vecindario Jacintoport, en Channelview, donde opera K-Solv y otras industrias, el riesgo es más del doble: 60 por cada millón.
“Probablemente sea una subestimación”, dice Hopkins. “La herramienta de la EPA para evaluar tóxicos atmosféricos (National Air Toxics Assessment Tool) se basa en información de monitoreo más débil, de hace unos años. Ahora estamos viendo niveles mucho más altos de benceno en Jacintoport”.
Con base en los datos más actualizados que ha visto, Hopkins piensa que la cifra más realista para Jacintoport pudiera ser tan alta como 78 en un millón.
Los niños regresan a casa tras una jornada escolar en Channelview, Texas. Durante las últimas cuatro décadas, la zona que alguna vez fue rural se ha ido industrializando cada vez más. Barcazas cargadas con químicos tóxicos permanecen ancladas en el río San Jacinto, a menos de una milla de distancia. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
En declaraciones escritas a Public Health Watch, la TCEQ dijo que las “concentraciones de benceno medidas en Jacintoport desde 2005 han provocado acciones al interior de la agencia que incluyen la colocación de monitores estáticos de aire, la evaluación de datos de monitoreo e investigaciones de seguimiento de fuentes potenciales de contaminación”.
Según lo expresado en la declaración, los residentes de Jacintoport están bien protegidos, porque las normas estatales “están muy por debajo de las concentraciones que pudieran causar efectos en la salud”. Un documento en el sitio web de la TCEQ dice que las normas se basan en estudios científicos de las décadas de 1980 y 1990.
“(La) TCEQ sigue evaluando con cuidado los niveles de benceno en el monitor (de Jacintoport), a la vez que anima los esfuerzos para reducir el benceno en esa zona”, dijo un portavoz de la agencia en un correo electrónico.
La situación difícil de Jacintoport muestra lo que puede suceder cuando se antepone el crecimiento económico a la salud pública. Los científicos de la TCEQ documentaron niveles dañinos de contaminación en la comunidad y advirtieron sobre posibles consecuencias. Pero los líderes de la agencia, que rinden cuentas ante comisionados designados por el gobernador, no actuaron. En algunos casos, hasta empeoraron el problema. La salud financiera de las industrias químicas, de petróleo y de gas del estado fue más importante que la salud física de sus ciudadanos.
Esta filosofía de dar prioridad a los negocios está tan arraigada a la cultura de Texas que quienes viven allí están conscientes de los sacrificios que representa el trueque, aunque no los acepten.
El fiscal del condado de Harris, Christian Menefee, el principal abogado civil del condado, dijo estar “consternado, pero no sorprendido” por la inacción de la TCEQ en Channelview.
“Esto demuestra que el estado de Texas no supervisa significativamente a estas corporaciones”, a las que se les permite “operar desenfrenadamente en nuestras comunidades”, dice Menefee, quien ha utilizado la autoridad limitada del condado para sancionar a los contaminadores. “Si éstas desean contaminar el aire de una manera tan agresiva, capaz de causar enfermedades en la gente, se les permite. La agencia establecida por el estado para frenarlas falla, repetidamente, en cumplir su cometido”.
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Tim Doty es el científico que condujo el equipo de monitoreo de la TCEQ que documentó los altos niveles de benceno en Channelview en 2005 y 2006. Está jubilado, pero dedicó su carrera a la caza de emisiones de refinerías de petróleo y plantas químicas en todo el estado de Texas.
En cada viaje, los investigadores bajo su dirección permanecían una semana en el condado de Harris —sede del complejo petroquímico más grande del país— recopilando lecturas en el exterior de plantas industriales multimillonarias y entre lotes de tanques repletos de productos químicos. Pero fue K-Solv, que operaba en un territorio de cuatro acres, la que más les preocupó.
Doty dice que el equipo listó a los peores infractores al inicio de cada informe. En todos, K-Solv encabezó la lista u ocupó uno de los primeros lugares. En el primer viaje del equipo, K-Solv figuraba por encima de instalaciones mucho más grandes, como el complejo de casi 4.000 acres de la industria LyondellBasell en el norte de Channelview. Las instalaciones petroquímicas de esta empresa son unas de las más grandes en toda la costa del golfo de Texas.
Los informes mostraron que las mediciones de benceno por hora fuera de K-Solv constantemente excedían los parámetros vigentes de la TCEQ en esa época. En una misión, los científicos registraron una muestra de 180 ppmm. Doty dice que nunca había visto niveles tan altos de benceno en una zona residencial.
Doty recuerda haber hablado con un hombre que vivía justo en frente de K-Solv. El vecino le dijo que nubes de químicos entraban flotando al interior de su casa cada noche.
“La primera vez que hablamos, pareció sorprendido de verme. Se había hecho de la idea que a nadie le importaba lo que pasaba en Channelview”, dice Doty. “No sé qué le sucedería, pero todavía pienso en él hasta el día de hoy”.
Tim Doty, un antiguo experto en monitoreo del aire de la TCEQ, en la orilla industrial del parque River Terrace en Channelview, Texas. Doty documentó altos niveles de benceno en el vecindario Jacintoport hace casi 20 años y aún se preocupa por las personas que viven allí. “No quieres que tu familia esté expuesta crónicamente al benceno todos los días, todas las semanas y todos los meses. Yo no quisiera tener a mi familia allí, pero no todas las personas cuentan con los medios económicos para tener la opción de irse de un lugar como Jacintoport”. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
Public Health Watch revisó casi dos docenas de cajas llenas de miles documentos de la TCEQ, obtenidos mediante solicitudes de registros públicos, para revisar memorandos de toxicología y los informes presentados por el equipo de Doty. Contactamos a 13 de los 15 funcionarios de la TCEQ cuyos nombres aparecen en esos documentos. De ellos, solo Doty y el antiguo director ejecutivo, Glenn Shankle —quien ahora es propietario de una compañía de consultoría ambiental— aceptaron ser entrevistados. La TCEQ denegó las solicitudes de Public Health Watch para hablar con la directora interina Kelly Keel u otros funcionarios de la agencia.
Desde julio, Public Health Watch intentó comunicarse con K-Solv por teléfono, por correo electrónico y en persona —en sus oficinas en Jacintoport—. No recibimos respuesta sino hasta noviembre de 2023, cuando el director legal de la compañía, Todd Riddle, respondió mediante un correo electrónico en el que calificó la investigación de Public Health Watch como “un intento para señalar al Grupo K-Solv específicamente”. Riddle señaló a otras empresas y a barcazas en las cercanías como “fuentes de emisiones de benceno en el área de Channelview”.
El Grupo K-Solv es una compañía privada de distribución de productos químicos y servicios marítimos. Inauguró sus instalaciones en 2004, y ahora ocupa aproximadamente 8 acres a orillas del río San Jacinto en Channelview.
En una entrevista de 34 minutos, y en correos subsiguientes, Riddle se negó a comentar sobre las altas emisiones de benceno que la TCEQ había registrado al exterior de K-Solv porque dijo no haber visto ni los informes toxicológicos ni los del viaje de monitoreo. Public Health Watch obtuvo esos documentos a través de una solicitud de registros públicos.
“Gastamos cientos de miles de dólares al año no solo para limitar y prevenir emisiones nocivas de cualquier sustancia, sino también para proveer las instalaciones más saludables posibles a nuestra fuerza laboral, a nuestros vecinos y comunidad”, dijo Riddle por escrito.
Decoraciones navideñas se exhiben detrás de un cerco protegido con alambre de púas en la oficina de la empresa K-Solv, en el vecindario Jacintoport de Channelview. A pocos metros de distancia una fila de tanques contiene químicos volátiles. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
Decenas de residentes actuales y pasados hablaron con Public Health Watch sobre la transformación de Channelview, que pasó de un enclave rural a un centro industrial; y de ser una comunidad mayormente anglosajona a una mayoritariamente hispana. Muchos hablaron de la pérdida de vecinos y familiares a causa del cáncer, y de haber visto a otros luchar contra el asma y otras enfermedades respiratorias. Algunos de ellos estaban lidiando con sus propios problemas de salud.
Pocos hablaron con la misma pasión que los sobrevivientes de la familia López, que vivió frente a K-Solv por casi 20 años antes de vender su propiedad.
Joe López murió en el 2004 a consecuencia de insuficiencia renal provocada por la diabetes a sus 65 años. Su esposa, Dora, superó un cáncer de tiroides pero no pudo respirar sin la ayuda de un respirador los últimos años de su vida. Joel López, el mayor de tres hijos, la cuidó hasta que ella falleció en el 2017. A él le diagnosticaron mielodisplasia (un tipo de cáncer de sangre que puede convertirse en leucemia) y sufre de complicaciones por diabetes.
Randy López, el segundo hijo, se fue de Channelview cuando era un adolescente y actualmente goza de buena salud. “Traté de persuadir a mi madre de que vendiera todo y se mudara a otro lado”, dice. “Es como si un cáncer estuviera incrustado en el corazón de Channelview. Es demasiado deprimente”.
Joel (a la izquierda) y Randy López en la casa de Joel en Houston, Texas. Los hermanos crecieron cazando y montando a caballo en Jacintoport, pero eso fue antes de que la industria petroquímica plagara la zona, y antes de que K-Solv abriera sus puertas directamente frente a la casa familiar. Joel está siendo tratado por mielodisplasia, un cáncer de sangre que puede convertirse en leucemia. “¿Cómo puedes simplemente… hacerte de la vista gorda ante todo esto?”, pregunta Randy, refiriéndose a los funcionarios de la TCEQ que desde hace años han sabido del problema de benceno en la zona. “Me gustaría entender por qué. ¿En qué estaban pensando?”. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
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El benceno ha sido parte integral de la economía de Texas desde el año 1901, cuando excavadores de pozos encontraron “oro negro” en Spindletop, al sureste de Texas. El auge petrolero transformó a Texas en un estado agrario a uno de influencia nacional con ciudades efervescentes. También dio origen al surgimiento de magnates petroleros cuya riqueza e intereses políticos de orientación conservadora impactaron la vida del país y popularizaron la cultura texana en películas y programas de televisión.
El condado de Harris, donde se ubica Channelview, fue el principal beneficiario de esta evolución. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el condado —que comprende la ciudad de Houston— se había convertido en un centro de transporte marítimo internacional y en eje de las industrias del petróleo y el gas en Estados Unidos. El año pasado, 11 multimillonarios de Houston figuraron en la “Lista de los 400 estadounidenses más ricos” de la revista Forbes. A excepción de tres, todos están involucrados en la industria petrolera.
Conforme ha crecido la demanda mundial de plásticos, Texas también se ha convertido en una base para la industria petroquímica, que utiliza benceno en sus procesos de producción. Según Oil and Gas Watch — una organización sin fines de lucro que rastrea las industrias de petróleo, gas, y petroquímicas— desde el 2016 ocho instalaciones petroquímicas han comenzado a operar en el estado y otras 30 se han expandido, incluyendo 11 en el condado de Harris.
Channelview, situado a 15 millas al este del centro de Houston, ha sido la principal zona para la expansión industrial. Hasta la década del 1980, era un sitio de escape rural donde las personas montaban a caballo y cazaban en campos arbolados. Sus roces más cercanos con la fama tenían que ver con la posibilidad de vislumbrar desde allí el campo de batalla donde Texas ganó su independencia de México; y con la propiedad de Lorenzo de Zavala, el primer vicepresidente de la otrora República de Texas.
Para cuando el equipo de Doty estacionó sus camionetas de monitoreo afuera de K-Solv por primera vez el 4 de junio del 2005, la casa de troncos de Zavala había sido devastada, y complejos industriales habían reemplazado las praderas boscosas. El vecindario Jacintoport, que una vez albergó residencias de médicos a orillas del río y se adornó con flores de azalea de sus campos, fue asediado por compañías petroquímicas luchando por adquirir propiedades frente al agua, cercanas al Canal de Navegación de Houston, arteria principal del Puerto de Houston. Barcazas repletas de químicos se alinearon en las orillas del río San Jacinto en cuyas aguas antes habían nadado generaciones de familias.
La población de Channelview estaba cambiando también.
Al instalarse un complejo industrial tras otro, la población, una vez predominantemente anglosajona, comenzó a reducirse. Hoy en día más del 70% de la población se identifica como hispana. La tasa de pobreza pasó del 15% en el 2005 a casi 21%. Casi un cuarto de la población carece de seguro médico.
Alison Cohen, catedrática auxiliar de Epidemiología en la Universidad de California en San Francisco, estudia la contaminación ambiental en comunidades alrededor del mundo. Ella dice que este tipo de cambio poblacional es común cuando un gran número de industrias se trasladan a zonas residenciales. Las personas que tienen la capacidad económica de mudarse lo hacen. Quienes permanecen tienden a ser más pobres y poseen menos poder político.
“Las comunidades que soportan una carga desproporcionadamente elevada de contaminación ambiental tienden también a tener menos acceso a atención médica de calidad al alcance del bolsillo”, dice Cohen. “Estar expuestos a niveles más altos de contaminación ambiental puede repercutir en la salud, es particularmente importante que los residentes de comunidades como Channelview tengan, como mínimo, igualdad de acceso a ese tipo de cuidados”.
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Cuando el equipo de Tim Doty comenzó a trabajar en Channelview en el 2005, la TCEQ era objeto de críticas por parte de ambientalistas enfocados en mantener el aire puro; y de Bill White, quien fungía como alcalde de Houston en ese entonces. White cuestionaba el compromiso de la agencia por su tarea de controlar la contaminación industrial en la ciudad y sus alrededores. El estado necesitaba cuidar su imagen, por lo que el entonces director ejecutivo de la TCEQ, Glenn Shankle, le pidió a Doty y a su gente movilizarse a Houston de inmediato. Sus instrucciones eran claras: rastrear los niveles extremos de benceno en el área.
“Utilizamos (métodos) de monitoreo móvil en los que llamábamos puntos calientes”, le dijo Shankle a Public Health Watch. “Les puedo decir que tomé la delantera en Houston, a razón de todos sus problemas”.
El equipo visitó 26 instalaciones en el condado de Harris, pero rápidamente se enfocó en K-Solv.
La instalación, a menos de 200 pies de la residencia de la familia López y las casas de otros vecinos, era un frenesí de actividad. En la parte posterior, barcazas estaban atracadas a la espera de que los productos —muchos de ellos volátiles— fueran desembarcados. Las mangueras para trasladar sustancias químicas parecían serpientes haciéndose camino hacia los tanques de almacenamiento metálicos o hacia furgones listos para retumbar por las que habían sido las calles tranquilas de Jacintoport. En un cobertizo de metal en el límite norte del complejo, se almacenaban barriles de químicos.
Según constata un informe del viaje, en el transcurso de esa primera investigación, el equipo científico bajo el liderazgo de Doty completó aproximadamente 80 horas de monitoreo del aire cerca de las casas localizadas en el trayecto del viento. Utilizaron recipientes cilíndricos para atrapar muestras de aire, que luego eran analizadas en camionetas equipadas con pequeños hornos para quemar productos químicos.
Detectaron más de una docena de sustancias químicas, entre ellas el benceno, el motivo de su misión.
“No se trata únicamente de que no hay un nivel seguro de exposición al benceno”, dice Cohen, epidemióloga de la Universidad de California en el campus de San Francisco. “Se trata de que la exposición acumulada, con el tiempo, puede incrementar el riesgo de problemas de salud tanto en niños como en adultos”.
Doty estaba acostumbrado a medir niveles altos de benceno al exterior de refinerías, pero aún así, quedó impactado por lo que encontró en la dirección del viento partiendo de K-Solv.
En una ocasión, el equipo de monitoreo registró un promedio de 23 ppmm de benceno en 18 horas, lo que Doty describió como “mucho más revelador que una lectura de una hora”, y añadió, que “nunca querría que mi familia estuviera expuesta a esos niveles de benceno”.
Los científicos también encontraron altos niveles de propileno y butano, compuestos utilizados en la fabricación de plásticos que pueden causar afecciones diversas, desde dificultades para respirar hasta daño del hígado. En concentraciones extremadamente altas, pueden provocar desmayos e incluso la muerte por asfixia.
Las pruebas del equipo revelaron que los residentes de Channelview estaban respirando un cóctel de sustancias químicas.
Algunos compuestos, como el benceno, cuyo olor dulce muchas veces es imperceptible, no eran causa de mucha alarma en la comunidad. Otras sustancias, con olores más marcados, eran más difíciles de ignorar.
“Las consecuencias para la salud de la exposición a mezclas de sustancias químicas pueden ser complejas”, dice Cohen. “La evidencia sugiere que, como mínimo, los riesgos para la salud relacionados a exposiciones combinadas representan un mayor riesgo para la salud”.
El parque River Terrace se encuentra a poco más de una milla de K-Solv. El popular parque está todavía más cerca de las barcazas que transportan contenidos químicos y de las grúas industriales a lo largo del río San Jacinto. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
El informe del equipo de monitoreo fue enviado a Michael Honeycutt, quien dirigió la división de toxicología de la TCEQ durante 20 años. Los toxicólogos entonces evaluaron las lecturas del monitor, las compararon con los parámetros establecidos para los permisos emitidos por el estado a fin de limitar las emisiones que emanan de instalaciones industriales. De acuerdo al sitio web de la TCEQ, estos parámetros (llamados niveles de detección de efectos) se crearon para “proteger la salud y el bienestar de los humanos”.
Ocho de las muestras de una hora recopiladas por el equipo en esa misión excedieron las 25 partes por mil millones o ppmm, que era el límite establecido en esa época. La lectura más alta fue el doble.
En respuesta al reporte de Doty, Valerie Meyers, la toxicóloga principal, escribió un memorando dirigido a los altos funcionarios de la agencia, cuya responsabilidad era otorgar los permisos y hacerlos valer. En él, señalaba que los “niveles persistentemente elevados de benceno pueden contribuir a problemas de salud a largo plazo”. En una parte del memorando que tituló: “En la dirección del viento de K-Solv”, Meyers recomendó la instalación de un monitor estático a largo plazo en Jacintoport para ayudarle a la TCEQ a “caracterizar plenamente la exposición crónica y los riesgos”.
El reporte del equipo también provocó que la TCEQ abriera una investigación en el sitio de las operaciones de K-Solv en febrero del 2006. Mediante la investigación se descubrió que la compañía estaba aliviando la presión dentro de sus tanques de productos químicos expulsando, rutinariamente, emisiones directas al aire, como si fueran “eructos”, en vez de ventilarlos por medios adecuados de control de contaminantes. Se le impuso una multa de $4.320 a K-Solv y se le ordenó instalar nuevas válvulas de alivio de presión en sus tanques.
El equipo de monitoreo móvil visitó el condado de Harris en tres ocasiones más entre diciembre del 2005 y diciembre del 2006. Doty dice que medir las emisiones de K-Solv fue una prioridad durante cada uno de esos viajes.
Ningún viaje fue más revelador que el de abril del 2006.
En un momento dado, los científicos midieron, en un promedio por hora, una concentración de benceno de 180 ppmm, es decir, siete veces más que el límite de 25 ppmm vigente en esos años. Y las lecturas de otras mediciones por hora fueron casi tan altas: 170 ppmm, 130 ppmm, y 110 ppmm.
El equipo midió los niveles de otras sustancias químicas que también alcanzaron registros altos, entre ellas el éter metil tert-butílico y el 1-penteno, aditivos de la gasolina de olores desagradables y fuertes que pueden quemar los ojos y la garganta, y provocar sibilancias y mareos.
Doty había observado niveles de benceno igualmente elevados fuera de refinerías de petróleo y grandes plantas químicas, pero esas instalaciones estaban usualmente lejos de zonas pobladas.
“Es otro nivel por completo encontrar constantes concentraciones elevadas como esas en una zona residencial”, dice. “Quiero decir, estábamos literalmente al otro lado de la calle de viviendas habitacionales. Eso es otra cosa completamente”.
En diciembre de 2006, Meyers redactó y envió otro memorando interno. Nuevamente señaló los niveles elevados de benceno y destacó la zona en la dirección del viento desde K-Solv.
“Hay cierta preocupación por las mediciones", escribió, “debido a la cercanía del vecindario y el hecho de que el benceno es un carcinógeno conocido”.
Una hilera de casas prefabricadas en Channelview, Texas. Desde 2005, la tasa de pobreza de la zona ha aumentado un 6% y casi una cuarta parte de la población no tiene seguro de salud. La comunidad, alguna vez predominantemente anglosajona, ahora es hispana en su mayoría. Alison Cohen, catedrática auxiliar de Epidemiología en la Universidad de California en San Francisco, dice que este tipo de cambio poblacional es común cuando las industrias se trasladan a las áreas residenciales. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
Meyers reiteró la recomendación que había hecho ocho meses antes: instalar un monitor estático a largo plazo cerca de K-Solv era la mejor manera de evaluar el “potencial riesgo a la salud humana” que representaban las emisiones para los vecinos.
No se sancionó a K-Solv por ninguna infracción. Los líderes de la TCEQ que recibieron el memorando, entre ellos Richard Hyde, director de la división de permisos relacionados al aire, y John Sadlier, entonces director de la división responsable de hacer cumplir la ley, retuvieron la postura de la agencia de esperar y ver qué sucedía.
Meyers, quien ahora trabaja en la NASA y usa el apellido Ryder, se negó a hablar con Public Health Watch sobre sus acciones en relación a las emisiones de benceno de K-Solv.
Hyde, quien llegó a ser el director ejecutivo de la TCEQ y ocupó el cargo desde el 2014 hasta el 2018, ahora trabaja como cabildero para la industria petroquímica. No respondió a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos de Public Health Watch. Sadlier trabajó como consultor de la corporación Exxon Mobil al salir de la TCEQ y tampoco respondió.
Para finales del 2006, el monitor que Meyers había recomendado se había instalado en un espacio a cinco cuadras de las instalaciones de K-Solv, donde era posible que capturara las emisiones en la dirección del viento. El bote de metal capturaría muestras de aire de 24 horas y tendría que recogerse manualmente y llevarse al laboratorio de la TCEQ para análisis del contenido.
No era el cromatógrafo de gas automático para monitorear el aire que Doty hubiera deseado (un instrumento moderno capaz de registrar las lecturas directamente en la base de datos de la agencia). Aún así, Doty lo consideró un progreso. Estaba convencido de que su grupo de científicos — galardonado como el “Equipo del Año 2005” — había logrado llevar a los habitantes de Channelview un paso más cerca a su seguridad, y a K-Solv un paso más cerca a la rendición de cuentas.
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Pocas personas en Channelview, si acaso hubo alguna, supieron de la alarma que despertaron los investigadores de la TCEQ sobre los altos niveles de benceno afuera de K-Solv. Esa información, enterrada entre informes y memorandos en las oficinas de la agencia, no había sido compartida con el público.
Sin embargo, la tarde del 19 de abril del 2007, K-Solv captó la atención de prácticamente todos. Un camión cisterna se prendió en fuego dentro de sus instalaciones mientras lo llenaban de xileno, un líquido altamente volátil que se encuentra en diluyentes de pintura y en revestimientos. Una columna de humo se levantó al cielo y cenizas cubrieron de hollín las casas y vehículos. Los camiones de bomberos pasaban a toda velocidad por las calles estrechas de la comunidad. Un empleado de K-Solv fue trasladado de emergencia al hospital con quemaduras de tercer grado.
Joel López, el hijo mayor de la familia que vivía en frente de K-Solv, estaba en su trabajo cuando recibió la llamada desesperada de su madre.
“Mi mamá estaba asustada. Fue (un acontecimiento) muy, muy, feo”, dice. “Ella tuvo que evacuar la zona debido a los vapores tóxicos”.
El incendio duró aproximadamente una hora, pero según un informe de la TCEQ, las sustancias químicas penetraron en la comunidad por otras 26 horas. El informe detalla que el accidente emitió 3.000 libras de xileno, que puede causar dolores de cabeza e irritar los ojos, la naríz y la garganta; más 240 libras de monóxido de carbono, que puede causar fatiga y confusión.
“En este instante, nuestra mayor preocupación es la seguridad de nuestros empleados”, dijo el propietario de K-Solv, Russell Allen a los periodistas tras el incendio. “Todo ha sido contenido y no entró ningún contaminante al río”, añadió.
La TCEQ citó a K-Solv por dos infracciones relacionadas con el incendio y les pidió que arreglaran los problemas. Pero la agencia no multó ni sancionó a K-Solv por el incendio.
La agencia, de hecho, rara vez multa a las compañías que violan las leyes sobre la contaminación del aire. Según un informe elaborado por las organizaciones ambientalistas sin fines de lucro, Environment Texas y Environmental Integrity Project, los contaminadores en el estado fueron multados por menos del 3% de alrededor de 25.000 emisiones ilegales entre los años 2011 y 2016. Un vocero de la agencia la TCEQ cuestionó esas cifras, diciéndole a Public Health Watch el año pasado que “la tasa de hacer cumplir la ley en casos de emisiones reportadas supera el 10%”. Cuando se le preguntó si esa cifra es válida aún, la comisión no respondió.
Tim Doty utiliza una cámara infrarroja para observar las emisiones de la planta de K-Solv, en Jacintoport, el 28 de agosto del 2023. El antiguo experto en monitoreo del aire de la TCEQ dice que el sitio para la distribución de productos químicos ha crecido significativamente desde que documentó altos niveles de benceno y otros contaminantes ahí por primera vez, en el 2005. “Si yo fuera un funcionario de la TCEQ estaría tratando de ver qué es lo que está pasando”, dice Doty, mientras mira el humo saliendo de los tanques de K-Solv. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
En vez de penalizar a los infractores con multas, la TCEQ usualmente les anima a hacer arreglos voluntarios o les permite valerse de la regla estatal conocida como “defensa afirmativa”. Esta norma permite a los contaminadores evadir ser penalizados si presentan un informe escrito, describiendo un incidente como “inevitable” y “fuera de control” de la empresa.
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Cinco meses después del incendio, los resultados del cuarto viaje de Doty a Channelview circularon entre el liderazgo de la TCEQ. Una vez más, su equipo había revisado y documentado los niveles de benceno cerca de K-Solv y constató que los niveles de benceno cerca de las instalaciones de la empresa, dedicada a la distribución de productos químicos, excedían los límites del estado. En una hora registraron una lectura de 52 ppmm, más del doble de lo que Texas consideraba aceptable en ese 2007.
Los científicos también informaron que las lecturas de otras dos sustancias químicas en el aire de K-Solv excedieron las normas estatales. El estireno, un compuesto usado en el látex, puede provocar la sensación de embriaguez y la alteración de los colores en la vista. La metiletilcetona (llamada también butanona), un solvente que se encuentra en lacas y barnices, puede provocar mareos y vómitos.
En septiembre del 2007, el departamento de toxicología de la TCEQ respondió con un memorando interno dirigido a Matt Baker, el nuevo director de la oficina responsable de hacer cumplir la ley, así como a otros funcionarios de la agencia.
No se espera que las emisiones que encontró el equipo “causen efectos en la salud a corto plazo”, decía el memorando en la sección titulada “Área del vecindario Jacintoport”. En otra sección, que había titulado, “En la dirección del viento de K-Solv”, agregó que el monitoreo a largo plazo de las lecturas obtenidas con el bote metálico, que se había instalado un año antes, le ayudaría a la agencia a “evaluar más ampliamente los niveles de benceno a largo plazo y el potencial riesgo a la salud humana”.
Dos semanas después del envío del memorando, la TCEQ hizo lo que la agencia describe como “un reconocimiento del aire de rutina” en Jacintoport — el tipo de monitoreo que se acostumbra hacer para verificar la presencia de emisiones químicas obvias en zonas industriales —. El proceso es rápido y económico. Los investigadores típicamente recorren las calles circundantes a las plantas industriales, utilizando cámaras infrarrojas para detectar emisiones visibles y el propio sentido del olfato para detectar olores.
Una fila de tanques se alza imponente sobre un edificio de oficinas de la compañía K-Solv. Desde 2005, dos grandes incendios se han producido en la instalación y la TCEQ ha documentado altos niveles de benceno en la dirección del viento. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
El informe presentado por los dos investigadores enviados a Jacintoport decía que ambos percibieron un olor en el exterior de K-Solv. Según explicaron en su informe, algunos trabajadores de la empresa los vieron y enseguida el olor desapareció. Los investigadores dijeron que al ocultar su presencia, el olor reapareció inmediatamente.
Los inspectores volvieron a Channelview al cabo de unos días y redactaron otro informe en el que decían que la misma experiencia había vuelto a suceder. En ambos informes dijeron que el olor a químicos era tan fuerte que se retiraron del lugar con dolores de cabeza.
Ninguno de los incidentes fue catalogado como una violación a las reglas de la TCEQ y no se tomó ninguna medida correctiva ni coercitiva.
El abogado de K-Solv, Todd Riddle, se negó a responder a preguntas acerca de estos incidentes porque dijo que no había visto los informes, pese a que están disponibles al público. En cambio, preguntó si Public Health Watch tenía en su poder “más información o documentos recientes de esa conducta”.
Fue alrededor de esta época cuando Texas tomó la inusual medida de debilitar los límites permitidos para el benceno y otros seis productos químicos tóxicos. El cambio fue el resultado de una campaña de años encabezada por el principal toxicólogo de la misma la TCEQ, Michael Honeycutt, quien se dio a conocer por oponerse fuertemente a la regulación.
El límite por hora se incrementó a 53 ppmm, más del doble de lo que la agencia decía que era permisible en el 2005. El nuevo límite era casi siete veces mayor de lo que California considera seguro. Texas también incrementó el límite anual, de 1 ppmm a 1.4 ppmm. Ese parámetro es tres veces más débil que el límite de Maine, cuya pauta anual es la segunda más permisiva del país.
Loren Hopkins, Alison Cohen, y Cloelle Danforth, las tres científicas que analizaron los datos de Channelview — recopilados por la TCEQ — para Public Health Watch, dicen que es sumamente raro que las agencias reguladoras estadounidenses relajen sus límites de exposición a sustancias químicas tóxicas.
Cuando Danforth era la principal científica del Fondo de Defensa Ambiental, ella y Hopkins escribieron un artículo en el que trazaron planes para responder a altos niveles de benceno en el ambiente en caso de desastres químicos. El artículo, publicado este año en la revista de revisión por pares “Environmental Toxicology and Chemistry”, hace hincapié en la necesidad de reglas más estrictas y precisas para el control del benceno en Texas.
Loren Hopkins, catedrática de la Universidad de Rice y reconocida experta a nivel nacional en ciencias ambientales, dice que los niveles de benceno en Channelview son superiores a los de cualquier otro lugar en Houston y sus alrededores. “Hay una preocupación real”, dice. “La gente vive justo ahí”. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
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El departamento de toxicología de Honeycutt pronto dio un paso aún más drástico para debilitar las normas de regulación de benceno en Texas.
En lugar de usar los parámetros de los permisos para evaluar los riesgos en la salud de los residentes, en octubre del 2007 fijó una nueva norma por hora para que la usaran los toxicólogos como referencia. La oficina la denominó, “Valor comparativo para el monitoreo ambiental”. El valor se elevó a 180 ppmm, tres veces superior al ya debilitado límite anterior de 53 ppmm.
El límite de 180 ppmm es “básicamente, una locura”, dice Eric Schaeffer, exdirector de la Oficina de Control Civil de la EPA y actual director ejecutivo del Proyecto de Integridad Ambiental. “Está allá, bien lejos. No sé de dónde sacaron eso, ni por qué sería particularmente creíble”.
A Schaeffer le preocupa que elevar el límite brinde una falsa sensación de seguridad a los residentes de Channelview y los de otras comunidades industriales en Texas.
“La pregunta no es si hubo una hora durante la cual los (niveles de benceno) llegaron a 180. La pregunta es si las personas estuvieron expuestas a niveles mucho más bajos durante períodos más largos”, dice Schaeffer, a quien le preocupa que la TCEQ pueda “salir y decir, es menos que 180 ppmm, entonces estamos bien. Pero no lo están”.
A los defensores del medio ambiente ya les parecía que Honeycutt era demasiado amistoso con la industria. Su decisión de menoscabar los límites permisibles solo reforzó esa opinión.
Jim Tarr, un ingeniero químico que trabajó para la agencia predecesora de la TCEQ en la década de 1970, le dijo a un reportero que la decisión de Honeycutt de debilitar las reglas de la agencia para otorgar permisos de operación fue “la acción más irresponsable que jamás haya escuchado en mi vida”.
Para Doty, el debilitamiento de las normas de benceno para (el beneficio de) contaminadores, fue como si se elevaran los límites de velocidad para los conductores de vehículos. A la luz de los hechos, consideró que el trabajo que realizaba su equipo en el campo era más importante que nunca.
Pero en el 2008, estalló el auge energético en Texas que tumbó al equipo de Doty. Un proceso conocido como fracturación hidráulica o “fracking” hizo que la extracción de depósitos profundos de petróleo y gas fuera económicamente factible. El proceso también liberaba benceno y otros compuestos naturales al aire y a fuentes de agua.
El fracturamiento hidráulico convirtió a una formación geológica de 5.000 millas cuadradas que se extendían al oeste y al sur de Dallas — llamada Barnett Shale — en uno de los campos de gas fósil más grandes del país en tierra firme. El “fracking” representaba también un salvavidas para las autoridades estatales, desesperadas por evitar fuertes presiones económicas, a consecuencia de la crisis que comenzó en el 2008 o Gran Recesión.
La crisis económica era un hecho y la TCEQ estaba en una etapa de recortes generales que reduciría su presupuesto un 30% durante los seis años siguientes. Tomar medidas drásticas contra las emisiones de benceno probablemente pondría en peligro a la gallina de los huevos de oro: la nueva fuente de ingresos del estado.
A medida que más instalaciones industriales se han ido trasladando a Channelview, y que los residentes han perdido la fe en la TCEQ, organizaciones sin fines de lucro como Air Alliance Houston han comenzado a instalar monitores de aire en las casas para rastrear la contaminación. Este monitor PurpleAir, ubicado en la casa de Carolyn Stone, brinda a los residentes información en tiempo real sobre las sustancias potencialmente dañinas que respiran. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
La tensión era palpable en la agencia. Su misión es proteger la salud pública, siempre y cuando ese objetivo sea “compatible con el desarrollo económico sostenible”.
Glenn Shankle, director ejecutivo de la TCEQ entre los años 2004 y 2008, dice que el personal de Rick Perry —el gobernador republicano de Texas desde el año 2000 hasta el 2015— lo llamaba por teléfono para cuestionar las decisiones regulatorias de la agencia.
Perry “se metía bastante en nuestros asuntos, lo diré de esa manera”, dice Shankle, quien dejó la agencia para trabajar con una compañía de desechos radiactivos. “Él no lo hacía personalmente; haría que un empleado llamara y dijera, ‘Entiendo que ustedes se disponen a tomar alguna medida. Pues bien, deberían de pensarlo mejor’”.
El equipo de Doty percibió el cambio en las prioridades de la agencia.
“Estábamos al acecho de los contaminadores y teniendo éxito en cazarlos, antes de que comenzara la fracturación hidráulica. Realmente fue una época dorada para el monitoreo”, dice Doty. “Pero todo empezó a cambiar a partir de ese momento. El cambio de estrategia del liderazgo de la TCEQ fue obvio: cuanto menos se nos permitiera rastrear emisiones, menos problemas tendríamos”.
Ni Perry ni las compañías con las que él está afiliado respondieron a llamadas, correos electrónicos ni mensajes por redes sociales por medio de los que Public Health Watch intentó abordarlo. La TCEQ, por su parte, se negó a comentar sobre las afirmaciones de Shankle o las de Doty.
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En diciembre de 2009, el equipo de Tim Doty fue enviado a investigar quejas sobre emisiones de benceno generadas en operaciones de fracturación en Fort Worth y sus alrededores. Fort Worth es la quinta ciudad más grande de Texas. Algunas de las operaciones se realizaban en colonias residenciales.
Doty dice que sus científicos siguieron los procedimientos que realizaban en todos sus viajes. Tomaron lecturas preliminares rápidas y luego usaron equipos más complejos para recolectar muestras de aire que después serían analizadas en el laboratorio de la agencia. Los datos se darían a conocer en los informes finales.
En vista de que hacía frío, Doty dice que el benceno en el aire sería menos activo y menos detectable, por lo que no le sorprendió que las lecturas preliminares apenas mostraron rastros mínimos de la sustancia. Estaba ansioso por ver los resultados más precisos del contenido en el recipiente.
Sin embargo —dice Doty—, gerentes de operaciones de campo le dijeron que no sería necesario realizar más análisis, incluyendo el envío de las muestras al laboratorio.
“Eso nunca había sucedido en la historia del equipo de monitoreo móvil”, dice Doty. “Tú no puedes simplemente seleccionar las muestras que quieres. Tienes que informar sobre todas”.
El 12 de enero del 2010, John Sadlier, subdirector de la oficina de hacer cumplir la ley, participó en una reunión del concejo municipal de Fort Worth, repleta de residentes y ambientalistas preocupados por preservar la calidad del aire.
“Todo lo que escucharán hoy serán buenas noticias”, les dijo Sadlier, quien prosiguió a asegurarles que el equipo móvil de la TCEQ no había encontrado evidencia de niveles peligrosos de benceno u otras sustancias cancerígenas durante la revisión de diciembre.
“Con base a este estudio, el aire es seguro”, les afirmó.
Un par de semanas después, se filtró la noticia de que las declaraciones de Sadlier se basaron en información incompleta. El principal auditor de la agencia comenzó una investigación de fraude y entrevistó a ocho funcionarios, entre ellos dos gerentes de la división de Apoyo a Operaciones de Campo, David Bower y Matt Baker.
El informe del auditor decía que mientras la información presentada en la reunión municipal era “técnicamente correcta”, podía “considerarse engañosa”; pero no encontró evidencia de que la gerencia supiera que esa información “podría ser engañosa cuando se le brindó a Sadlier”.
El informe también reveló que, luego de que el traspié de la agencia se hiciera público, la TCEQ realizó otros monitoreos en la zona metropolitana de Fort Worth, con el resultado de que, en efecto, los niveles de benceno excedían el límite anual de 1.4 ppmm.
Baker, quien ahora es miembro del concejo municipal del suburbio de Round Rock en Austin, no respondió a las llamadas ni a los correos electrónicos de Public Health Watch. La TCEQ no permitió que Bower, asistente especial en la oficina de cumplimiento de la agencia, respondiera a preguntas. En su lugar, envió la siguiente declaración:
“Afirmar que el señor Bower bloqueó los esfuerzos para enviar los resultados del monitoreo móvil al laboratorio de la agencia es falso. (La) TCEQ se esfuerza por brindar el mejor servicio al estado de Texas y cualquier afirmación que sugiera lo contrario es infundada”.
El congresista republicano Michael Burgess, originario de Dallas, le pidió al entonces fiscal general de Texas, Greg Abbott, que realizara una “investigación robusta” sobre la manera como la agencia manejó el asunto. Pero Abbott, correligionario del partido y actual gobernador de Texas, no abrió una investigación. Lo que sí hizo fue demandar a la EPA nueve veces en 2010 por “controlar ilegalmente el programa de aplicación de la ley ambiental de Texas”.
Hubo un tiempo en el que generaciones de familias en Channelview nadaban y pescaban en las aguas del río San Jacinto, pero ahora no se consideran seguras a causa de la alta contaminación generada por la actividad de las barcazas petroquímicas. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
Mientras tanto, la TCEQ ultimaba detalles para aprobar la solicitud de K-Solv de ampliar significativamente sus actividades en Channelview.
Los inspectores que revisaron la solicitud de ampliación recalcaron la proximidad de K-Solv a las residencias y el historial de olores que habían documentado fuera de las instalaciones. Advirtieron que la expansión podría convertirse en “otro factor contribuyente” a la exposición química de la comunidad.
No obstante, los administradores desestimaron sus preocupaciones y el permiso se concedió en febrero de 2010.
A K-Solv se le permitió legalmente incrementar sus emisiones de compuestos orgánicos volátiles por 299%, de 1.980 libras por año a 7.900 libras por año.
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Durante los siguientes dos años, el equipo de Doty se fue reduciendo gradualmente. A la par, se le despojó de su poder de rastrear a los contaminadores de manera proactiva, como lo había venido haciendo. Atrás quedaron las inspecciones a fondo, de varios días, en las afueras de complejos industriales. Ya solo harían “reconocimientos de rutina”, los cuales eran más rápidos y económicos. Las visitas fueron breves, como constatan cuatro informes de la TCEQ presentados entre marzo de 2011 y octubre de 2012.
El 16 de marzo de 2011, un investigador estuvo 7 minutos afuera de K-Solv.
El 12 de agosto de 2011, un investigador estuvo 10 minutos afuera de K-Solv.
El 13 de junio de 2012, dos investigadores estuvieron 15 minutos afuera de K-Solv.
El primero de octubre de 2012, un investigador estuvo 3 minutos afuera de K-Solv.
Los informes correspondientes decían que los inspectores no vieron ni olieron nada que fuera motivo de preocupación durante esas visitas.
Pero el problema de benceno en Jacintoport no se había esfumado.
Entre los años 2013 y 2014, los niveles anuales de benceno en la comunidad se mantuvieron en 1 ppmm, según las lecturas arrojadas por el recipiente de metal instalado en la dirección del viento de K-Solv. Cifras anuales tan altas hubieran sido motivo de alarma en California, cuyo límite es 0.1 ppmm, o en Minnesota, que lo fijó en 0.24 ppmm.
“El hecho que el estado de Texas desarrolló sus propios parámetros toxicológicos, ajenos a los del resto del país, es lo que realmente me frustra”, dice Loren Hopkins, la catedrática de la Universidad de Rice, al hacer comparaciones entre los parámetros de benceno de Texas y los establecidos por otros siete estados. “Bajo este sistema, el benceno tiene un factor de toxicidad aquí y otro completamente diferente cuando cruzas la frontera a otro estado. Eso no tiene sentido para mí. Y nunca lo tendrá”.
Michael Honeycutt, el toxicólogo detrás del esfuerzo para debilitar los parámetros de la TCEQ, había desarrollado una reputación por rechazar investigaciones científicas ampliamente aceptadas.
Un perro descansa en el vestíbulo de una casa ubicada aproximadamente a una milla de K-Solv en Jacintoport. Datos de la TCEQ muestran que el área ha estado expuesta a una combinación de sustancias químicas durante casi dos décadas. Científicas independientes consultadas por Public Health Watch expresaron preocupación por la salud a largo plazo de los residentes de la zona. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
En el 2011, Honeycutt dirigió una carta a los legisladores del Congreso de Estados Unidos para argüir que la EPA era demasiado estricta en sus esfuerzos para proteger a las personas del mercurio, una toxina que puede causar daño pulmonar y cerebral, y es especialmente peligrosa para los fetos humanos. “(La) EPA ignora que los japoneses comen 10 veces más pescado que los estadounidenses y que tienen niveles más altos en su sangre, pero menores tasas de enfermedad coronaria, y puntuaciones mayores en pruebas que miden el coeficiente intelectual”, escribió.
En el 2014, criticó los esfuerzos de la EPA para regular el ozono, un ingrediente inoloro e incoloro presente en el esmog, que exacerba el asma. “No he visto datos que digan que reducir el ozono vaya a producir un beneficio en la salud”, le dijo al medio. “De hecho, he visto datos que muestran que puede tener un beneficio negativo para la salud”.
Honeycutt se mantuvo firme en su aseveración un año después, advirtiendo que “la gente iba a morir” si entraban en vigor las normas de ozono propuestas por la EPA.
Honeycutt no respondió a llamadas ni a correos electrónicos de Public Health Watch.
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Para el 2016, Joel y Randy López habían logrado persuadir a su madre Dora, de 76 años, de abandonar Channelview para siempre. Necesitaba un respirador para dormir todas las noches y el flujo constante de químicos se le había vuelto insoportable. Joel, su cuidador principal, había hecho todo lo que podía para protegerla. Había pegado cinta adhesiva en ventanas y puertas para bloquear los vapores, pero aún así, los gases seguían entrando.
La propiedad frondosa, que recuerdan los hermanos de sus días de infancia, ya no existe. La vegetación, dice Randy, se fue marchitando al mismo ritmo que la contaminación empeoraba, dejando solo “una tierra árida” en la que nada podía crecer.
Joel explica que le vendieron la casa familiar a K-Solv para poder cubrir los crecientes costos de la atención médica de su madre. La compañía usó el terreno para construir un estacionamiento para sus empleados y una bodega de almacenamiento contiguo a su edificio de oficinas, como parte de otra expansión.
Para ese entonces, la TCEQ le modificó un permiso a K-Solv, en el que le permitía manejar más productos químicos y emitir —por hora— más compuestos orgánicos volátiles que nunca.
Un funcionario de la TCEQ que revisó el permiso dijo en un memorando interno que las proyecciones eran que K-Solv excedería el límite por hora de benceno —cambiado de 53 ppmm a 54 ppmm— unas 54 horas al año. Pero añadió que como esa predicción era en el “peor de los casos”, la agencia no “anticipaba que se dieran efectos adversos en la salud del público”.
El vecindario de Jacintoport en Channelview ha cambiado dramáticamente desde la década de 1980, cuando la industria comenzó a instalarse ahí. Como se puede ver en la línea de tiempo, árboles y fauna han desaparecido y el dragado ha alterado el río San Jacinto donde las familias solían bañarse. K-Solv, ubicado en la esquina inferior derecha de las imágenes, se ha expandido de 3.4 acres a 8.5 acres desde su apertura en el año 2004
La Agencia federal de Protección Ambiental de Estados Unidos multó a K-Solv dos veces en nueve meses: $51.000 en septiembre del 2015 por infracciones que incluyeron no ventilar adecuadamente el ácido acético que almacenaban, y $50.000 en junio del 2016 por no presentar, durante años, la documentación federal que detallara las cantidades de químicos peligrosos que guardaba en su propiedad.
La TCEQ, por su parte, solo había multado a K-Solv una única vez desde que la compañía comenzó a operar en el 2004. Le impuso una multa de $4.320 por el asunto de los “eructos” en el 2006.
Mientras tanto, más industrias siguieron instalándose en Jacintoport y las emisiones de benceno aumentaron.
Los datos del bote metálico que la TCEQ había instalado muestran que desde 2019 hasta inicios de 2021, las lecturas anuales de benceno se elevaron muy por encima del límite de 1.4 ppmm de la agencia. El 11 de febrero del 2021, el recipiente registró un nivel promedio anual de benceno de 2.1 ppmm durante los 12 meses anteriores. Eso es casi un 50% superior al límite anual de exposición al benceno de Texas y 20 veces más que el límite de California.
Varios días después de cuando se tomó esa lectura, la TCEQ reemplazó el bote con un cromatógrafo de gases automático, el instrumento más sofisticado que Doty había esperado ver, instalado hace 15 años.
Pero la mejoría vino con condiciones.
Mientras el antiguo medidor estaba en el centro del vecindario de Jacintoport, y en la dirección del viento de K-Solv, el nuevo monitor se instaló en las afueras de la comunidad, en dirección noroeste, lejos de las casas de la mayoría de los residentes —una ubicación con menos probabilidades de captar emisiones de K-Solv y las barcazas repletas de sustancias químicas a orillas del río—.
Un vocero de la TCEQ dijo que se cambió la ubicación del monitor porque el sitio anterior era demasiado pequeño para acomodar el nuevo equipo.
Las repercusiones de esa decisión llegaron en abril de 2021, cuando se desató otro incendio en K-Solv. Esta vez, las llamas se extendieron por su área de almacenamiento de productos químicos. El fuego ardió durante casi tres horas y —según un informe de la TCEQ—emitió más de 160.000 libras de compuestos orgánicos volátiles, entre ellas 1.200 libras de tolueno, que existe de forma natural en el petróleo y puede causar euforia, dilatar las pupilas y dañar los nervios, más 2.000 libras de xileno, que puede causar dolores de cabeza e irritaciones de los ojos, la nariz y la garganta.
El humo era tan denso que apareció en el radar Doppler. Se les ordenó a los bomberos retirarse del área y a los residentes que se refugiaran en casa.
Un gran incendio arde en las instalaciones de K-Solv en Jacintoport el 7 de abril del 2021. A pesar de liberar miles de libras de contaminantes en el aire, el incendio apenas generó un bip en el nuevo monitor de la TCEQ
Carolyn Stone y su esposo estaban fuera de casa, visitando a familiares cuando empezaron a recibir llamadas de varias personas por el incendio.
“Podíamos ver la columna de humo a millas de distancia, mientras nos apresurábamos a regresar”, dice Stone, quien vive a menos de una milla de K-Solv. “Nos preguntábamos: ¿podemos llegar a casa? ¿Tendremos una casa siquiera? ¿Nuestras mascotas estarán vivas?”.
Su casa no sufrió daños y sus mascotas estaban a salvo. Pero una capa de hollín cubría su patio y un residuo aceitoso cubría el barril en el que recolectaban agua lluvia.
El incendio no generó ni un pitido en el nuevo monitor de aire de la TCEQ.
En las 24 horas posteriores al incendio, el monitor solo mostró niveles bajos de xileno y tolueno. Su lectura más alta de benceno en una hora fue de 4.62 ppmm, lo que era apenas una fracción de las lecturas que el equipo de Doty documentó afuera de K-Solv en distintos viajes de monitoreo.
El día después del incendio, la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) inició una inspección de K-Solv. Encontró cinco violaciones, tres clasificadas como “graves”. La OSHA le impuso una multa de $28.671 a la empresa.
La TCEQ multó a K-Solv con $11.413 dólares por el incendio. Unos pocos meses después, la agencia abrió una investigación de ocho meses sobre las prácticas y procesos de la compañía. La investigación involucró a por lo menos 15 empleados y consistió de exámenes en el sitio e inspecciones en al menos 10 ocasiones.
El informe de 458 páginas que resultó de esa investigación decía que se estaban escapando compuestos orgánicos volátiles de dos tanques grandes. Se encontraron al menos 20 fugas más en otras partes del complejo. El informe también decía que K-Solv había almacenado sus reservas de benceno en una concentración doble de lo permitido; y que la cámara de combustión de vapor, diseñada para quemar emisiones tóxicas para limitar la contaminación del aire, no había tenido la temperatura necesaria para funcionar adecuadamente.
Los inspectores citaron a K-Solv por 14 infracciones, cinco de ellas clasificadas como “significativas”. K-Solv refutó los hallazgos de la TCEQ en un documento de 273 páginas que la compañía compartió con Public Health Watch. No aceptó ser responsable de cuatro de las violaciones y describió planes para arreglar otras cuatro. Las seis restantes no las reconoció.
Carolyn Stone en el patio trasero de su casa en Channelview, Texas. Ella lidera un grupo de vecinos cada vez más grande que lucha por construir una comunidad más segura por medio de la Coalición para la Salud y el Mejoramiento de Channelview. “Ellos”, dice Stone en referencia a las compañías, “quieren llenarnos de industrias y decirnos que no tenemos derechos. Eso es una bofetada en la cara”. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
Un residuo grasoso cubre un barril de recolección de lluvia afuera de la casa de Carolyn Stone. La foto fue tomada el 13 de abril de 2021, seis días después de que un incendio químico en las instalaciones de K-Solv liberara más de 160.000 libras de compuestos orgánicos volátiles. Foto cortesía de Carolyn Stone
La TCEQ no respondió a Public Health Watch cuando le preguntó cuándo se resolverá el caso. La agencia deberá decidir si la compañía debe ser sancionada por esas violaciones.
El nuevo monitor sigue funcionando en las afueras de Jacintoport. En el 2022, midió un promedio anual de benceno de solo 0,79 ppmm, según la TCEQ. Eso es aproximadamente dos tercios menos que la medición de 2,1 que registró el viejo bote de metal en el centro de Jacintoport en el 2020, el último año que funcionó.
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Los residentes de Channelview están tratando de organizarse para defender a su comunidad frente a más intrusiones de la industria. Es un proceso arduo. La zona no ha sido incorporada y no cuenta con un gobierno central que los respalde en la causa. Aparte, debido a que más del 60% de los vecinos hablan español, existe también una barrera idiomática.
En el 2019, Carolyn Stone formó la Coalición para la Salud y el Mejoramiento de Channelview. El grupo se reúne cada mes en la estación de bomberos de la localidad para ayudar a los residentes a entender los peligros ambientales con los que viven. A la vez, presiona a legisladores locales para que asuman el liderazgo necesario para proteger a la gente. A la agrupación le preocupa, de manera particular, el acelerado deterioro del río San Jacinto debido al movimiento de las barcazas petroquímicas, incluyendo las atendidas por K-Solv.
Stone dice que, por mucho tiempo, su comunidad se ha sentido abandonada por la TCEQ. Aún así, se sorprendió cuando Public Health Watch le informó que la agencia sabía de los altos niveles de benceno en Jacintoport desde hace años, y no se lo había comunicado a los residentes.
“Somos buenas personas. No somos basura”, dice Stone. “Las personas aquí son dignas de algún tipo de intervención”.
Cynthia Benson es parte del grupo. Es sobreviviente de cáncer —el cual ha vencido en tres ocasiones— y, desde hace décadas, vive en el parque para casas rodantes, propiedad de su familia que se ubica a un cuarto de milla de K-Solv.
“Tengo un sobrino tataranieto recién nacido. Me preocupa que crezca aquí”, dice Benson. “Me da miedo y me indigna. Todo se trata de las compañías y el dólar todopoderoso. A la gente que vive aquí le importa un carajo. ¿Cómo hago las paces con eso?”.
Cynthia Benson lucha por contener las lágrimas mientras observa las barcazas petroquímicas en el río San Jacinto. Benson, quien ha superado el cáncer tres veces y perdió a ambos padres a causa de la misma enfermedad, se pregunta si la familia que le resta tiene un futuro en Channelview. “Las compañías químicas llegaron y se han quedado con mucho. Nos quitaron nuestro aire limpio y nuestra agua”. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
Tim Doty se jubiló hace más de cinco años, pero todavía piensa en Channelview. En marzo de este año, testificó ante la legislatura de Texas en contra de un proyecto de ley que fracasó. Pero de haberse aprobado, hubiera castigado a los residentes por presentar más de tres reclamos ante la TCEQ en un solo año si estos no resultaban en acciones coercitivas.
Antes de tomar la palabra, Doty les entregó a los legisladores un memorando que decía en parte:
“Quizás esta iniciativa tenga como objetivo minimizar las quejas del vecindario Jacintoport en Houston, residencia también del benceno elevado —un conocido cancerígeno— en concentraciones que la TCEQ ha venido ignorando por años”.
K-Solv sigue expandiéndose. Su empresa matriz, K-Solv Group, cuenta actualmente con 20 filiales de distintos enfoques: desde equipo logístico de petróleo y gas hasta empresas de limpieza ambiental. Sus instalaciones originales ahora cuentan con 67 tanques de almacenamiento, casi el cuádruple de los que poseía en el 2005. Su permiso de impacto al aire, otorgado por la TCEQ, le permite emitir más de 39.000 libras de compuestos orgánicos volátiles, benceno incluido, cada año.
En abril de 2023, K-Solv abrió un nuevo negocio justo a la par de una fila de casas prefabricadas a unos 900 pies del parque River Terrace, muy frecuentado por las familias de Channelview para tener picnics y para que los niños disfruten de los columpios y demás diversiones en el área de juegos.
K-Solv Wash Services, el servicio de lavado de tanques cisternas que la compañía abrió en abril de 2023, puede emitir legalmente 3.500 libras de compuestos orgánicos volátiles al aire cada año. La instalación está ubicada junto a un grupo de casas prefabricadas y muy cerca del parque River Terrace, donde las familias de Channelview van de picnic y los niños disfrutan de una concurrida área de juegos. Foto de Mark Felix/Public Health Watch
K-Solv Wash Services lava camiones cisternas que transportan materiales químicos. El proceso de limpieza es sucio, ya que produce emisiones aéreas y aguas residuales tóxicas. De acuerdo al permiso de operaciones que le otorgó la TCEQ, K-Solv Wash Services puede legalmente emitir 3.500 libras de compuestos orgánicos volátiles al aire cada año. La cantidad es mayor que la que se le permitía a K-Solv cuando inició sus operaciones en el 2004.
Todd Riddle, el abogado de la empresa, le dijo a Public Health Watch que K-Solv Wash Services tenía “un sistema de recuperación de vapor de última generación” con dispositivos que “contienen cualquier emisión de cualquier tipo en el aire completamente”.
“Todas las sustancias nocivas se contienen, temporalmente, de forma adecuada en el sitio y después se descartan fuera de él, en conformidad con todas las regulaciones ambientales”, escribió en un correo electrónico.
Riddle dice que la compañía escogió la ubicación cercana al parque porque “estaba disponible y era conveniente y servía nuestro propósito”.
Public Health Watch le preguntó a la TCEQ si la agencia consideró la proximidad del parque y a las residencias cuando le aprobó el permiso de operación a K-Solv Wash Services. La agencia se negó a responder a más preguntas.
David Leffler es periodista de la plantilla de Public Health Watch y radica en Austin, Texas, donde cubre temas de contaminación química tóxica y otros problemas de salud ambiental. David ha sido finalista del premio Livingston de 2023 y sus reportajes han aparecido en The Washington Post, Grist, The Texas Tribune y Texas Monthly. @davidjleffler
Savanna Strott es periodista de la plantilla de Public Health Watch, vive en Las Vegas, Nevada, y cubre temas de salud ambiental. Savanna ha sido finalista del premio Livingston y sus reportajes han sido publicados en medios como The Nevada Independent, Grist, The Texas Observer y el Investigative Reporting Workshop. @SavannaStrott
Salina Arredondo es escritora, productora y podcaster radicada en San Diego, California, cubre temas de medio ambiente y salud pública. Salina obtuvo recientemente un título de posgrado en la Maestría en Periodismo de la Universidad de Columbia. @ArredondoSalina
Jana Cholakovska es reportera investigativa que cubre temas de medio ambiente, salud pública, derechos laborales y política. Ha colaborado con The Washington Post, Public Health Watch, The Investigative Reporting Workshop, Grist, The Guardian y VICE, entre otros. Jana perfeccionó sus habilidades en el Laboratorio de Reportajes Investigativos (Investigative Reporting Lab) en Macedonia del Norte, su país natal. @JCholakovska
Iris Amador es una periodista graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una maestría de la Escuela Medill de Periodismo.