Bajo Amenaza
Bajo amenazas, los periodistas latinoamericanos enfrentan una nueva era de riesgo
Nota del editor: La difícil situación de los periodistas en América Latina no pasa desapercibida por colegas en Estados Unidos. Algunos están alzando la voz, urgiendo rendición de cuentas y mayores protecciones para los periodistas. En México, por ejemplo, sigue creciendo la cifra de periodistas asesinados, y eso sin contar los desaparecidos. En este artículo de opinión, Gabriel Lerner, el exeditor de La Opinión en Los Ángeles, escribe: “En México, como en otros países latinoamericanos, la violencia parece imparable: un centenar de personas mueren por violencia cada día. Casi todos los crímenes quedan impunes. Y cada crimen que no se investiga es una invitación al próximo”. Lerner extiende su solidaridad con los reporteros y subraya la gravedad de la situación: “Cuando los periodistas y sus editores, por temor, dejan de informar a la comunidad, la situación es urgente (...) Si no obra un cambio en sus prioridades el país vecino será un desierto informático, donde el crimen y el desgobierno reinarán desde las tinieblas. Y no habrá nadie para desenmascararlos”.
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Más de un año antes de enterarse de que su iPhone estaba infectado con el spyware invasivo Pegasus, Carlos Dada, fundador del sitio de noticias salvadoreño El Faro, tuvo dos encuentros cercanos con drones que entraron a su apartamento por una ventana.
Lo mismo les sucedió a otros periodistas en El Salvador, incluyendo algunos de sus empleados, dijo Dada en una reciente entrevista con palabra, recordando los incidentes de a principios de 2020. Después de casi 30 años como periodista, Dada conoce las amenazas y el potencial de espionaje que viene con informar y escribir sobre gobiernos autocráticos que ven a la prensa con desconfianza y desdén.
Sin embargo, por desconcertantes que fueran los drones, solo presagiaron lo que Dada y otros periodistas salvadoreños pronto sabrían: la vigilancia bajo la que creían firmemente que estaban era mucho más amplia y siniestra de lo que jamás imaginaron.
Pegasus fue creado por la firma israelí de ciberinteligencia NSO Group. La empresa ha insistido en que vende su software exclusivamente a los gobiernos que acuerdan usarlo solo contra delincuentes, pero es una condición, sin embargo, que parece violarse de forma rutinaria. El software espía brinda a los usuarios un acceso anónimo y sin precedentes al teléfono de alguien: graba las actividades de un objetivo usando el micrófono sin el conocimiento del propietario, rastrea su ubicación y recopila sus correos electrónicos, mensajes de texto e historial de búsqueda.
En la década que ha existido el software espía, ha habido numerosas denuncias de gobiernos que lo utilizan indebidamente para atacar a disidentes y periodistas.
Pero lo que sucedió en El Salvador es un ejemplo particularmente inquietante de las crecientes amenazas contra la libertad de prensa en América Latina y las condiciones cada vez más tóxicas y peligrosas que enfrentan los periodistas en la región.
En El Salvador: “Este es un juego diferente”.
En el verano de 2021, los reporteros de El Faro sospecharon que la administración del presidente Nayib Bukele estaba escuchando sus llamadas porque el gobierno siempre parecía saber con anticipación lo que escribirían, dijo Dada. Utilizando la herramienta de detección Pegasus del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, confirmaron que sus teléfonos habían sido pirateados.
Ese septiembre, Dada y otros periodistas pidieron a dos grupos de seguridad cibernética un análisis más completo de sus teléfonos. Lo que encontraron fue que desde julio de 2020 hasta noviembre de 2021, el software espía Pegasus infectó los teléfonos de al menos 35 personas, 22 de ellas periodistas de El Faro, según una investigación publicada el mes pasado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto y el grupo digital sobre derechos humanos Access Now.
A un editor de El Faro le piratearon el teléfono con Pegasus 42 veces en un lapso de menos de 16 meses, descubrió la investigación de Citizen Lab y Access Now. La misma investigación encontró que el teléfono de Dada fue pirateado una docena de veces.
El spyware no deja rastro de quién estaba detrás de un “hackeo”. Sin embargo, la investigación encontró un cliente de Pegasus no identificado que operaba casi exclusivamente en El Salvador desde noviembre de 2019. Si bien la investigación no probó que el gobierno salvadoreño fuera el usuario, encontró: “El fuerte enfoque de las piraterías en un país específico sugiere que este es muy probable”.
El Grupo NSO y la oficina de prensa del presidente Bukele no respondieron a la solicitud de comentarios de palabra. El gobierno salvadoreño ha negado repetidamente que haya usado Pegasus o que tenga los recursos para usarlo.
Dada no se lo cree.
Cuando Citizen Lab y Access Now analizaron sus teléfonos, dijo que pudieron cruzar las fechas de los “hackeos” con la publicación de reportajes críticos del trabajo de Bukele. Una de esas notas de septiembre de 2020 describió un trato entre el gobierno y los líderes de la pandilla MS-13, quienes recibieron privilegios especiales en prisión a cambio de aceptar una reducción en homicidios y prometer apoyo electoral.
Semanas después del reportaje sobre MS-13, Bukele salió en la televisión nacional y atacó a la prensa durante casi dos horas, acusando a Dada en particular de lavado de dinero.
“Lo que realmente me sorprendería, lo que me parece imposible en este momento, es que haya alguien más que el gobierno salvadoreño que nos esté vigilando a través de Pegasus”, dijo Dada.
“Tienen todas mis fotos. Ellos conocen a mis seres queridos. Conocen a las personas que veo con frecuencia, las personas con las que a menudo estoy en contacto. Conocen mis fuentes. Lo saben todo”.
Reporteros de otras cinco organizaciones de medios en El Salvador también fueron atacados con piratería de Pegasus, junto con dos periodistas independientes y personas que trabajaban para grupos de derechos humanos, encontró la investigación.
“Este es un juego diferente”, dijo Dada. “No es que pudieran estar escuchando tus conversaciones. Es que ellos tienen todos los datos, te pueden geolocalizar”.
Dada dijo que sintió como si tuviera a alguien viviendo con él todo el tiempo que su teléfono estuviera comprometido, escuchando todas sus conversaciones, y siguiéndolo a todas partes.
“Tienen todas mis fotos. Ellos conocen a mis seres queridos. Conocen a las personas que veo con frecuencia, las personas con las que a menudo estoy en contacto”, dijo. “Conocen mis fuentes. Lo saben todo”.
La amenaza a la privacidad que plantea Pegasus es tan grande que uno de los fabricantes de teléfonos más grandes del mundo está llevando a NSO Group a corte para detener su uso. Apple demandó a la compañía israelí en noviembre de 2021 y envió a los empleados de El Faro una alerta diciendo que “los atacantes patrocinados por el estado pueden estar teniendo en el blanco a su iPhone”.
La demanda de Apple comienza llamando al Grupo NSO “piratas informáticos notorios: mercenarios amorales del siglo XXI que han creado una maquinaria de vigilancia cibernética altamente sofisticada que invita al abuso flagrante y rutinario”.
Por su parte, NSO Group ha tratado de resaltar las formas positivas en que se ha usado su producto, diciendo en un informe anual que Pegasus ha ayudado a los gobiernos a capturar criminales y frustrar "numerosos ataques terroristas importantes". Aún así, la empresa reconoció “el posible mal uso de nuestros productos contra personas y grupos que actúan para promover o proteger los derechos humanos de manera pacífica”, citando específicamente a los periodistas como posibles objetivos.
Los obstáculos que enfrentan los periodistas en El Salvador son muy conocidos para los reporteros de otros países de la región. En toda América Latina, los periodistas que se esfuerzan por hacer que los poderosos rindan cuentas lo hacen con un gran riesgo personal, tanto por parte de los funcionarios gubernamentales como de los miembros del crimen organizado que desean silenciarlos.
En México, los periodistas están hartos
Cuando se supo la noticia de Pegasus en El Salvador, los reporteros en México estaban atravesando por un trauma diferente. Por lo menos seis periodistas mexicanos fueron asesinados en los primeros dos meses del año, incluyendo cuatro en enero, algo sorprendente incluso en un país donde la cobertura periodística siempre ha sido peligrosa. El número de muertos ya es más de la mitad del total de nueve del año pasado, según cifras del Comité para la Protección de los Periodistas.
El primer periodista asesinado este año fue José Luis Gamboa Arenas, fundador y editor de Inforegio y La Noticia. Fue asesinado a puñaladas en Veracruz el 10 de enero.
Siete días después, el fotógrafo independiente Alfonso Margarito Martínez Esquivel fue asesinado a tiros en su casa en Tijuana.
Luego, María Guadalupe Lourdes Maldonado López, periodista televisiva independiente, recibió un disparo mortal en su automóvil en Tijuana el 23 de enero. Roberto Toledo Barrera, camarógrafo y editor de video en el Monitor Michoacán, se encontraba en una residencia para grabar una entrevista en la ciudad de Zitácuaro el 31 de enero cuando fue asesinado a balazos.
El quinto periodista, Heber López, director del sitio de noticias en línea Noticias Web, fue asesinado el 10 de febrero. La sexta periodista, fue la conductora de televisión y modelo Michelle Pérez Tadeo, conocida también como Michell Simon, quien fue hallada sin vida el 22 de febrero en las afueras de la Ciudad de México.
Para el cierre de esta edición, han habido nuevos reportes de un asesinato más. Jorge Camero, de El Informativo, un sitio local en Facebook localizado en el estado norte de Sonora, México, fue matado a tiros afuera de un gimnasio.
Los únicos arrestos se han producido en el caso de Maldonado, quien hace tres años durante una conferencia de prensa le había dicho al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no se sentía segura informando en su país.
A principios de este mes, López Obrador anunció el arresto de los sospechosos de la muerte de Maldonado. “Estamos trabajando, no se echan al olvido, estamos actuando en todos los casos”, dijo durante una rueda de prensa.
Desde 1992, 142 periodistas han sido asesinados en México, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
“Nos impactó muchísimo'', dijo Jorge Carrasco, editor de la revista de investigación Proceso, sobre la reciente ola de homicidios. Carrasco agregó que había esperanza para el cambio después de que el país hiciera la transición del gobierno de siete décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000.
Pero desde entonces solo ha empeorado para los periodistas, dijo Carrasco, quien tiene décadas de experiencia en varias publicaciones mexicanas. "Hay mucho cansancio, mucho hartazgo de los periodistas que no vemos ninguna voluntad de ningún gobierno en esta transición política, no hemos visto ningún compromiso de los gobiernos por detener este problema”, dijo en una entrevista.
Carrasco dijo que los periodistas están bajo mucha presión trabajando bajo la administración actual.
"La clase política mexicana nunca ha entendido la función de la prensa, cuál es el papel que jugamos los periodistas en una sociedad".
"El presidente ha tomado la prensa como un enemigo y entonces se dedica a desacreditar, y la voz del presidente tiene un impacto social muy importante”, dijo Carrasco.
Solo unos pocos periodistas practican el “noble oficio” de informar al público, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa el mes pasado, justo cuando los reporteros exigían justicia para sus colegas asesinados.
Carrasco dijo que a menudo es difícil saber quién es responsable de la muerte de un periodista porque la mayoría de los asesinatos quedan sin resolver.
"No tenemos claridad si es exacto decir es el crimen organizado, si es la delincuencia o es una combinación de la delincuencia con los funcionarios”, agregó.
Un desafío para los periodistas mexicanos ha sido la afirmación constante de los funcionarios electos del país de que si un reportero critica al gobierno, debe tener motivos personales o políticos.
"La clase política mexicana nunca ha entendido la función de la prensa, cuál es el papel que jugamos los periodistas en una sociedad”, dijo Carrasco.
Entonces, los funcionarios estatales y locales en México intentaron sobornar a los periodistas a lo largo de los años, o los amenazaron para que detuvieran la publicación de una nota, dijo Carrasco. Antes de que Pegasus comenzara a usarse en México durante la administración de Enrique Peña Nieto, era común que los periodistas fueran seguidos en sus automóviles, o que la policía monitoreara con quién se reunían y dónde. "El espionaje de periodistas en México siempre ha existido”, dijo Carrasco.
En 2018, una investigación de Citizen Lab descubrió que México era uno de los países en los que más se estaba desplegando Pegasus — no solo contra periodistas, sino también contra grupos de vigilancia de derechos humanos, abogados, y defensores contra la corrupción. La investigación encontró que 24 personas habían “sido atacadas abusivamente con Pegasus en México” y los informes posteriores han demostrado que el número es mucho mayor.
El año pasado, una investigación de The Guardian y otros medios de comunicación internacionales encontró que 15,000 mexicanos habían sido atacados con Pegasus, incluyendo periodistas, activistas, jueces, y al menos 50 personas cercanas al presidente López Obrador.
Carrasco se encuentra entre aquellos cuyo teléfono fue infectado.
Pegasus “es un arma digital tremenda" diseñada para hacer que los periodistas vivan con miedo, dijo Carrasco. "Cuando tu sabes que estás siendo espiado, o tienes la sospecha o el temor de que te están espiando, que están sabiendo cosas de ti y de tu vida, porque no solamente están viendo en qué estás trabajando sino hasta tu vida personal, pues evidentemente te sientes muy vulnerable”.
Toda la sociedad mexicana, desde la ciudadanía y todos los niveles de gobierno, deben asumir un compromiso genuino para mejorar las condiciones de los periodistas del país, agregó Carrasco.
"Mi aspiración es que en algún momento la sociedad mexicana salga en defensa de sus periodistas. Hasta ahora no hemos vivido eso”.
En Honduras, los periodistas aprenden a “hablar en clave”.
Por peligroso que sea México para los periodistas, Honduras es aún peor, según el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que el año pasado ubicó al país en el puesto 151 de 180 países. México ocupa el puesto 143. El Salvador ocupa el 82. Y para aquellos que sienten curiosidad por saber dónde se encuentra Estados Unidos: ocupa el puesto 44.
Para Dunia Orellana, cofundadora y directora del medio de comunicación en Honduras Reportar Sin Miedo, Pegasus ya no es una novedad porque lleva años en el país. “Hemos aprendido a vivir con Pegasus”, dijo, y agregó que ahora tiene más de un teléfono.
"Sabemos que nos escuchan. Sabemos que nos están monitoreando. Lo sabemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender a hablar en clave”.
Orellana dijo que los periodistas tienen que aprender a vivir con miedo para hacer su trabajo. Aún así, se considera afortunada porque está en la ciudad capital de Tegucigalpa y tiene acceso al Internet y líneas telefónicas. Pero es raro que los periodistas en áreas rurales puedan pagar dos teléfonos celulares.
Los periodistas hondureños reciben con frecuencia amenazas de muerte y tienen pocas opciones para protegerse.
Para la periodista Thirzia Karina Galeas Núñez, las amenazas de muerte finalmente la obligaron a mudarse a Estados Unidos para buscar asilo en el estado de Georgia, donde ahora vive con un hermano. Su solicitud está pendiente.
“No existen instituciones en Honduras que, entre comillas, protegen a los periodistas, protegen a los defensores de derechos humanos”, dijo.
Galeas, quien durante casi una década trabajó en el Comité por la Libre Expresión, una publicación sobre derechos humanos y libertad de prensa, dijo que se produjo un punto de inflexión cuando su empleador le dijo que el gobierno tenía una recompensa por ella y otros periodistas.
"Porque nos enfrentábamos al gobierno. Nosotros visualizamos todas las agresiones que se daban, que se cometían contra periodistas”, dijo.
Ella misma había sido agredida por alguien que cree que fue enviado por el gobierno. Su caso nunca fue resuelto. Dijo que cuando recibió amenazas de muerte, no recibió apoyo de grupos no gubernamentales, por lo que decidió irse del país.
En toda América Latina, líderes que subvierten la prensa
Natalie Southwick, coordinadora del programa para América Latina y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas, dijo que el “ascenso de líderes cada vez más autoritarios” ha llevado a un “retroceso global en las normas democráticas”.
“Una de las cosas interesantes de América Latina en comparación con otras regiones donde trabaja el CPJ es que la mayoría de los países de la región, desde que estamos haciendo este trabajo, han sido al menos nominalmente democracias, por lo que existe cierta expectativa de que habrá más apego a las normas de derechos humanos”, dijo.
“Hay muy poca supervisión y regulación de estas tecnologías”.
“Y, sin embargo, estamos viendo líderes a nivel nacional e incluso local que no entienden el papel de la prensa o están tratando activamente de limitar la capacidad de la prensa para hacer su trabajo”, continuó.
Southwick señala que Pegasus no es el único spyware disponible para los gobiernos, es simplemente el que ha recibido más atención. Dijo que debería haber más presión por parte de la comunidad internacional para que empresas como NSO Group no vendan su software a gobiernos con antecedentes de violaciones de derechos humanos.
“Hay muy poca supervisión y regulación de estas tecnologías”, dijo.
Southwick dijo que tal vez el lugar para comenzar es investigar y enjuiciar a los responsables de matar a los periodistas. Cuando nadie es arrestado y castigado, envía un mensaje a cualquiera que quiera hacerle daño a un periodista de que puede salirse con la suya, dijo.
“Honestamente, hay muy pocos casos en los que vemos algún tipo de progreso para resolverlos. Eso realmente tiene que ser donde comienza”, dijo.
En El Salvador, los ataques parecen haberse detenido en algún momento después de la alerta de Apple a El Faro a fines del año pasado, dijo Dada, y agregó que eventualmente realizarán otro análisis.
Pero la tensión en sus vidas permanece. Dada dijo que algunos de sus empleados están siendo presionados por sus familias para que renuncien a sus trabajos, y algunos lo han hecho.
“No es solo cómo informas así, sino cómo vives así. Quiero decir, saber que cada vez que ves a los miembros de tu familia los estás poniendo en riesgo. Sabiendo que cada vez que tomas una foto los estás poniendo en riesgo”, dijo. “Tus amigos, tu familia, tu círculo social, nunca pidieron esto”.
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Ivan Moreno es un reportero de Law360 en Chicago y un periodista independiente con más de 15 años de experiencia incluyendo 14 años con La Prensa Asociada en Colorado, Illinois, y Wisconsin. Ha cubierto la política estatal y nacional y noticias de última hora y ha trabajado en la Ciudad de México, Las Vegas, Salt Lake City, y Albuquerque, N.M. Comenzó su carrera en Denver con el Rocky Mountain News.
Patricia Guadalupe was raised in Puerto Rico, Patricia Guadalupe is a bilingual multimedia journalist based in Washington, D.C. She has been covering the capital for both English and Spanish-language media outlets since the mid- 1990s. She previously worked as a reporter in New York City. She’s been an editor at Hispanic Link News Service (where she still writes political news), a reporter at WTOP Radio (CBS Washington affiliate), a contributing reporter for CBS Radio network, and has written for NBC News.com and Latino Magazine, among others. She is a graduate of Michigan State University and has a Master’s degree from the Graduate School of Political Management at George Washington University. She specializes in business news, politics and cultural issues, and also freelances.
Zaydee Sanchez es una fotógrafa documental independiente en Los Ángeles. Se centra en la falta de vivienda, la inmigración, y la discriminación racial.