No existe un mecanismo unificado para cruzar el ADN de familiares que buscan a migrantes desaparecidos con los restos sin identificar en las morgues de Estados Unidos. Entonces ¿quiénes y cómo los identifican?

Nota de la editora: Este reportaje forma parte de la serie “Migrar y Desaparecer”.

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Verónica Liso
@Lisocracia

Rosario Marina
@RosarioMarina_

Gabriela Villegas
@Gab_Villegas_

Andrea Godínez
@vengo_delmar

Una persona llega al desierto de Sonora. Camina kilómetros y kilómetros entre el polvo y las cuevas de serpientes. Se esconde de los helicópteros, motos y camionetas de la patrulla fronteriza. A medida que se adentra en tierras inhóspitas, la ropa se le llena de espinas de cactus, finas como un pelo, punzantes como una aguja. Lleva cuantas botellas de agua pueda cargar, sabiendo que no le alcanzarán para todo el camino. Atraviesa el desierto abrasador durante días, semanas y, cuando el sol se esconde, busca un árbol, tal vez de mezquite, y duerme abrazado a sus piernas.

Una persona que se lanza al desierto con el fin de llegar a Estados Unidos, lo sospeche o no, puede morir intentándolo debido tanto al calor extremo del verano, como a las temperaturas bajas del invierno. Si eso sucede, en pocos días su cuerpo, su nombre, su país y su historia se borran hasta convertirse en huesos.

Donde muere, donde quedan esos huesos, determina sus posibilidades de recuperar su identidad y volver a su familia.

En los últimos años, el uso del ADN ha hecho posible identificar a personas migrantes que murieron en el desierto incluso hace 30 o 40 años. Científicamente ya no es un problema. La dificultad está en la falta de recursos económicos para hacer las pruebas; las barreras para cruzar los ADNs de las familias con los de las personas halladas; y la inexistencia de protocolos unificados cuando aparece un cuerpo en los condados fronterizos.

Morir en Arizona

Desde la década de 1990, los migrantes de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos lo han hecho principalmente por rutas que llegan a los estados de Arizona y Texas. Las posibilidades de que un migrante que muere sea identificado varían dependiendo del territorio en que se encuentre.

Arizona tiene solo cuatro condados fronterizos con México: Cochise, Pima, Santa Cruz y Yuma. Todos menos Yuma dependen del Médico Forense de Pima. Por lo tanto, los restos de los migrantes desaparecidos están altamente centralizados en dicha oficina forense.

Gene Hernández, supervisor de investigadores médico-legales de muertes del Condado Pima, habla con las manos enlazadas, la placa de sheriff colgada de su cuello, en un español intrincado: “Cuando comencé aquí yo fui la única persona que hablaba español”, dice.

*Gene Hernández, forense de la morgue del Condado Pima, dentro del camión donde se almacenan cajas de huesos de migrantes que fallecieron en la frontera. Foto de Andrea Godínez*

Gene lleva el apellido Hernández porque su padre fue un migrante mexicano que viajó a Estados Unidos, quizás con los mismos deseos de quienes esperan ser identificados en las cajas con las que Gene trabaja. Gene nació en Estados Unidos y aprendió a hablar español siendo adulto, porque se casó con una mujer mexicana. Cuando era niño, su padre casi no hablaba español en casa.

Durante mucho tiempo, Hernández era el encargado de comunicarse con los familiares de los migrantes fallecidos que acababan de identificar. El forense dice que, en 22 años en su cargo, el caso que más lo marcó fue el de dos cuerpos que encontraron juntos: una madre guatemalteca con su hija. Solo quedaban huesos.

Su oficina podría ser la de un guionista de cine. Tiene cuadros con los afiches de producciones audiovisuales en las que ha participado, como “The Undocumented”, “Narco cultura” y cientos de objetos: una silla azul con la caricatura de Dick Tracy, el investigador de policía más famoso de las tiras cómicas estadounidenses; una repisa llena de muñecos que retrata a deportistas de béisbol, baloncesto y fútbol americano; tarjetas de presentación encajadas entre las muelas de un tarjetero que simula ser el esqueleto de una mandíbula; una plancha de corcho que tiene pinchada una foto de él y su esposa disfrazados de John Lennon y Yoko Ono.

La oficina da un pasillo que desemboca en un estacionamiento. Ahí, hace más de 10 años, hay un tráiler. El forense abre las dos puertas del tráiler. Baja una escalera plegable con tres peldaños, la acomoda en el piso pegada al borde y sube. Arriba, se pierde entre las filas de cajas de cartón apiladas, una encima de la otra, del piso al techo. Son 200 cajas; en cada caja puede haber restos de una o dos personas.

Por cada caja también hay una familia que espera, en algún país al sur de Estados Unidos.

*Un tráiler estacionado afuera de la Oficina del Médico Forense del Condado Pima en el que se guardan cajas con los restos de migrantes fallecidos en el desierto. Foto de Andrea Godínez*

Ella no se mordía las uñas

Los cuerpos en el desierto se deterioran rápidamente. En menos de una semana se convierten en huesos. Eso no solo hace más difícil y más costoso lograr una identificación, sino que también deja a las familias con muchas interrogantes.

“Ellos no quieren creer que es posible que hablaron con su hermana hace cuatro semanas y ahorita tú estás diciendo que la persona es casi puros huesos”, explica Gene. Habla una familia y te dice: ‘Mi hermana tenía un lunar en la nariz’ y ¿cómo le puedes decir que ya no hay nariz?”

En las cajas del tráiler de la morgue de Pima, junto con los huesos, están las últimas pertenencias de los migrantes: ropa hecha girones, zapatillas resecas, hebillas de cinturones oxidados, imágenes de la virgen con una oración en el dorso, billetes, celulares, pequeños papeles con números de teléfono.

*Caso 21-0493* *en NamUS. Restos de un hombre de entre 25 y 45 años encontrado en Big Fields Village, Arizona. Foto de Andrea Godínez*

“Los restos llegan a través de diferentes organizaciones. Le avisan a las autoridades y ellos a nosotros. Puede ser la policía del Condado Pima, de los Tohono Oʼodham (una comunidad nativo americana de la zona) o la patrulla fronteriza”, explica Hernández.

Una vez que los reciben, les asignan un número de caso que será el único que tengan hasta que se logre la identificación. Los médicos forenses hacen el primer examen. Luego los especialistas antropólogos intentan determinar la edad, el género, cómo y por qué murieron, si es que pueden averiguarlo. Toda esa información la cargan en la base pública digital y gratuita NamUS, que cualquier persona puede consultar.

A partir de ahí empieza el trabajo más difícil: encontrar a las familias.

En 2006, Robin Reineke, que cursaba un posgrado en antropología cultural en la Universidad de Arizona, inició sus prácticas con el doctor Bruce Anderson en la Oficina del Médico Forense de Pima. Descubrió que las familias de migrantes llamaban por teléfono todos los días y el personal de la oficina hacía “informes de cortesía” no oficiales, que anotaban a mano y que contenían no solo la información habitual, como el nombre, la edad, la fecha de la última vez que se vio a la persona desaparecida, sino también notas escritas a mano en los márgenes que decían: “Ella era una buena persona" o “No se mordía las uñas”.

Por año había entre 350 y 400 reportes, escritos a mano en su mayoría, y el equipo no daba abasto. Entonces Reineke empezó a digitalizarlo todo. “Lo que aprendí durante este proceso fue que las familias querían un mejor sistema para buscar a los desaparecidos. Estaban cansados de llamar a decenas de oficinas estatales y ONGs (organizaciones no gubernamentales) y que siempre se les diera a entender directa o indirectamente de que estaban llamando al lugar equivocado. Querían poder enviar su ADN para compararlo con los de los muertos no identificados, y querían conocer a otras familias”, escribe Reineke en el artículo académico “Ciudadanía forense entre familias de migrantes desaparecidos en la frontera México-Estados Unidos”.

Así fue como Reineke se convirtió en cofundadora del Centro Colibrí para los Derechos Humanos, una organización que apoya a los forenses de Pima en la búsqueda del ADN de las familias de migrantes desaparecidos en sus países de origen.

Hoy el proceso es así: Si el cuerpo está en condiciones, se toman las huellas dactilares y se investiga si coinciden con algunas registradas en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (IAFIS, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, si la persona fue detenida alguna vez intentando llegar a Estados Unidos, sus datos se registraron y así se puede lograr la identificación.

*Caso número* *21-2565, una mujer hallada en junio de 2021 en San Miguel, Arizona. Foto de Andrea Godínez*

Si no hay huellas, porque los restos están muy deteriorados, y no hay forma de hacer una identificación rápida, se le notifica a Colibrí. La organización se encarga de rastrear a la familia para obtener muestras de ADN. Cuantas más muestras consigan de familiares directos, madre, padre, hermanos, hay más chances de lograr una identificación.

Si los familiares están en Estados Unidos, el equipo de Colibrí intenta recolectar las muestras o pedir a las personas que las envíen por correo. En su canal de Youtube, la organización ofrece tutoriales al respecto. Pero hay un obstáculo: a veces los familiares son inmigrantes sin estatus migratorio y temen ser deportados si se acercan a las autoridades.

En esos casos, Colibrí les asegura que no los van a reportar. “Nosotros tenemos un código en nuestra base de datos para que los nombres de las personas que dejan ADN no sean accesibles para los médicos de la oficina forense, ni para ninguna organización”, explica Mirza Monterroso, directora del proyecto Migrantes Desaparecidos y ADN de Centro Colibrí.

Si los familiares están fuera de Estados Unidos, Colibrí contacta a la red de organizaciones sociales y familiares aliadas, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) en Guatemala, Fundación para la Justicia (FJEDD) en México, entre otras, para coordinar la toma de muestras. A veces, cuando se puede, también viaja alguna persona de su propio equipo.

“El enfoque de nuestro programa es tomar el ADN de las familias que no han encontrado a su ser querido y contrastarlo contra todas las muestras que hay en el laboratorio”, dice Mirza Monterroso, refiriéndose al laboratorio privado Bode Cellmark Forensics en Virginia donde el Condado Pima procesa sus muestras. “Solo de esta oficina forense son alrededor de 1,300 perfiles de personas sin identificar”, explica.

*Pasillos de la Oficina del Médico Forense de Pima que llevan al camión con huesos de migrantes. Foto de Andrea Godínez*

Hay pocos laboratorios que hacen estas pruebas y en los últimos años han aumentado mucho sus precios. Cada muestra de hueso para el cruce genético puede costar $1.375 dólares. Si a eso se le suma el cruce con el ADN de la familia, el reporte puede llegar a costar hasta $4.000. Colibrí cubría los costos del cruce de ADN gracias al aporte económico que recibía del gobierno mexicano, sumado a las becas y financiamientos filántropos que logran reunir.

300 familias esperan

Hace siete años la identificación era más rápida. Como se sabía que un 80% de los migrantes que morían en la frontera eran mexicanos, el gobierno de ese país destinaba una partida presupuestal para las identificaciones. Pero a partir de 2016, dicen en el Centro Colibrí, esto dejó de hacerse.

Se le solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que informara sobre los convenios que tiene con organismos para la identificación y repatriación de cuerpos, así como el presupuesto anual destinado a enviar restos de inmigrantes desde Estados Unidos a México. A través de la respuesta obtenida por solicitudes de acceso a la información pública realizadas por este equipo, se pudo ver que la secretaría ha ido reduciendo su presupuesto para repatriaciones en los últimos nueve años.

El Centro Colibrí recolectó, en los últimos cinco años, 1.888 muestras de ADN referenciales de familia, correspondiente a 854 casos. Esos números prácticamente cambian cada día, porque cada mes llegan más cuerpos y se buscan más ADNs.

Pero cuando México rompió el contrato con el laboratorio, el proceso de cruce de ADN se empezó a frenar. “Hoy tenemos un retraso de 300 casos que no están en el laboratorio. Hay muchas personas que nosotros estamos buscando que tal vez ya están ahí pero no han sido identificadas", explica Monterroso. “Es bien difícil explicarles a las familias lo injusto que es que no haya dinero para procesar las muestras", dice. Migrantes que, aún desaparecidos para sus familias y muertos en una caja, siguen esperando.

*Caso número* *21-2615, una mujer de entre 18 y 30 años encontrada en San Miguel, Arizona. Foto de Andrea Godínez*

Si los rancheros llaman

La situación en Texas es distinta. Primero porque, a diferencia de Arizona que tiene solo cuatro condados fronterizos, Texas tiene 32. Todos estos condados se consideran fronterizos aunque no estén situados en la frontera porque el estado tiene un doble control: además de los condados que se encuentran en la frontera geográfica con México, hay un segundo punto de control policial 60 millas hacia dentro del territorio nacional.

Muchos migrantes cruzan la frontera tratando de esquivar ese segundo punto de control, atravesando extensiones de terrenos privados, y mueren en el camino. En esos casos, recuperar el cuerpo depende de que los rancheros de la zona los encuentren y le avisen a las autoridades. Muchas veces no lo hacen.

A partir del 2021, el riesgo se volcó a las ciudades texanas de McAllen y Eagle Pass, donde incrementaron las muertes de migrantes mexicanos, según coinciden bases de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, el informe Migrant Deaths in South Texas, de Strauss Center de la Universidad de Texas en Austin, insiste en que hay un subregistro por parte de la patrulla fronteriza sobre las muertes de migrantes en el sur de Texas. Destacan tres causas: algunos restos de migrantes tal vez nunca se hallan; los cuerpos de los migrantes ahogados que aparecen del lado mexicano en el Río Bravo no son registrados por CBP; y hay cuerpos en propiedades privadas que no son reportados.

Cuando los rancheros sí llaman a las autoridades, el sheriff del condado o la patrulla fronteriza llega a recoger el cuerpo con un juez de paz que va a determinar los pasos a seguir. De los 32 condados fronterizos, muy pocos tienen una morgue. Por lo que en muchos casos requerirá que se pague hasta $800 dólares por el traslado de los restos hasta la más cercana. Muchas veces los condados no disponen de ese dinero.

*Correos electrónicos intercambiados por investigadores de Texas.* *Pedido de acceso a la información pública hecho por Yael Grauer*

En el mejor de los casos, el juez llama a una casa funeraria que se encarga de trasladar los restos a una morgue para que allí los examinen y le tomen una muestra de ADN. Luego se envían esas muestras a un laboratorio, probablemente al de la Universidad del Norte de Texas, y se abre una ficha del caso en NamUs.

En el peor de los casos, el cuerpo es llevado a un cementerio comunitario y enterrado como persona sin identificar; en inglés se les dice Jane o John Doe.

A pesar de estas dificultades para recuperar e identificar los cuerpos de migrantes fallecidos en Texas, han surgido iniciativas de universidades y organizaciones sociales como el Centro Forense de Antropología que dirige Kate Spradley en la Universidad de Texas en San Marcos. Allí hay un laboratorio que recibe los cuerpos migrantes de los condados que no tienen morgue o que no cuentan con antropólogos para analizar restos óseos.

Además, el centro tiene un programa llamado Operación Identificación, en el que el equipo de antropología visita cementerios comunitarios en los que sospechan que puede haber personas migrantes enterradas, y realizan exhumaciones.

Por su parte, la Universidad del Norte de Texas (UNT) tiene el centro de identificación humana, uno de los laboratorios de identificación genética más grandes de Estados Unidos. Reciben casos de Texas y otros estados.

Proyecto Frontera

Las familias mayas que viven en la montaña de Guatemala, las madres buscadoras de México, las organizaciones sociales que trabajan con esas familias y funcionarios de distintos gobiernos coinciden en algo. Todos nombran al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Se trata de una organización no gubernamental y sin fines de lucro establecida en Argentina en 1986, impulsada por las organizaciones de derechos humanos que luchaban por identificar a las personas desaparecidas en la última dictadura militar del país sudamericano.

Con los años, el EAAF se convirtió en el referente científico de la antropología forense en América. Apoya a distintos países de la región en formación y trabajo de campo en casos particulares. Así fue como en 2005 colaboró con la identificación de víctimas de feminicidio en la ciudad de Juárez en México y empezó a sospechar que la dificultad para la identificación de algunos casos tenía que ver con que esas mujeres eran migrantes y sus desapariciones habían sido denunciadas en otros estados o países de la región.

Entonces, en 2009 nació Proyecto Frontera, un programa que tiene el objetivo de crear un mecanismo regional de intercambio de información forense acerca de migrantes desaparecidos y restos no identificados. En palabras simples, el programa intenta generar los medios para que los países de origen y los países en los que fallecen las personas migrantes trabajen en coordinación.

El proyecto impulsa la creación de bases de datos forenses en los países de origen con la información genética de las familias y forma a forenses locales para dejar capacidad instalada y buscan acuerdos con las morgues en Estados Unidos para cruzar la información genética de los restos que tienen.

Hasta el 31 de marzo de 2023 llevaban documentados 2.059 casos de migrantes no localizados en el camino hacia Estados Unidos.

*Foto: Equipo Argentino de Antropología Forense*

En 2010, el EAAF le propuso a la Oficina del Médico Forense del Condado Pima trabajar en conjunto en la recolección y cruce de ADN y la oficina aceptó de inmediato. Encontraron un método muy simple: como ambas organizaciones trabajan con el mismo laboratorio forense en Estados Unidos, autorizan a ese laboratorio a cruzar los perfiles genéticos de las familias que tiene el EAAF con el de los restos que tiene Pima; de esta forma ninguno accede a la información de los perfiles genéticos del otro. Así se hacen cruces masivos de ADN y han logrado más de 100 identificaciones en 13 años.

También trabajan con el equipo de Spradley en el laboratorio de la Universidad del Norte de Texas. A través de este último lograron un objetivo que venían persiguiendo hace años: CoDIS.

La base del FBI

El Combined DNA Index System (CoDIS) es una base de datos de Estados Unidos que reúne información de perfiles genéticos, es decir, ADN. Está administrada por el FBI, pero tiene tres niveles: nacional, estatal y local.

Usar CoDIS para la identificación de personas migrantes que murieron cruzando la frontera ayudaría a obtener más identificaciones. Para eso deberían ingresar en el sistema los ADNs de las familias que buscan.

Pero las reglas del FBI estipulan que las muestras de posibles familiares que hayan sido tomadas por organismos ajenos a instituciones policiales no pueden ser incluidas. Además exigen nombre, apellido, dirección, y otros datos personales, sobre las personas de las familias que aportan el ADN, que en muchos casos no tienen un estatus migratorio.

Por eso en 2018 el EAAF, junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil de Estado Unidos, México y América Central, con la asistencia legal de la Clínica de Derecho de la Universidad de Berkeley, pidieron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para discutir este tema.

En su intervención Mercedes Doretti, coordinadora del Proyecto Frontera del EAAF, cerró su discurso diciendo: “Estados Unidos tiene la capacidad técnica y los recursos para llevar a cabo esta comparación genética a gran escala. Esto no solo podría servir a las familias de los migrantes desaparecidos, sino también dar un ejemplo destacado de cooperación forense internacional que puede ser un modelo para otros corredores de migrantes alrededor del mundo”.

A partir de ese momento tuvieron algunos avances en las negociaciones con autoridades de los EE. UU. y pudieron trabajar en protocolos y acuerdos de protección de la privacidad para comenzar con el cruce de las muestras genéticas.

Además, como el laboratorio de la Universidad del Norte de Texas administra el nivel local de CoDIS, se abrió la posibilidad de extraer los casos locales que administra la Universidad y cruzarlos con las familias que gestiona el EAAF.

EAAF envía los documentos con los perfiles genéticos de los familiares, la descripción física de la persona desaparecida, información de parentesco y su consentimiento informado, el testimonio de la cadena de custodia, entre otros. UNT analiza esos documentos. Si encuentran que está todo en orden lo suben a la base humanitaria de CoDIS para hacer el cruce.

“En febrero de este año empezamos a ingresar nuestros casos y ya llevamos casi 100 casos ingresados”, dice Doretti.

Entre octubre de 2019 y septiembre de 2022, más de 1,589 migrantes murieron intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Doscientos muertos menos que los que dejó el Huracán Katrina. Estos datos surgen de un pedido de acceso a la información pública, conocido como FOIA en inglés, a CBP, hecho para esta investigación. Los restos de estas personas, si ya se encuentran en territorio estadounidense, pueden terminar en una caja de cartón, cremados, o en una fosa común sin que sus familiares se enteren.

Ofelia Muñóz Valenzuela vivía en Veracruz, México. Su esposo la golpeaba a ella y a su hija. En 1997 decidió escapar. Dejó a su niña con la abuela y emprendió el camino hacia Estados Unidos. En su primer intento fue deportada. Lo iba a volver a intentar, le dijo a su hija la última vez que hablaron por vía telefónica.

En 2011, en una oficina de un sheriff de un condado de Texas, durante una limpieza general encontraron un cráneo. Alguien se lo había entregado en 1998 a un policía que lo guardó en un locker. Era de algún migrante que había muerto en el desierto. Lo mandaron a identificar, y en 2018 se supo que era Ofelia.

Veinte años pasó Elena, su hija, sin saber qué le había ocurrido a su madre.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR, por sus siglas en inglés).

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