Refugio
A pesar de que la temperatura en el exterior es fría, el interior de la casa de defensoras Basoa en el País Vasco ofrece calor humano a las activistas que encuentran refugio en sus paredes. 2 de abril 2022. Foto por Mª Ángeles Fernández
Dalila Argueta tuvo que abandonar Honduras por su oposición a una mina con intereses estadounidenses detrás. Vive exiliada en el País Vasco, en un hogar autogestionado para quienes luchan por los derechos humanos
Nota del editor: Para leer una versión en inglés haz clic aquí.
Traducido por Patricia Guadalupe
Dalila Argueta no cesa de moverse de un lado a otro. Hace de perfecta anfitriona, aunque lleva poco tiempo en su nuevo hogar: la casa de defensoras Basoa, un espacio comunitario y autogestionado erigido hace pocos meses a 30 kilómetros de Bilbao, al norte de España.
El tamaño de la casa, un espacio de encuentro, impone: cuatro plantas, medio centenar de camas, y una gran cocina con sus múltiples cacharros; cuartos de baño y duchas, chimenea, biblioteca, unos luminosos ventanales y un amplio jardín con árboles. Más de cuarenta mujeres activistas ecofeministas llegadas de diferentes países de América Latina, España, y Senegal están reunidas para tejer alianzas transnacionales “frente al poder corporativo”, reza la convocatoria de la organización Paz con Dignidad.
Defensora de derechos humanos y del territorio de la comunidad y del Río Guapinol (Honduras), Dalila, inquieta y menuda, es una de las primeras moradoras de Basoa. “No solo acogen, sino que Basoa hace también de altavoz de mi lucha”, explica. La suya es una resistencia contra la mina de hierro que oxida su tierra natal desde hace cinco años, después de que la compañía hondureña Inversiones Los Pinares obtuviera la concesión para la explotación minera de la montaña Botaderos.
Dalila Argueta en la biblioteca de Basoa. Foto por J. Marcos
Botaderos se sitúa en el corredor biológico mesoamericano del caribe hondureño. De la montaña nacen 34 fuentes de agua y es parte de un parque nacional protegido desde 2012. El plan de manejo del gobierno hondureño 2013-2024 establece una zona de más de 24,000 hectáreas donde no está permitida ninguna actividad agrícola, pastoril, o de aprovechamiento forestal; tampoco de minería, construcción de represas, o instalación de antenas.
Esta condición duró poco debido a un decreto de finales de 2013 que redujo el área protegida a pesar de la oposición de varias instituciones hondureñas. Tras este cambio, Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario hondureño Lenir Pérez, obtuvo la concesión para construir la mina.
Agua lodosa, dinero “gringo”
Apenas iniciaron los trabajos de construcción en torno a la mina, Dalila se volcó en la lucha que cambiaría su vida y que al final la obligaría a dejar su país. En su comunidad el agua se convirtió en “puro lodo” y dejó de servir para apagar la sed. “Ni los cerdos ni las vacas tomaban el agua lodosa. La gente empezó a comprar botellones”, recuerda. Las comunidades no tardaron en oponerse al proyecto, cuyo mineral tenía previsto comprar Nucor, la principal empresa productora de acero de Estados Unidos.
Una investigación periodística en la que se aliaron el medio hondureño Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, y Univisión Investiga, reveló que Nucor estuvo asociada a Inversiones Los Pinares de manera opaca a través de una subsidiaria en Panamá. “No es fácil saber que existen todas estas capas de empresas”, relata a palabra Jennifer Ávila, directora y cofundadora de Contracorriente. La gente de las comunidades contaba que “llegaban gringos”, pero para comprobar este vínculo se requirió de una filtración y varios meses de trabajo periodístico, en los que se encontró, entre otras cosas, el vínculo empresarial entre Nucor y Lenir Pérez, que comenzó en 2015. Nucor declaró que en 2019 salió de este proyecto debido a las protestas sociales.
‘Allá se paga mucho precio por la denuncia’.
Tras las primeras manifestaciones ciudadanas, se organizó un campamento para evitar el acceso de la maquinaria a la zona asignada para el proyecto. Duró tres meses, hasta que a finales de octubre de 2018 fue desalojado con violencia, según documentaron organizaciones como Amnistía Internacional. “Ahí empezaron a judicializar a nuestros compañeros”, relata Dalila. “Allá se paga mucho precio por la denuncia”. Ocho activistas fueron encarcelados en agosto de 2019 de forma preventiva, y durante los dos años posteriores hubo pronunciamientos y peticiones de libertad para los llamados “ocho de Guapinol” por parte de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, y congresistas de Estados Unidos.
Unos meses antes de la detención, Dalila logró salir de Honduras. Pensó en irse con sus hijos a Estados Unidos, pero rápidamente descartó entrar de manera ilegal en el país. “Me daba vértigo que me pasara algo en ese camino, porque una cosa es que yo aguante lo que tenga que aguantar, pero otra cosa es que les pase algo a mis hijos por mí”, explica. Entonces aparecieron colectivos como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, que la sacaron de forma segura y legal rumbo a España el 4 de abril de 2019.
Participantes en un encuentro ecofeminista celebrado en Basoa el 2 de abril de 2022. Foto por Mª Ángeles Fernández
Asilo para pocas, una casa para todas
Para quedarse en España, Dalila tuvo que demostrar que su vida corría peligro en Honduras. El proceso de solicitud de asilo es complicado para quienes, como ella, salen de países donde no existe un conflicto bélico explícito o un desastre natural. Tanto en el caso de España, como en el de Estados Unidos, las personas originarias de Honduras ocupan el tercer lugar entre los solicitantes de asilo, a pesar de que el porcentaje de aprobación durante 2021 en el primer país fue del 10%, y en el segundo del 8%.
Las víctimas de represión social no suelen ser reconocidas como candidatas a la protección; la paradoja es que, con frecuencia, los países que niegan el asilo son los mismos donde residen las empresas cuyo capital genera el conflicto social que obliga a los activistas a salir. El caso de Nucor, con sede en Carolina del Norte, es un buen ejemplo: una empresa que financió las campañas de Donald Trump, y que entre sus directivos ha tenido tanto a un asesor del expresidente, como al actual Secretario de Defensa Lloyd Austin del gobierno del presidente Joe Biden.
La casa Basoa, situada en el valle de Arratia, País Vasco (España). 28 de marzo de 2022. Foto por J. Marcos
“Solo es necesario que mires de dónde venimos. Los pueblos están siendo asesinados”, subraya Dalila. El último informe de Global Witness recoge que en 2020 Honduras registró 17 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Tres años antes, la organización ya había advertido, en un documento donde se menciona específicamente a Lenir Pérez, que Honduras es el lugar más peligroso para defender el planeta, apuntando que “las empresas son responsables”. Dalila lo tiene claro: “Ninguna empresa minera es desarrollo para el territorio del que se extrae; es desarrollo para el que saquea, pero no para quien sufre las consecuencias”.
El relato de Dalila es vívido y lleno de reflexiones. No conoce al detalle el entramado empresarial, pero sabe en primera persona lo que implica la crítica a los proyectos extractivos, y también lo que abrazan las muestras de solidaridad. Trescientas personas donaron unos de $31,000 para acometer parte de las obras necesarias en Basoa, un proyecto que partió de la Red Artea, que acoge a personas migrantes.
Dalila Argueta (izquierda) prepara pasta vegana junto a una compañera en Basoa. 2 de abril de 2022. Foto por Mª Ángeles Fernández
La activista y abogada vasca Olatz Talavera también vive en Basoa y es una de sus impulsoras. “Nos dimos cuenta de que necesitamos un lugar para reflexionar, y empezamos a soñar ese espacio de transformación social”. Un sueño hecho realidad que, además de Dalila, Olatz, y otras personas, tiene una habitación para cuando la defensora ambiental exiliada Lolita Chávez, oriunda de Guatemala, visita el País Vasco.
Y mientras continúan los arreglos en el interior de la casa, las obras de la minería en Botaderos no cesan. Lenir Pérez ha ampliado sus negocios en nuevos sectores como el aeroportuario; Nucor reporta ganancias récord durante los primeros seis meses de 2022, y Dalila, quien no puede volver a su tierra, ni ver sus montañas, ni bañarse en su río, se ha reencontrado con su hija y con su hijo, a los que ha logrado llevar a España.
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Mª Ángeles Fernández. Periodista freelance y en el equipo de coordinación de Pikara Magazine.
J. Marcos. Precariedad. Filosofía. Periodismo. Hacedor de preguntas freelance desde esos tres horizontes vitales.