Intenciones ocultas
Free Abortion Alternatives (antes conocido como Emergent Mother Care, o Cuidado para Madres Emergentes), ubicado en el segundo piso de un edificio comercial en la Tercera Avenida, en el sur del Bronx. Foto de Yunuen Bonaparte para palabra
Captadas con promesas de pruebas de embarazo gratis y pañales gratuitos, las latinas están acudiendo a clínicas que promueven una agenda que ellas desconocen, afirman activistas por la justicia reproductiva
Nota de la editora: Este análisis fue publicado en conjunto con Reckon. Suscríbete al boletín de noticias de Reckon.
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En 2022, Olivia Raisner, cofundadora de Mayday Health, una organización sin fines de lucro que ofrece educación sobre salud reproductiva, visitó cinco centros antiaborto (AAC, por sus siglas en inglés) en Indiana, provista de una cámara oculta y haciéndose pasar por una persona embarazada que estaba considerando sus opciones. Se encontró con una red de engaños, incluyendo afirmaciones falsas del personal como que el aborto conduce a índices más altos de suicidio e infertilidad.
“Incluso antes de que (la empleada) empiece a hablar, puedo sentir que quiero confiar en ella. Y eso está pensado para que sea así. Los centros de crisis de embarazo (CPC, por sus siglas en inglés) están creados para parecerse a consultorios médicos: estoy en una sala de espera bien iluminada y acogedora, llené formularios con una recepcionista, me ofrecieron agua. Inducen a las pacientes a sentir una falsa sensación de confianza”, cuenta Raisner en Ms. Magazine.
Conocidos también como CPC, los centros antiaborto parecen clínicas de salud comunes que ofrecen una variedad de servicios para la familia y la mujer. Pero algunas veces sus objetivos no son lo que parecen, de acuerdo a activistas por los derechos reproductivos que han entrado a estos centros y han investigado quiénes los manejan y de dónde vienen sus fondos. Luego de sus investigaciones, los activistas han determinado que las clínicas atraen a las personas con la promesa de recursos gratuitos, como pruebas de embarazo y pañales, pero su motivación real es influenciar las decisiones de los asistentes sobre el embarazo, aborto y sobre el sexo. Los activistas dicen que se aprovechan principalmente de las personas de color, utilizando dinero de los contribuyentes para hacerlo.
Casi la mitad de las familias de Estados Unidos (47%) tuvieron dificultades para comprar pañales el año pasado, según The National Diaper Bank Network (la Red Nacional de Bancos de Pañales). Pero Ashley Underwood, directora de Equity Forward, una organización que realiza y difunde investigaciones sobre derechos humanos, dice que todo lo que ofrecen estas clínicas tiene su precio: los beneficiarios usualmente tienen que asistir a alguna presentación que suele incluir un componente religioso.
“Las personas tienen que ir a clases, en algunos casos conocidas como 'plan de estudios para ganar mientras aprendes', para poder básicamente canjear su tiempo por recibir ayuda. Y (esto ocurre) particularmente cuando hablamos de comunidades de color”, dice Underwood.
Elizabeth Estrada forma parte del equipo de Nueva York del National Latina Institute for Reproductive Justice (el Instituto Nacional de Justicia Reproductiva para Latinas, conocido como Latina Institute). En su rol de directora de campo y defensa, se dedica a informar y organizar a las comunidades de Nueva York sobre la justicia reproductiva. Estrada declara a Reckon que los AAC están surgiendo estratégicamente cerca de clínicas y hospitales, con frecuencia en comunidades de bajos ingresos, afroamericanas, indígenas, de inmigrantes y de personas marginadas.
Estrada dice que en estos centros antiaborto, como uno cercano a un Planned Parenthood (organización sin fines de lucro que provee servicios de salud sexual reproductiva, abortos y planificación familiar) en el sur del Bronx, los anuncios buscan llegarle a estos grupos. “El color y la tonalidad de las personas en esos anuncios en las ventanas no son blancos ni rubios. Son morenos y negros”, dice.
Reckon intentó repetidas veces contactar al personal de la clínica en el sur del Bronx, así como otras en Laredo, Texas, y en Hammond, Indiana, pero al cierre de esta edición no recibió ninguna respuesta.
Carteles que anuncian pruebas de embarazo gratis en la clínica Free Abortion Alternatives, en el sur del Bronx. Foto de Yunuen Bonaparte para palabra
Los latinos y la desinformación
Las investigaciones demuestran que las personas de origen latino se ven desproporcionadamente más perjudicadas por las prohibiciones de los abortos que el resto de la población. Un informe de 2023 de la National Partnership for Women & Families (la Alianza Nacional para las Mujeres y las Familias) y del Latina Institute reveló que casi seis millones setecientas mil latinas (el 43% del total de latinas entre 15 y 49 años en Estados Unidos) viven en 26 estados que prohibieron o son susceptibles a prohibir los abortos, lo que las convierte en el mayor grupo de mujeres de color que viven bajo estas restricciones.
Dentro de las cambiantes leyes de salud reproductiva en Estados Unidos después de la anulación del caso Roe contra Wade, existen leyes que impiden en ciertos estados que las personas embarazadas tengan acceso al aborto. Además de este panorama, las latinas enfrentan barreras institucionales adicionales para acceder a la atención médica, como la carencia de un seguro médico o de acceso a la atención preventiva.
También existe una historia de desconfianza hacia la industria médica por parte, especialmente, de aquellos afectados por la esterilización forzada o de quienes hablan principalmente español.
“Enfrentamos barreras lingüísticas y culturales que ya dificultan nuestro acceso a la atención médica, pero (además) nuestra alfabetización puede ser limitada y eso puede hacer más probable que seamos engañados por los centros antiaborto”, dice Estrada.
E indica que una de las razones por la cual los latinos están en la mira de estas prácticas es la forma en la que comparten información entre ellos, ya que los inmigrantes suelen buscar recomendaciones o sugerencias en su comunidad sobre médicos y servicios sanitarios.
“Mucha de la información que recibimos es del boca a boca. También somos una gran, gran parte de la población que está constantemente en Facebook, en WhatsApp”, asegura. Y agrega que esas aplicaciones de Meta son las que utilizan los conservadores para difundir desinformación.
(El 46% de los latinos que viven en Estados Unidos usan WhatsApp, en comparación con el 23% de los afroamericanos y el 16% de los blancos. La aplicación es popular entre aquellas personas que tienen seres queridos en otros países, ya que permite una comunicación instantánea de forma gratuita).
La desinformación planteó un problema en las últimas elecciones presidenciales, y los latinos fueron el principal objetivo en las redes sociales. Un informe de Nielsen de 2021 reveló que los latinos eran más propensos a recibir, consumir y compartir noticias falsas en internet que el resto de la población. La razón tiene que ver con el sentido de comunidad, ya que confían en lo que reciben y lo comparten. Según el informe, las aplicaciones infunden confianza y cercanía entre los usuarios latinos, porque les permiten conectarse con familiares y amigos tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.
Estas tácticas de desinformación van más allá de la política e inciden también en la salud. Durante la pandemia, el uso que hicieron los latinos de las redes sociales se incrementó más que el del resto de la población, según NBC, lo que llevó a una desinformación política generalizada, contribuyendo al impacto desproporcionado del COVID-19 en la comunidad. En 2021, Nielsen informó que había casi tres veces más casos de COVID-19 entre los latinos de Estados Unidos que entre la población blanca no hispana del país.
Los latinos son una de las poblaciones de más rápido crecimiento en Estados Unidos. De 2010 a 2022, el país creció en 24,5 millones de personas, y los latinos representaron el 53% de ese aumento, más en comparación a otros sectores demográficos, según el Pew Research Center.
“Tienen mucho que ganar: ya sean los legisladores en época electoral, los activistas antiaborto o la derecha conservadora que buscan aprobación, buscan masas de personas latinas o que no hablen inglés”, dice Estrada. “Somos una población grande y numerosa, lo que nos convierte en presa fácil para ser engañados con desinformación”.
Los centros de crisis de embarazo suelen promocionar pruebas de embarazo y ultrasonidos gratis para atraer a personas con bajos ingresos. Foto de Yunuen Bonaparte para palabra
Financiando los centros antiaborto
Equity Forward realiza investigaciones de registros públicos, seguimiento legislativo y análisis político sobre temas de derechos humanos, incluida la libertad reproductiva. La más reciente de sus evaluaciones, publicada en enero 2024, encontró que en 18 estados se han destinado millones de dólares a los AAC, entre ellos: $3 millones en Arizona desde 2022, $8,6 millones en Missouri desde 2007 y $140 millones en Texas desde 2006.
“Los centros antiaborto de todo el país invierten millones de dólares en campañas de propaganda agresivas y engañosas, y a veces dichas campañas son financiadas con dólares de los contribuyentes”, afirma Underwood.
En la misma línea, un informe de CNN de 2022 evidenció que al menos 18 estados han usado dinero de los contribuyentes para financiar los ACC, y que, de estos, más de media docena de estados han usado el programa federal de asistencia social Temporary Assistance to Needy Families (TANF) para hacerlo. CNN informó que Texas fue el estado que más fondos destinó a los AAC, con más de $200 millones proporcionados a dichas clínicas en la última década.
“Estamos hablando de una industria de millones de dólares, (y) en algunos casos creo que de miles de millones de dólares”, dice Underwood.
Underwood recalca que los AAC representan un problema en todos los estados, incluso en aquellos que intentan aprobar normativas para proteger a las personas contra estas tácticas, como Illinois.
“Tenemos que pensar en las nuevas vías que están tomando las personas para acceder a la atención médica y en cuáles son los riesgos de que sean interceptadas por un centro antiaborto cuando están intentando llegar a una clínica de aborto o a otra forma de atención médica”, explica.
Ella señala que las tácticas publicitarias de los CPC se han intensificado después de la anulación del caso Roe, lo que representa un mayor peligro para quienes buscan atención médica legítima.
“El movimiento anti(aborto) ha utilizado la (anulación) de Roe como una especie de grito de financiación, o argumento de financiación, para recaudar más dinero tanto de fondos públicos como privados”, concluye Underwood.
Annabel Rocha es una reportera de justicia reproductiva en Reckon, con experiencia en reportajes locales enfocados en asuntos latinos, justicia reproductiva, pobreza menstrual (incapacidad para acceder a productos para la higiene íntima femenina por causas económicas o culturales) y salud sexual. Es una antigua becaria de City Bureau, de Center for Health Journalism (el Centro para el Periodismo de Salud) y de Journalism & Women Symposium (el Simposio de Periodismo y Mujeres). Rocha se enorgullece de ser del sur de Chicago. Puedes seguir su trabajo en Instagram: @reckon.news. @annabelrocha93
Yunuen Bonaparte es una fotoperiodista y editora visual con sede en Nueva York. Actualmente se desempeña como editora de fotos en palabra y Narratively. @_ybonaparte