Falta de datos y discriminación: autoridades de México fallan en la búsqueda de migrantes desaparecidos

Nota de la editora: Este reportaje forma parte de la serie “Migrar y Desaparecer”.

A nivel institucional, en México existen múltiples fallas en la búsqueda de migrantes desaparecidos. Existe un caos en el registro de los datos, nadie sabe qué se está contando y qué se está omitiendo. Los datos que muestra la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, no coinciden con los que reportan las fiscalías locales. En medio de una crisis forense sin precedentes, México no tiene políticas públicas para la búsqueda e identificación de migrantes. La historia de Aurelio Cruz López, un joven desplazado de Chenhaló, Chiapas, demuestra el impacto dramático de esas falencias en las familias.

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Verónica Liso
@Lisocracia

Rosario Marina
@RosarioMarina_

Gabriela Villegas
@Gab_Villegas_

Andrea Godínez
@vengo_delmar

Soy Araceli Cruz López, mujer indígena tzotzil. Mi hermanito nació el 8 de junio de 2003. Faltaba un mes para que cumpliera 19 años cuando desapareció migrando hacia Estados Unidos. Vivo en un campamento de personas desplazadas en Chiapas, México. ¿Adónde voy? ¿ A quién acudo? ¿Por dónde empiezo?

Las preguntas se repiten. Las respuestas no. A nivel institucional existen múltiples fallas en la búsqueda de migrantes desaparecidos. En México hay una grave crisis forense: 56.000 cuerpos sin identificar y más de 100 mil personas desaparecidas. Desde el 2017 existe una ley de búsqueda de desaparecidos, pero la mayoría de sus requisitos no se cumplen. Los mecanismos de identificación están desarticulados y dependen de la voluntad de cada estado.

*El equipo de Voces Mesoamericanas acompaña a familias de migrantes desaparecidos en su búsqueda. Foto de Andrea Godínez*

Los datos que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el organismo encargado de buscar personas en México, son deficientes y se contradicen con los datos que dan las fiscalías estatales. En este contexto de crisis nacional, ¿quién busca a los migrantes?

Quienes logran avanzar con las familias en esos procesos son las organizaciones de la sociedad civil, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, entre otras, que crearon redes de trabajo conjunto entre sí e intentan hacerlo también con algunos estados.

A Aurelio lo encontraron los rastreadores

El 4 de mayo de 2022, a las 3.30 a.m., Aurelio Cruz López, de 18 años, llamó a su hermana. Él había salido el 28 de abril de un campamento en San Cristóbal de las Casas para personas desplazadas por la violencia en México. En un principio quería buscar trabajo en Sonora, pero se encontró con dos jóvenes que lo convencieron que lo mejor era cruzar la frontera a Estados Unidos, que allí podría tener más oportunidades de sacar a su familia adelante.

Con ellos se fue, hasta que se toparon con las autoridades migratorias de Estados Unidos y se dispersaron. Ahí Aurelio perdió su mochila. A las 8.40 a.m. mandó un audio a su hermana:

“Ya no tenemos agua. Perdí mi mochila al momento que me escapé. Perdí mis alimentos. Mi compañero tiene todavía agua pero ya es poquito. Vamos a seguir caminando hasta llegar a mi destino. No se preocupe. Ahí la cuidan a mi mamá”.

“Por la necesidad es que se fue mi hermanito, un trabajo, una mejor vida, para salir adelante. Nosotros no tenemos una casa digna donde podamos estar. Estamos en un campamento provisional con mi familia. No tenemos padre. Fue asesinado por los conflictos armados en las comunidades”, dice Araceli.

Los compañeros con los que viajaba su hermano le dijeron que se había desmayado en el desierto, que ya estaban en Estados Unidos, en la zona de la nación indígena de los Tohono O'odham. “Le pedimos a sus compañeros que llamen a la migración y le digan dónde quedó, que le mande las coordenadas, para recuperarlo con vida. Pero lamentablemente no hicieron nada. A lo mejor tuvieron miedo”, dice Araceli, sentada en un tronco afuera de una casa provisoria, llorando.

*Tiendas de campaña donde viven familias desplazadas del municipio de Chenalhó, Chiapas. Foto de Andrea Godínez*

Toda su familia fue desplazada por conflictos armados en el municipio de Chenalhó, Chiapas. Debido a esa lucha es que Araceli tiene contactos con organizaciones sociales. Cuando supo que su hermano se había quedado en el desierto, llamó a un conocido en California y le pidió ayuda. Desde ahí le enviaron números de teléfono de grupos rastreadores en Estados Unidos, personas que se reúnen para buscar a migrantes que desaparecen en el desierto. A ellos les dio las coordenadas que tenía. También llamó al consulado mexicano en EE. UU.

Tres grupos de rastreadores se juntaron para localizar a Aurelio. Veintitrés días después encontraron restos de un cuerpo. Tenía un solo tenis deportivo. Pero no había mucho más con él. No estaba la cangurera con sus documentos. No había más ropa ni tampoco la mochila. Araceli no podía aceptar que se trataba de su hermano.

A Aurelio lo identificaron las organizaciones

“Al momento no pudimos aceptar esa información porque no sabemos si realmente es él. Entonces hicimos la denuncia ante la fiscalía aquí, que tenemos un desaparecido. Pero nunca nos brindaron el apoyo: ni el gobierno, ni (la) fiscalía ni la Comisión de Búsqueda. No hicieron la búsqueda como se debe”, dice Araceli.

Lo que hizo, entonces, fue insistir al consulado mexicano en Estados Unidos para que le hicieran una prueba de ADN. En ese momento empezaron a trabajar con las abogadas de Voces Mesoamericanas y con el EAAF.

“Queríamos saber si era realmente mi hermano. Los grupos argentinos nos hicieron la prueba de ADN. Fue un proceso de cinco meses. Gracias a ellos que no nos dejaron solos con nuestra tristeza”, dice Araceli.

*Araceli llora cuando habla de su hermano desaparecido en la frontera y cuyo cuerpo fue repatriado. Foto de Andrea Godínez*

Sandybell Reyes está a cargo del programa de defensa integral para la justicia en las migraciones de la organización Voces Mesoamericanas - Acción con Pueblos Migrantes. Ella fue una de las personas que apoyó a Araceli en el proceso de identificación: “Es muy triste y frustrante para las familias el que inicien estos procedimientos de denuncia ante fiscalías y comisiones de búsquedas y que no haya una respuesta, porque en realidad le regresan la pregunta: ¿qué más sabe? Cuando tendrían que estar pidiendo la información a sus homólogos”.

Lo primero que hace la organización Voces Mesoamericanas cuando las familias se comunican es darles información para que puedan decidir qué hacer: una denuncia en instituciones estatales, búsqueda entre organizaciones civiles, o una búsqueda informal (con instituciones) para ver si la persona está en alguna cárcel u hospital.

En general, explica Reyes, las familias lo que piden es que se inicie con una búsqueda informal, porque existe la esperanza de que la persona desaparecida vaya a volver, y después por fiscalías, comisiones de búsquedas y de víctimas.

Araceli tuvo que esperar siete meses para confirmar lo peor. “Resultó ser mi hermanito, que encontraron en el lugar donde yo había proporcionado las coordenadas. Lo encontraron incompleto: ya no tenía sus dos brazos y no los encontraron. Ahí donde aceptamos esa información por el proceso de prueba de ADN”.

¿Cómo fue el proceso institucional de búsqueda?

Lo primero que hizo Araceli fue ir a la fiscalía a declarar, a decir que tenía un hermano desaparecido. Después se puso en contacto con las abogadas de Voces Mesoamericanas y con ellas fue a preguntar a esa oficina. Le dijeron que tenía que ir a Altar, en el estado de Sonora, que allí se iba la investigación.

Pero no podía hacer eso. No tenía dinero para viajar e insistir en otra fiscalía que la búsqueda avanzara.

“Resulta de lo más frustrante cuando les dicen que como la última comunicación fue en un estado fronterizo, su investigación se va a ir para ese estado fronterizo. Puede sonar lógico, porque allá fue la desaparición y allá deben de buscar, pero si hablamos en cuanto a situaciones de acceso a justicia, el familiar no va a ir para allá a pedir información. Y ante un sistema que no funciona si no estás ahí a cada rato dándole seguimiento, pues resulta que las familias no tienen ningún tipo de información de su familiar”, dice Reyes, y confirma lo que demuestran todos los casos entrevistados para esta investigación: “Entonces da igual que denuncien como que no denuncien, porque al final la búsqueda es entre colectivas de familias de personas desaparecidas”.

Araceli eligió el camino institucional, denunció y consiguió abogadas. Pero las autoridades designadas para buscar en su país, dice, no le sirvieron de mucho: “Ni la fiscalía ni la Comisión de Búsqueda hicieron nada. No tienen esa capacidad ni voluntad de ayudar al pueblo. Es realmente muy triste. Cuando no tienes abogadas no nos tienen en cuenta. Nos discriminan por ser indígena, por ser hablante tztotzil”, explica.

La mamá de Araceli y de Aurelio no pudo hacer la denuncia porque no sabe hablar español. Para esos problemas, de nuevo, surge el trabajo de familiares y organizaciones como el Grupo Motor de Trabajo Psicosocial en Migraciones que forman organizaciones civiles de México y Centroamérica, entre ellas Voces Mesoamericanas y ECAP, que trabajan en conjunto para dar información a los migrantes.

El grupo armó cartillas con 20 dibujos donde explican el proceso de búsqueda de migrantes no localizados. “Muchas de las personas que están caminando este proceso de búsqueda no saben leer ni escribir, por eso el material es principalmente gráfico”, lee un texto en estos materiales.

*Cartillas creadas por organizaciones civiles para explicar a personas analfabetas cómo se realiza la búsqueda de un migrante desaparecido. Foto de Andrea Godínez*

Las autoridades mexicanas no saben cuántos migrantes desaparecidos hay en su territorio

En México existe la CNB, a la cual las fiscalías locales deberían reportarle el total de personas desaparecidas en sus estados, entre ellas migrantes. Sin embargo, existe una disparidad entre las cifras que reporta la CNB en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas y las reportadas por las fiscalías locales.

En esta investigación se enviaron 157 solicitudes de acceso a la información a cada una de las fiscalías, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración en México.

Tras vaciar las cifras otorgadas por las fiscalías locales, encontramos que los migrantes reportados como desaparecidos en México entre el 2017 y el 2022 pueden ser: 1.270 según fiscalías estatales; o 124, como lo reporta la Comisión de Búsqueda. Se estima, entonces, que menos del 10% de los reportes de las fiscalías estatales sobre inmigrantes desaparecidos o no localizados son contabilizados en el Registro Nacional.

La única certeza es que México no sabe cuántos migrantes desaparecidos tiene, ni cuántos de ellos fueron hallados muertos.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR, por sus siglas en inglés).

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