Pescadores contra Pemex
Vista aérea de la presa artificial Agua de Minas, donde se observa evidencia de contaminación por la presencia de hidrocarburos. En el municipio de Texistepec, Veracruz, México el 27 de enero de 2022. Foto por Félix Márquez para palabra.
Pescadores indígenas de la costa del Golfo de México quieren llevar a juicio a la potencia petrolera del país por décadas de contaminación con azufre que ha asfixiado los arroyos y ríos que alimentan a sus familias
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Ricardo Torres Cruz, líder indígena nahua y pescador, viajó 546 kilómetros a la Ciudad de México para entrar a la Fiscalía General de la República (FGR) y ratificar una denuncia de hechos en contra de Petróleos de México (Pemex), la empresa petrolera estatal, a la que culpa por la mortandad de peces en los arroyos que rodean su casa en el estado de Veracruz, en las cercanías de las costas del Golfo de México.
El 29 de junio del 2021, Torres viajó a la capital mexicana como presidente de la junta directiva de la cooperativa pesquera y agrícola “Sembradores de Aztapan” del pueblo de Xochitlán Palmillas en el estado de Veracruz. Llegó a la Ciudad de México para presentar de forma oficial un reto legal que él y los presidentes de las otras tres cooperativas de Veracruz buscan tras décadas de quejarse y exigir al gobierno que tome medidas sobre el lodo tóxico y peces muertos en sus vías acuáticas.
“Hace tiempo éramos felices. Ibas al río y pescabas de todo, había muchos peces, pero desde que llegó esta contaminación estamos tristes”, dijo Don Ricardo, como le dicen por respeto a las personas en su comunidad. Por eso fue necesario hacer un largo viaje a la capital del país, explicó. Y de esa forma, ratificar legalmente su demanda de que Pemex, la petrolera global con más de $47 mil millones de ingresos y una historia documentada de contaminación, pague indeminizaciones y remedie la pesquería.
“Hemos acudido con las autoridades federales, estatales y municipales, pero como desgraciadamente Pemex es el fuerte de México, a nosotros, por ser indígenas, por ser humildes, por ser pescadores, nos ignoran y humillan y por eso llegamos hasta esta instancia, para ver si nos hacen caso”, agregó.
Las cooperativas pesqueras no son adineradas, pero tradicionalmente habían recolectado lo suficiente de los ríos y estuarios a lo largo de la costa tropical del Golfo de México para alimentar a sus familias y vender parte de la pesca, como mojarra y camarón. Las comunidades nahuas son parte del grupo indigena más reconocido de México que incluye a los mexicas, comúnmente conocidos como los aztecas. Hoy, los nahuas de Veracruz son pobres y sobreviven a base de agricultura y pesca al por menor.
El pescador Ricardo Torres posa para un retrato cargando dos pescados, al interior de su vivienda en la comunidad de Xochitlán Palmillas, municipio de Texistepec, Veracruz, el 27 de enero de 2022. Foto por Félix Márquez para palabra.
Si Torres y sus colegas logran obligar a Pemex a rescatar sus ríos, sería una victoria poco común, y quizás establecería un precedente para otras comunidades pequeñas alrededor del mundo que luchan por hacer responsables a los gobiernos y las corporaciones por el daño ambiental desenfrenado.
Pero hasta ahora, después de décadas de quejarse, lo único que han logrado las cooperativas pesqueras ha sido provocar la ira de funcionarios del gobierno e intereses empresariales, y caer en un frustrante laberinto de leyes mexicanas en conflicto. Aunque han creado conciencia sobre la horrible contaminación que ha corrompido sus vías acuáticas y fuentes de alimentación e ingresos, también afirman que se han convertido en blancos de represalias políticas, intimidación y ofertas de sobornos.
Su historia demuestra lo difícil que puede ser la vida para las comunidades pobres y marginadas que dependen de un gobierno inefectivo para luchar en contra de corporaciones poderosas.
“En México, la vida está por debajo de la legislación de las actividades extractivas. No consideran el impacto ambiental y social sobre las comunidades indígenas”, dijo la abogada Diana Pérez, miembro del Consejo Tiyat Tlali, una red de organizaciones sociales del vecino estado de Puebla.
Ismael Nazario (arriba y abajo) en el río Coatzacoalcos, Veracruz, el 26 de enero de 2022. Foto por Félix Márquez para palabra.
Décadas de contaminación con azufre
La petrolera es propietaria de la Unidad Minera de Texistepec (UMIT), un área de cerca de 1.500 ha. donde la Compañía Exploradora del Istmo (CEDI) extrajo azufre de 1971 a 1993. En 1993, CEDI declaró la quiebra y sus instalaciones pasaron a Pemex como pago de deudas. Según la denuncia de los pescadores, Pemex ha fracasado en sus intentos por vender los terrenos enredados en problemas con respecto a la posesión y la contaminación.
CEDI dejó abandonados 2,888 pozos de extracción de azufre, tres presas con 11 millones de m³ de aguas ácidas, 43 depósitos de hidrocarburos (chapopoteras), cerca de medio millón de toneladas de carbón ácido a cielo abierto y casi 21 km de caminos revestidos con residuos de carbón ácido, según el diagnóstico realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) en el año 2000.
Esta historia es el resultado de ocho meses de entrevistas con residentes del área minera, expertos en contaminación y química y ex funcionarios gubernamentales, más la revisión de más de medio millar de folios oficiales. A lo largo del proceso, Pemex, sus sucursales industriales y las autoridades del medioambiente y recursos naturales del gobierno mexicano no dieron respuesta a las numerosas solicitudes de comentarios.
Durante años, los pescadores han tratado de hacer responsable a Pemex por la devastadora contaminación en arroyos y esteros locales. Han asistido a un sinfín de reuniones con autoridades, locales, estatales y federales. Las reuniones no los han llevado a nada.
“Yo me dedico a la pesca y mis hijas se pusieron a llorar por la tristeza que les dio ver la cantidad de pescado boqueando, a flor de agua, porque se quedaron sin oxígeno”, contó el denunciante e indígena nahua, Ismael Nazario Mendoza, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa pesquera La Lajilla, El Palmar S.C. de R.L., del municipio de Jáltipan.
Torres y Nazario se encuentran entre los pescadores comunitarios que han tratado de hacer responsable a Pemex. Desde hace varias décadas, han asistido a un sinfín de reuniones, dicen, con autoridades locales, estatales y federales. Agregan que las reuniones no los han llevado a nada, mientras que el daño ambiental a raíz del azufre ha empeorado. En cambio, fuerzas externas han tratado de sobornarlos, y otros los han amenazado. En octubre de 2020, las comunidades terminaron contratando a un abogado e iniciaron una demanda en las cortes mexicanas para remediación e indemnización.
Lixiviados que emanan de la Unidad Minera de Texistepec (UMIT), de Petróleos Mexicanos, se almacenan en un estanque de prueba al interior de las instalaciones donde se encapsularon los desechos sólidos contaminantes de carbón y azufre, ubicada en el municipio de Texistepec, Veracruz, el 27 de enero de 2022
Peces muertos por doquier
El 21 de agosto de 2020 amanecieron incontables peces muertos, (pertenecientes a cinco especies distintas) flotando en el Arroyo Cajiapan, el Estero Mozapan y el río Chiquito, todos afluentes del río Coatzacoalcos, que desembocan en el Golfo de México. La denuncia de los pescadores da cuenta de otros dos eventos similares, el 12 de marzo y el 20 de mayo de 2015. “El agua emanaba un olor fétido, de apariencia oscura y grasosa”, narraron en la denuncia.
Durante 22 años, la CEDI inyectó agua a 160 °C al manto azufroso, para fundir el elemento. Ese azufre, contaminado con hidrocarburo en el subsuelo, se bombeaba a la llamada Presa de Agua Ácida. De ahí, se conducía sin tratamiento, a través de un canal de 8 km, a la presa artificial Agua de Minas en la que se ubica una compuerta de descarga hacia el arroyo Apepecho, que fluye al río Chiquito y al Coatzacoalcos.
“La compuerta está abierta, tiran el agua directamente al arroyo y cuando no mata a los peces, los aleja y todos los animalitos se van”, explicó Jorge Martínez Bautista, denunciante y presidente del Consejo de Administración de la cooperativa pesquera Estero Mozapan y Río Chiquito, Afluentes y Anexos S.C. de R.L ., de la localidad Ojo de Agua del estado de Veracruz.
“El agua emanaba un olor fétido, de apariencia oscura y grasosa”.
Martínez sale a pescar a diario a las 4 de la mañana, navegando por las hidrovías en una pequeña lancha a motor fuera de borda, de 7 caballos de fuerza.
Una mañana reciente, el pescador de la comunidad indigena nahua salió a trabajar del río Chiquito al río Coatzacoalcos. Tras siete horas de trabajo, consiguió un par de kilos de mojarra y un kilo de camarón, que vendió por 360 pesos (aproximadamente 17 dólares). La gasolina le cuesta 200 pesos al día. “En los tiempos de mi papá, el río estaba rico en toda clase de peces. Ahora uno se acostumbra a sobrevivir”, dijo.
La historia de Martínez se repite entre los 152 miembros de las cuatro cooperativas pesqueras, la mayoría de ellos nahuas, cuyos presidentes firmaron la denuncia en contra de Pemex.
Al caer la noche, Jorge Martínez rema su pequeña embarcación hacia donde están sus redes en el Estero Mozapan del río Coatzacoalcos,, el 26 de enero de 2022. Foto por Félix Márquez para palabra.
Una vez fue un Edén
“Mi papá me enseñó a pescar a los 12 años; esa fue mi herencia”, agrega Martínez, hablando de su pueblo natal El Cocal y una tradición familiar que probablemente termine con él.
Martínez ha criado a dos hijos en El Cocal. El primero estudió administración de empresas en el municipio de Minatitlán, a una hora y media de camino de su casa. Su segundo hijo terminó la preparatoria. Ambos emigraron a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera mexicana con Texas, y trabajan en maquiladoras.
Martínez y los otros pescadores recordaron aquellos tiempos cuando el área era “un Edén”, antes de la presa Agua de Minas y su agua contaminada con hidrocarburo, la cual aún fluye, sin tratamiento, a los afluentes del río Coatzacoalcos.
“Antes iba mucha gente a bañarse al río, cazábamos tejón y mapache con nuestros abuelos, comíamos pescado a gusto. Ahora el pescado sabe y huele a hidrocarburo cuando lo estás friendo”, dijo Don Ricardo Torres.
En las 436 pequeñas localidades en las municipalidades de Texistepec, Jáltipan y Cosoleacaque donde viven los pescadores, se hablan hasta 24 lenguas indígenas. Los terrenos alrededor del sitio minero de Texistepec fueron parte de la antigua civilización olmeca que prosperó allí durante más de 3.000 años. Es una región de extremo calor, entrecruzada por muchos ríos. Las cooperativas manejan tierras remotas; su centro se ubica aproximadamente a 306 km de Xalapa, capital del estado de Veracruz.
“Nosotros aquí estamos padeciendo y sufriendo; nuestro empleo es el río”, agregó Gregorio González Martínez, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa pesquera Paso El Moral S.C. de R.L., en la localidad San Antonio del municipio Cosoleacaque.
Pesca a la antigua
De los 152 pescadores pertenecientes a las cuatro cooperativas pesqueras cuyos presidentes han denunciado a Pemex, sólo 13 pescan en lanchas de fibra de vidrio con motor. El resto, incluyendo a Gregorio González, usan botes de remos.
González sale de casa a las 3 de la madrugada, camina 600 metros desde su localidad, San Antonio, en el municipio de Cosoleacaque, hasta el embarcadero del río Chiquito. Él y un acompañante recorren a remo cuatro kilómetros en dirección este hacia el río Coatzacoalcos. De regreso reman contracorriente. Si les va bien, luego de seis horas, consiguen pescar 3 kilos de pescado.
“Cuando uno está joven no se siente nada y va a donde quiera pero, con nuestra edad, sí se cansa el cuerpo”, contó González de 63 años de edad, agregando que padece diabetes. Cuando se altera su glucosa, le duele la cabeza y sufre de vómitos. “Aun así, le echo todos los kilos para que a mi familia no le falte nada”.
El desayuno de González consiste de frijoles con huevo y a veces un caldito de pollo “pero ese, de vez en cuando porque está dura la situación. Cuando nos va bien, compramos un kilo de carne, pero es muy raro”.
González nació en San Antonio. Luego emigró a un ejido (terreno comunal) cerca del municipio de Hidalgotitlán, donde se dedicó a cultivar maíz y arroz. “Estaba refundido, no había carreteras, por eso hice de todo para volver a San Antonio, para dedicarme a la pesca y me gustó, había mojarra tilapia y negra en abundancia, robalo, cuchumite, guabina”, recordó el pescador.
José García, ahijado del pescador Ricardo Torres, descamando pescados para prepararlos en el almuerzo, al interior de su vivienda en la comunidad de Xochitlán Palmillas, municipio de Texistepec, Veracruz, el 27 de enero de 2022. Foto por Félix Márquez para palabra.
Veracruz es el segundo estado del país por número de pescadores ribereños, con 29.679, según un informe de 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Al mismo tiempo, de 2008 a 2018, la pobreza en el estado incrementó de 51.2% a 61.8% entre la población que vive con ingresos diarios inferiores a $64.4 pesos mexicanos en las zonas rurales, según encuestas federales. Esto fue a la vez que la pobreza a nivel nacional en México se redujo, de 44.4% a 41.9% de la población.
En México, una de cada tres personas que emigran a otros estados lo hacen para buscar trabajo. Siete de cada diez de los que emigran a otro país, lo hacen por el mismo motivo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2018. En las últimas tres décadas, las cuatro cooperativas pesqueras veracruzanas han perdido casi 33% de sus miembros. De ellos, 77 se fueron a buscar trabajo en las ciudades grandes al norte del país o en Estados Unidos.
Un historial de contaminación
Según sus sucursales, Pemex es responsable por al menos 5.985 mil sitios contaminados en México desde 1903. Pemex le aseguró a las autoridades ambientales que han remediado 301 de esos sitios. Pero auditores federales informan que en 300 de esos sitios, la petrolera no solicitó la inspección requerida para confirmar que la remediación realmente se realizó.
Pemex es responsable por la contaminación de 379 de los 407 sitios contaminados en Veracruz, informó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
Este desalentador récord de contaminación, y la falta de acción oficial para remediarlo, es lo que los pescadores hallaron cuando comenzaron a presentar quejas oficiales en contra de Pemex.
“Hubieras agarrado un pez y lo hubieras congelado”. Esto es lo que Jorge Martínez dice que le comunicaron el día que fue a ratificar la denuncia de hechos por mortandad de peces ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la FGR.
Los pescadores cuentan que advirtieron, durante tres décadas, a las autoridades federales, estatales y municipales sobre el problema en la Unidad Minera de Texistepec. Finalmente, luego de una visita a la Cámara de Diputados Federales, el asistente de un legislador les recomendó acercarse al abogado ambientalista, Vadir Israel Arvizu Hernández, titular de Defensa Ambiental A.C.
“Los pescadores siguen teniendo la obligación de demostrar lo que está pasando. Las autoridades han hecho toma de muestras, pero les han ocultado los resultados y les dicen: cómo no previste y congelaste los peces, los tratan como científicos”, explicó Arvizu y añade “por medio de la FGR esperamos lograr que presenten las muestras que han recabado”.
Tras la denuncia, a finales de septiembre pasado, personal de la fiscalía visitó la zona. Los cuatro miembros del personal de la oficina gubernamental visitaron la sede donde se ubican las cooperativas pesqueras. Sin embargo, los funcionarios llegaron en la tarde y “nomás captaron de lejos la presa, vieron que estaba tirando agua, levantaron un acta y se fueron”, dijo Ricardo Torres, agregando que el equipo quedó en volver.
Casi al mismo tiempo, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente envió a un representante. “Vino, tomó fotos, grabó videos, se fue y ya no regresó. Todas las autoridades que han venido siempre nos han hecho eso”, agregó el pescador Ismael Nazario.
Vistas aéreas, el 27 de enero de 2022, de la unidad minera de aproximadamente 1.500 ha. en Texistepec muestran el lodo tóxico y los daños ambientales desenfrenados que han agotado las fuentes de alimento e ingresos de los pescadores nahuas. Foto por Félix Márquez para palabra.
Algo como una remediación
En el año 2000, Pemex inició un plan para la remediación del sitio de la mina de azufre en Texistepec. La primera etapa, entre 2001 y 2006, consistió en neutralizar el agua ácida de tres presas: Agua Ácida, Anexa y Agua de Minas, así como la construcción de una celda de estabilización de los residuos ácidos de La Carbonera, el sitio a cielo abierto donde se disponían montículos de carbono, azufre, ácido sulfúrico y yeso.
“Soltaron magnesio para neutralizar el agua de la presa Agua de Minas, para que el hidrocarburo se fuera al fondo, pero el hidrocarburo sigue ahí, eso lo repitieron varias veces y nos afectó”, dijo Ismael Nazario.
Un informe de remediación ambiental de Pemex de 2001 corrobora la declaración del pescador. Pero esto según varios expertos no es una buena práctica.
“Ninguna petrolera en México usa óxido de magnesio para tratar derrames o aguas contaminadas de hidrocarburo. La combinación puede aumentar la toxicidad en el agua”, explicó Julio Valdivieso Rosado, ingeniero ambientalista especializado en tratamiento de aguas.
La sola “presencia de hidrocarburos en el agua "es suficiente para causar la mortandad de peces", dijo Jorge Escobar Martínez, biólogo y director del Centro Científico Sustentable S.C.
Ricardo Torres, líder de la cooperativa, quien vive a 1.5 km de Agua de Minas, afirma que “el calentamiento del sol hace hervir el hidrocarburo y se ve el vapor que sube de la presa”.
En la segunda etapa de remediación, entre 2007 y 2010, se colocaron cubiertas en los pozos de extracción de azufre y se retiró hidrocarburo del fondo de la presa Agua de Minas.
Sin embargo, una auditoría federal de la remediación de Pemex informó en 2010 que no se cumplió con los eventos programados para la segunda etapa, y enfatizó la inexistencia de un plan de monitoreo del sitio.
Torres explica que los trabajadores colocaron cubiertas de hierro de 6 pulgadas en los pozos y sobre las válvulas, pero debido a la falta de mantenimiento, varias cubiertas se han reventado. “Los pozos siguen tirando agua con azufre e hidrocarburo que termina en los ríos”, comentó.
Contratos de remediación e intimidación
En junio de 2014, Pemex abrió una subasta para la venta de lodos que contienen bentonita/hidrocarburo en la UMIT, correspondientes a 716 mil toneladas métricas de residuos que pueden reutilizarse como chapopote para la construcción de carreteras.
Dos meses después, el 15 de agosto, José Luis Flores Subaiur, representante legal de la compañía Lim del Puerto, Logística, Ingeniería y Mantenimiento del Puerto S.A. de C.V., declaró ante medios locales que ésta había ganado la subasta.
Ahí fue que todo empeoró para las cooperativas, dijeron los pescadores.
El acuerdo de desechos entre Pemex y Lim del Puerto se debió completar para el otoño 2016. Luego se extendió hasta el otoño de 2021, según una copia del contrato adquirida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Mientras tanto, el contrato estipulaba que Lim de Puerto tenía permiso para reciclar el lodo en la presa Agua de Minas, convirtiéndolo en “aditivos para cemento, compuesto para hojas de cartón, sellador y adhesivo”. También prohibió las armas de fuego en el sitio minero.
Sin embargo, lo que se produjo fue una serie de maniobras políticas y tácticas de intimidación desconcertantes, dijo Ricardo Torres.
“Nos ofreció las perlas de la virgen”, añadió, recordando una oferta que le hizo la compañía de desechos: “‘Como ya no se puede pescar, les vamos a ofrecer trabajo’”, Flores les dijo a los pescadores, según Torres. “Le dijimos que no, que si para retirar el chapopote iban a tirar el agua sin tratar, no contaran con nosotros”.
Don Ricardo explica que, antes de la llegada de Lim del Puerto S.A. de C.V., Pemex les permitía la entrada en la ex unidad minera para acceder a una compuerta de control de inundaciones en épocas de fuertes lluvias. Pero una vez que llegó la compañía, llegaron personas armadas a bloquear el acceso al sitio.
Acceso principal a la Unidad Minera de Texistepec (UMIT) en Veracruz, propiedad de Pemex y fuente de décadas de daños ambientales. Foto por Félix Márquez para palabra.
Los pescadores Jorge Martínez e Ismael Nazario platican frente a la riviera del Río Coatzacoalcos en Paso La Lajilla, en Veracruz. Foto por Félix Márquez para palabra.
“Un día hicimos un plantón para poder hablar con él y el señor nos aventó un Caterpillar (tractor), por poquito y causa un desastre”, recordó Torres.
José Luis Flores, el representante de la compañía, se postuló exitosamente para alcalde de Texistepec, pero falleció de cáncer antes de que pudiera asumir el cargo.
Desde aquellos enfrentamientos, la inusual carrera por la alcaldía, y la llegada de guardias con armas supuestamente prohibidas por el contrato de venta, Lim del Puerto extrajo desechos destinados para chapapote. Los residentes del área dicen que, actualmente, la maquinaria está parada dentro de las instalaciones.
Una vez que llegaron los guardias armados, dijo Torres, los presidentes de las cooperativas decidieron que no podían hacer mucho físicamente para detener la contaminacion. Entonces, buscaron soluciones por la vía legal.
Torres dijo que después de eso fue invitado a una reunión en un hotel, donde recibió una llamada de una persona no identificada advirtiéndole “que aceptara un cheque o era la cárcel”.
En 2008 se dictó una orden de aprehensión en contra de Torres: Pemex lo acusó de lucrar ilegalmente con los pescadores. Torres, quien también es un venerado ministro laico con 480 ahijados en la comunidad, cuenta que se mantuvo escondido durante dos meses, hasta que el gobernador del estado revocó la orden.
(Arriba) Ricardo Torres, almuerza con su sobrino Andrés Torres, su nieto Pablo García, y su nuera Susana Pérez, al interior de su vivienda en la comunidad de Xochitlán Palmillas. (Abajo) Ricardo Torres mira un programa de televisión junto a su nieto, Pablo García. Foto por Félix Márquez para palabra.
¿Una burocracia corrupta?
“Lo que sí avanza son grandes bufetes de abogados que consiguen sacar cientos de millones de pesos a Pemex, a través de redes de corrupción que incluyen jueces, actuarios y peritos,” dijo María del Carmen Carmona Lara, ex subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Coludidos con propietarios de grandes predios, afirmó, los bufetes piden la remediación de daños ambientales con el propósito de que la petrolera compre sus terrenos a precios inflados. “Entonces lo compran y ahí se queda la mugre”, agregó.
Cuando las comunidades locales buscan remediación ambiental por la vía legal, por contaminación atribuida a Pemex, “nadie da seguimiento porque los líderes se cansan, emigran a Estados Unidos, se venden, mueren o Pemex los contenta con cualquier cosa”, dijo Carmona.
A partir del momento en el que los pescadores indígenas ratificaron su demanda, la FGR tiene hasta dos años para completar la investigación y determinar si van a representar a los pescadores indígenas veracruzanos ante un juez de lo penal del fuero federal.
En un juicio, estaría en manos del juez determinar si Pemex es responsable de remediar o no por la contaminación que mató a los peces. “En el proceso judicial exigiremos la reparación del daño ambiental y la indemnización a los pescadores”, dijo el abogado de las cooperativas pesqueras, Vadir Arvizu.
Si, en la eventual sentencia, “el juez no colmara los alcances de la reparación, como nosotros pretendemos, tomaremos toda la carpeta de investigación como prueba y demandaremos a Pemex directamente en un proceso civil de responsabilidad ambiental, con el mismo objetivo: reparar el daño e indemnizar a los pescadores”, señaló Arvizu.
El proceso tomará tiempo, y las probabilidades están en su contra, pero los pescadores afirman que aprovecharán al máximo una legislación relativamente nueva, la Ley de Responsabilidad Ambiental de 2013, y los servicios de Arvizu, un destacado experto en las leyes ambientales de México. (Arvizu se recibió con la primera maestría de su tipo en leyes ambientales de la Universidad Autónoma de México en 2011).
Pemex y un megaproyecto presidencial
En los últimos dos informes empresariales de Pemex, la ex unidad minera desaparece de los sitios que son propiedad de la potencia petrolera y que pueden afectar el medio ambiente local. En su más reciente informe sobre la estrategia ambiental, la compañía indicó que tenía previsto cesar todas las actividades en el sitio de la mina y vender los terrenos.
Y complicando aún más el futuro del sitio de la mina, la compañía señala dos fallos de cortes federales que confirman que fracciones fueron invadidas por pobladores que establecieron un ejido comunal. Pemex argumenta que en 2018 funcionarios ambientales federales enviaron un correo electrónico al Ayuntamiento de Texistepec donde informaban al gobierno del municipio de ser el verdadero dueño de la mina y por lo tanto responsable de su remediación, basándose en las decisiones de la corte.
Los pescadores y ambientalistas afirman que todos los informes y fallos en conflicto han creado un desorden legal, y que deja a los residentes locales de Veracruz a enfrentarse a la contaminación y pérdida de ingresos.
(Arriba) El niño Pablo García, y su madre Susana Pérez, juegan con un becerro en la comunidad de Xochitlán Palmillas (Abajo) Vista del Estero Mozapan, en el río Coatzacoalcos, en Veracruz. Foto por Félix Márquez para palabra.
En la actualidad, no está claro quién será responsable por la remediación, ni a quién le pertenece la antigua mina. No obstante, en un boletín informativo en 2019, la compañía afirmó que “invadir áreas de Pemex es un delito”.
Mientras tanto, ha surgido otro giro importante que podría limitar la pesca tradicional en partes del terreno donde trabajan las cooperativas:
El 28 de diciembre de 2020, el organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, creado por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, adquirió 481 hectáreas de predios colindantes con la ex unidad minera.
Dicho corredor, uno de los megaproyectos de infraestructura de la actual presidencia, pretende ser un puente ferroviario de 310 km que uniría el puerto de Salina Cruz en el Pacífico al ajetreado Puerto de Coatzacoalcos en Veracruz.
La escritura de venta de la tierra cerca de la antigua mina, obtenida por una petición de información pública, dice que el área ahora, antes designada a la pesca y la agricultura ahora será para usos industriales y comerciales.
El pasado 27 de noviembre de 2021 López Obrador visitó el municipio de Texistepec. Los pescadores que denuncian a Pemex ante la FGR pidieron hablar con él sobre la contaminación de los ríos, proveniente de la ex azufrera. No les fue permitido.
Apenas un mes antes de su visita, el presidente declaró públicamente que el ecologismo fue creado por el neoliberalismo para distraer a la población de “los saqueos en el mundo”.
El tiempo se convierte en barrera
“Siempre recuerdo las palabras de mi maestro, el obispo de Chiapas Samuel Ruiz”, dijo el pescador y religioso Ricardo Torres. “A nosotros nos dijo: ‘el diploma de un líder natural, de un luchador social, es la cárcel o el cementerio’”.
Torres dijo que recientemente fue amenazado nuevamente por insistir públicamente y de forma interminable que las comunidades pobres cerca de la antigua mina necesitan ayuda urgentemente.
Dijo estar consciente que la remediación puede tardar años en comenzar.
Torres sufre de cáncer del hígado y, desde que se contagió de COVID-19, no consigue dormir ni en la hamaca, ni en la cama, ni en el piso, porque le duelen los pulmones.
El hombre de 67 años asegura que no va a descansar hasta ver la contaminación 100% saneada.
“Nací en Texistepec, quiero a mi pueblo, quiero a Veracruz y quiero a mi tierra”, dijo Torres. “La quiero como cuando la conocí, no como ahorita que está hecha una cochinada. Si no hay agua limpia no hay vida, y por eso estamos luchando”.
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Alice Pipitone es una periodista de investigación independiente en México, donde ha colaborado con varios medios de radio, digitales e impresos. En Washington, D.C., ha contribuido para Newsweek en español. Y, en Colombia, trabajó con la unidad de investigación de la revista económica Dinero.
Félix Márquez es un fotógrafo independiente y periodista visual que trabaja en México. Se ha especializado en la cobertura de la guerra contra el narcotráfico, la emigración, los derechos humanos y la vida de los niños en Latinoamérica. Es organizador del Festival de Fotografía “Mirar Distinto”. Sus fotografías se han exhibido colectivamente y de forma individual en Nueva York, México, Noruega, Ecuador y Chile.