Aerolínea COVID-19
Los vuelos de deportación diseminan el coronavirus por América Latina
Nota del Editor: Este artículo es el primero en una serie que explora el impacto del brote de COVID-19 en comunidades de América Latina. Es reportado y publicado con el generoso apoyo del Fund for Investigative Journalism.
By Jenny Manrique
A principios de marzo, Carlos, un comerciante de 24 años, abordó un vuelo desde Bogotá, Colombia, con destino a Indianápolis para ver a su tía en un viaje de compras y turismo. Quería comprar juguetes y ropa para su su primer hijo recién nacido.
Pero lo que Juan creía que era una breve y alegre escapada se convirtió en una estancia de pesadilla en Estados Unidos. Él terminó pasando tres semanas en Florida en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El 30 de marzo fue deportado a Colombia en un vuelo fletado.
Horas después Carlos y decenas de compatriotas colombianos deportados aterrizaron en Bogotá, donde él se enteró de que había sido infectado con COVID-19, el virus que ha paralizado el mundo.
El avión pertenecía a una flotilla usada en un programa acelerado de deportación de ICE Air Operations (IAO). El número de vuelos aumentó justo cuando la pandemia comenzó a propagarse sin control en los Estados Unidos. De enero a mediados de mayo de 2020, más de 300 vuelos habían llegado a 19 países latinoamericanos con más de 70,000 deportados, según datos de ICE.
A la gran mayoría de los deportados no le realizaron pruebas de infección de COVID-19 antes de subirlos a los aviones que los llevarían a sus países.
Durante buena parte del vuelo a Bogotá del 30 de marzo, según varios deportados entrevistados por palabra., los pasajeros estuvieron esposados a sus asientos, y nadie – ni siquiera la tripulación – usaba mascarillas o guantes. Los vuelos de ICE han suscitado la ira de funcionarios en América Latina, que ahora lidian con algunas de las tasas más altas de infección por COVID-19 en el mundo, sistemas de salud insuficientes, y en algunos casos, gobiernos poco solidarios.
Desde entonces ICE ha cambiado su política y está realizando pruebas a más deportados, pero es demasiado tarde para migrantes como Carlos, quienes se quejan de que el gobierno de Estados Unidos los expuso negligentemente a un virus letal.
“Yo viajé con visa de turista, pero al llegar a Miami los agentes de inmigración me interrogaron por varias horas para luego decir que mi intención era pedir asilo político, lo cual no era cierto”, dijo Carlos, hablando por teléfono desde Bogotá, donde pasó su cuarentena. "Yo no hablo inglés, no entendía lo que estaba pasando, pero poco después de ser detenido ya estaba vestido con un uniforme azul y sin acceso a mi teléfono celular ni a un frasco de vitaminas con el que viajo por razones de salud", dijo.
(Carlos pidió a palabra. que usara sólo su primer nombre. Teme a la estigmatización y las represalias.)
Carlos fue enviado al Krome Detention Center en Florida – un sitio que ganó la atención nacional esta primavera por convertirse en un epicentro de COVID-19, con al menos 15 infectados entre personal y detenidos.
Carlos está casi seguro de que fue allí donde contrajo el virus que lo convertiría en algo así como un "Paciente Cero" y probablemente la fuente de infección de al menos 22 personas que volaron con él desde Alexandria, Louisiana, en el vuelo de repatriación.
"Acepté la deportación voluntaria porque no estaba luchando por ningún caso de asilo", dijo Carlos, recordando la opción que le presentaron los agentes de ICE como una forma rápida de volver a casa y evitar la incertidumbre del tiempo de detención. "Sólo quería salir de esa prisión, donde compartía espacio con más de 100 personas... Muchos de ellos tenían síntomas de resfrío y gripe, y nadie [del personal] hacía nada".
El 30 de abril, la Jueza del Tribunal de Distrito Marcia Cooke ordenó a ICE que redujera el número de detenidos de 1,400 a unos 350 en tres centros de detención en Florida, incluyendo Krome. Cuando detuvieron a Carlos, siete detenidos y ocho miembros del personal de Krome ya habían dado positivo al COVID-19, según documentos del tribunal.
"Constantemente preguntábamos a los guardias por qué tanta gente seguía entrando a la prisión", explicó Carlos. "Cuando nos enteramos de las noticias del coronavirus [nos preocupamos porque] hasta los sacerdotes todavía podían entrar a celebrar la misa."
Nicolás Barrera, otro colombiano que estuvo en el vuelo del 30 de marzo a Bogotá, pasó cuatro meses como detenido de ICE, entre Krome y las instalaciones del Condado de Wakulla en Florida. En Krome, declaró, había un edificio con cerca de 100 reclusos en cuarentena, "pero de repente todos estábamos mezclados, y ahí es donde empezó el contagio y el pánico".
"Vi a mucha gente tosiendo y sufriendo resfriados", indicó Barrera. "Los camarotes estaban muy cerca uno de otro."
Barrera y su madre llegaron a Maryland en 2004 con visas de turista. Cuando se les venció la visa, solicitaron asilo; su madre era retirada del ejército colombiano y estaba escapando de las amenazas de muerte del mayor grupo revolucionario de ese país, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Pero perdieron la cita de su primera audiencia de asilo y decidieron quedarse, indocumentados, en la ciudad de Gaithersburg, que era una ciudad santuario.
En noviembre de 2019 Barrera cayó bajo custodia de ICE cuando la policía lo detuvo en Florida porque su auto tenía un faro roto. Su abogado sugirió que solicitara asilo nuevamente. Pero las cortes estaban cerradas debido al virus, y mientras tanto se ordenó su deportación. "Dejé a mi esposa y tres hijos a la deriva [en Maryland]. No puedo creer que me deportaran cuando estaba tratando de reabrir mi caso. Y ahora esta pesadilla".
Al igual que Carlos, Barrera estaba asintomático al llegar a Bogotá.
Según Diego Molano, director del Departamento Administrativo Presidencial en Colombia, el gobierno creía que los deportados habían sido sometidos a pruebas en Estados Unidos. Entonces, cuando los deportados llegaron a Colombia, la Cruz Roja solo les tomó la temperatura y luego la Secretaría de Salud realizó un examen adicional.
Una declaración de ICE de ese período establecía que los protocolos de la agencia para los inmigrantes que tenían "órdenes finales de remoción" incluían "evaluaciones de temperatura en la cola de los vuelos, antes de abordar" y la remisión inmediata a un proveedor médico para evaluación adicional si algún detenido presentaba una “temperatura de 99 grados [37.2°C] o más".
Pruebas en Colombia
"Al entrar en cielo colombiano, pasando sobre la Isla de San Andrés, los oficiales de ICE nos quitaron las esposas y nos dieron mascarillas y guantes. No recibí nada de eso durante ninguno de mis traslados [a diferentes centros de detención de ICE]", declaró Carlos.
Después de aterrizar en Colombia, los 64 pasajeros (56 hombres y ocho mujeres) del vuelo procedente de Louisiana fueron puestos en cuarentena en una base militar al sur de Bogotá. A todos los deportados les hicieron la prueba y Carlos fue el único que dio positivo al coronavirus.
El plan inicial del Ministerio de Justicia de Colombia era transportar a todos los deportados a un centro de rehabilitación de Tenjo, un pequeño pueblo cerca de Bogotá. Pero los residentes locales bloquearon la entrada a su pueblo con piedras y volquetas . Temían que los deportados los infectaran.
"Como sufro de rinitis, mi primera noche durmiendo en una tienda de campaña [en la base militar] con aire acondicionado fue difícil", recordó Carlos. "Cuando llegaron los resultados, no tenía ningún otro síntoma, pero me aislaron inmediatamente."
Una segunda ronda de pruebas 10 días después reveló que 22 deportados más tenían el coronavirus. El relato de Carlos fue corroborado por seis de los inmigrantes infectados que hablaron con palabra.
“Después de la primera [prueba] positiva, comenzamos a tomar turnos comiendo en grupos más pequeños” dijo Karen Rivera, de 32 años, quien es auxiliar de enfermería y asistió a una médica en la base militar, tomando la temperatura y muestras de sangre, y haciendo otros exámenes al resto de los deportados, en un clima caluroso de casi 38 grados. Ella fue una de las tres mujeres que dio positivo en la prueba después de aterrizar en Colombia.
“[En la base] pasamos muchísimo tiempo juntos sin lavarnos las manos debidamente y ni siquiera usando mascarillas desechables”, aseguró Rivera al hablar por teléfono desde el Hotel Tequendama en Bogotá, donde pasó 20 días en cuarentena con otros cinco deportados después de que sus pruebas dieran positivo. Ella se enfermó gravemente: sufrió fuertes dolores de cabeza “como cuando tienes guayabo [resaca]”, fatiga muscular, diarrea, pérdida del gusto y olfato, acidez estomacal, e incluso ataques de pánico. Dijo tener una condición preexistente, edema pulmonar, por lo que estaba “orando todos los días por mi vida”.
En custodia sin distanciamiento social
Rivera regresó a Colombia después de una larga estancia en Estados Unidos que comenzó con un vuelo desde México, donde solía residir. . A principios de febrero viajó a Tampa para visitar a su hija de 9 años. Pero en su primera parada, el Aeropuerto Internacional de Miami, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos separaron su equipaje para realizar una inspección aleatoria de drogas. No le encontraron ninguna, pero Rivera, quien viajaba con visa de turista, fue acusada de intentar entrar a Estados Unidos para trabajar, lo que su visa no permitía.
La enviaron al Broward Transitional Center (BTC) en Pompano Beach, Florida. Al igual que Krome, el centro de Broward había recibido la orden judicial de disminuir la población de reclusos debido al brote de coronavirus.
"Me detuvieron en una unidad con otras 120 mujeres," indicó Rivera. "Dormíamos seis por habitación, compartíamos un baño y no teníamos acceso ni a papel higiénico ni a toallas higiénicas ... Al principio teníamos actividades recreativas tres veces al día, pero a mediados de marzo hubo un rumor de seis contagiosy nos encerraron las 24 horas del día. ... Yo no tuve acceso a mi medicamento para la ansiedad. Para colmo, los arrestos nunca cesaron; [llegaban más personas] y el lugar estaba abarrotado".
Aunque señalaron que las condiciones de la cuarentena en la base militar colombiana eran mejores que en los centros de detención de ICE, los deportados contaron que también allí tuvieron que compartir espacios como baños y pequeñas mesas de comedor. Dormían en camarotes, 14 personas por carpa, con la excepción de las ocho mujeres, que tenían su propia carpa. En total, 64 personas tenían acceso a 12 baños y 20 duchas.
"La higiene era muy irregular. Teníamos un trapero, una escoba y un basurero por carpa. Era nuestro deber limpiar los baños, pero no había suficiente jabón, y aún menos guantes de limpieza", señaló Julián Mesa, de 34 años, quien habló desde su casa en Donmatías, Antioquia, un pequeño pueblo andino a 30 millas de Medellín. La migración desde este pueblo a la zona este de Boston - donde ICE detuvo a Mesa en septiembre de 2019 - ha sido tan constante que en la actualidad hay 4,000 colombianos viviendo en esa parte de Nueva Inglaterra.
"Una vez que el número de infectados [del vuelo del 30 de marzo] comenzó a aumentar, llegaron ambulancias para transportarnos al Hotel Tequendama, al Hospital Militar de Bogotá o a nuestros respectivos pueblos. Pero todo era muy improvisado" recordó Mesa. "Tuve que pedir protección a mi municipio, para no tener represalias al volver a casa".
En toda América Latina, los deportados que han regresado desde Estados Unidos, con o sin infecciones de coronavirus, han sido amenazados por los locales. En Guatemala, campesinos anunciaron a los funcionarios del gobierno federal que lincharían a un ex detenido si se le permitía volver a su pueblo.
Para Mesa, el virus se manifestó primero como una gripe leve y dolor en las articulaciones. Todo el viaje fue "aterrador". Mesa pasó seis meses en el Correccional del Condado de Bristol en Massachusetts mientras esperaba una apelación de fianza para poder ser liberado para su audiencia de asilo. Dijo que fue detenido por primera vez en 2013, en McAllen, Texas, después de escapar de amenazas en Colombia, cruzar la frontera de Estados Unidos ilegalmente y solicitar asilo.
"Quería luchar [por] mi asilo, pero a mediados de marzo, cuando la embajada colombiana confirmó [que aceptaría] el vuelo de regreso a mi país, aproveché la oportunidad", dijo Mesa. "Las condiciones en Bristol eran aterradoras. Varios guardias estaban infectados, dos prisioneros que dieron positivo fueron aislados, pero seguíamos compartiendo camarotes con más de 60 personas por unidad. Protestamos. Exigimos pruebas de coronavirus. Pero [las autoridades] no hicieron nada."
El 12 de mayo, el Juez del Tribunal de Distrito William Young ordenó la liberación de decenas de detenidos de ICE de los correccionales del Condado de Bristol, después de que se presentara una demanda colectiva a nombre de 148 detenidos que tenían cargos civiles de inmigración.
"Este centro ya era conocido por su mala atención médica, sus malas condiciones sanitarias y sus altísimas tasas de suicidio, por lo que nos preocupó mucho lo que iba a suceder aquí después del brote de coronavirus", señaló Oren Nimni, abogado de Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Civiles), un grupo sin ánimo de lucro que representa a los individuos en la demanda.
El juez ordenó que se hicieran pruebas a todos los detenidos y al personal de ICE, y que se liberara o transfiriera a los inmigrantes de Bristol. Hasta la fecha, 18 guardias y enfermeras de ICE han dado positivo y se han liberado a 50 detenidos. "Tenemos informes, por nuestros clientes ahí adentro, de que en efecto han aumentado las pruebas", dijo Nimni, añadiendo que los detenidos todavía se quejan de que el personal amenaza con confinamiento solitario a quien pida una prueba.
Deportación: La salida
La situación en Bristol es similar a la de otros centros de detención de ICE donde los colombianos del vuelo de marzo a Bogotá estuvieron detenidos. En relatos individuales, los deportados denuncian la falta de distanciamiento social, de pruebas y de mascarillas mientras estaban bajo custodia de ICE y mientras eran trasladados a la zona de espera previa al vuelo en Louisiana.
Expertos en salud pública de Estados Unidosdicen que, en escenarios optimistas, unos siete de cada 10 individuos bajo custodia del gobierno de Estados Unidos por razones migratorias pueden resultar infectados de coronavirus.
"Me detuvieron con cerca de 100 personas, la mayoría de Guatemala", contó Aristóbulo Varón, de 52 años, quien estuvo dos meses en el centro de detención de Port Isabel en Los Fresnos, Texas.
"Cuando nos enteramos del número de muertes y del cierre de las fronteras [de Estados Unidos], empezamos a sentirnos muy ansiosos", dijo Varón. "Vimos algunos reclusos [asiáticos] que fueron chequeados y luego aislados. Pero no fue así para el resto de nosotros."
Varón explicó que vivió 20 años en México, y lo detuvieron después de cruzar el Río Grande hacia Texas, cerca de McAllen.
Varón dijo que en Port Isabel el estrés ocasionado por el virus comenzó a afectar mucho a algunos reclusos, especialmente a quienes habían esperado años para poder pelear sus casos de inmigración en las cortes de Estados Unidos. Ahora la prioridad era ser evacuados, lo que también les generó mucha ansiedad.
Varón recordó haber visto al personal médico ir de un búnker a otro, hablando de lavarse las manos y mantener distancias seguras, cosas imposibles de hacer por las condiciones de hacinamiento. "Se suspendieron algunas actividades como las llamadas telefónicas, las visitas e incluso el cambio de moneda. Ya no permitían que la gente entrara a la cárcel. Pero la incertidumbre fue mayor y algunas personas sugirieron hacer una huelga de hambre."
Siete reclusos colombianos en Port Isabel, incluyendo Varón, se alegraron mucho al enterarse de que volverían a Colombia. Lo que no sabían era que estaban a punto de pasar varios días en tránsito... siendo transferidos de un centro a otro. A menudo ICE lleva por varias instalaciones a quienes tienen órdenes de deportación. Va recogiendo a más detenidos en otros centros y luego los reúne en 13 aeropuertos del sur y oeste de Estados Unidos, dondelos sube a aviones con destino a Latinoamérica.
Transferencias sin EPP
Para los detenidos con destino a Colombia, uno de los puntos de partida es un sitio de ICE cerca de Alexandria, Louisiana, donde al menos 14 de sus empleados han dado positivo al COVID-19, según la agencia.
Los ex detenidos contaron a palabra. que antes de llegar a Louisiana, los aviones de ICE que los transportaban pararon para recoger a más deportados en Georgia, Texas, Indiana, Nueva Jersey, New Hampshire y Tennessee. Declararon que en ningún momento durante sus viajes vieron a agentes de Estados Unidos seguir los protocolos estándar antivirus de usar mascarillas o guantes, o mantener a los pasajeros a distancias prudentes.
Carlos recordó que cuando estaba listo para abordar el vuelo, ya sentía dolores en el cuerpo y tenía un irritante cosquilleo en la garganta, a lo que los oficiales de ICE le ofrecieron hacer gárgaras de agua salada.
En el vuelo los deportados estaban sentados juntos, aunque varios dijeron que había muchos asientos vacíos en el avión fletado, que podía transportar hasta 135 personas.
"El traslado entre sitios, combinando gente de un estado con la de otro, es preocupante", comentó Eunice Cho, abogada del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés). "El personal (de ICE) no usa EPP [equipo de protección personal] y son vectores potenciales. Incluso los detenidos que estuvieron aislados lo son. No hay forma de evitar la transmisión del virus en los aviones".
Cho es coautora de un informe de ACLU publicado a principios de este año. "Zonas Libres de Justicia" investigó a los centros de detención de inmigrantes que se abrieron durante la presidencia de Donald Trump. El informe destaca las condiciones en los centros de detención que, una vez que comenzó la pandemia COVID-19, se convirtieron en grandes problemas para ICE: falta de personal y reducción de costos en las unidades médicas, falta de acceso a higiene adecuada, condiciones insalubres en los dormitorios, y detenciones prolongadas sin libertad condicional.
El informe cubre cinco centros de detención, incluyendo Jackson Parish Correctional Center en Louisiana, donde cinco detenidos entrevistados por palabra. pasaron al menos cuatro noches antes de su vuelo a Colombia.
"Aquí es donde más gente se quejó de la falta de jabón para bañarse, y de materiales de limpieza para sus celdas y baños", indicó Cho, la abogada de ACLU.
Esquivando la bala COVID-19
Gonzalo Botero, de 76 años, dijo que fue detenido en esas condiciones antes de abordar el vuelo del 30 de marzo a Bogotá. El mayor de ese vuelo, Botero sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Después de sobrevivir al coronavirus, Botero dijo que ahora se siente "muy afortunado de estar vivo".
"Lo más irresponsable [que hizo el gobierno colombiano] fue enviarme a casa después del resultado positivo de COVID-19, porque infecté a mi esposa y a su sobrino", señaló Botero desde su casa en Dosquebradas, un pequeño pueblo en las faldas de los Andes en el oeste de Colombia. "[Mi esposa] perdió casi 13 kilos en 10 días."
Sin embargo, todos los miembros de la familia sobrevivieron a la enfermedad y recientemente celebraron el cumpleaños de Botero.
El veterano conductor de tractomula comentó que su cuerpo todavía está destrozado por el dolor de huesos y los escalofríos, y que a menudo le cuesta respirar.
Antes de su deportación, Botero había pasado dos semanas en el Winn Correctional Center, en Louisiana. Allí, recordó Botero, pidió en varias ocasiones una deportación voluntaria. Ya había cumplido una condena de tres años de prisión por tráfico de drogas y estaba ansioso por volver a casa.
"Me liberaron [de la prisión] pero pasé dos meses más encerrado, primero en Nueva Jersey y luego en Louisiana, sin acceso a medicamentos ni médicos", dijo Botero, una afirmación que refleja los hallazgos de ACLU frente a la escasez de personal médico en el centro de Winn.
La falta de personal también era un problema en los centros de detención de Texas, según los inmigrantes que estuvieron allí. Jenny Guerra, de 30 años, fue detenida el 26 de febrero en el Valle del Río Grande después de cruzar la frontera con la esperanza de trabajar y ahorrar dinero para el tratamiento de su epilepsia, que no está cubierto por su seguro de salud en Colombia.
La enviaron a un centro de detención del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos en Donna, Texas, donde durmió en un complejo de tiendas de campaña con 50 mujeres. Después fue transferida a un sitio de ICE cercano, donde compartió celda con otras docenas de otras mujeres. Dijo que dormían en camarotes, compartían duchas e inodoros, y no tenían acceso a jabón.
"Si había rumores de contagio [de coronavirus], los guardias aislaban el dormitorio, pero ningún médico venía a vernos", dijo Guerra en una llamada telefónica desde su casa en Medellín, donde se estaba recuperando de COVID-19. "Tuve una infección de garganta, pero no tuve acceso a amoxicilina ni antibióticos sino hasta que llegué a Colombia."
Ella también estuvo en el vuelo del 30 de marzo a Bogotá, y comentó que cuando se enteró de la infección de Carlos sintió que no había forma de estar a salvo.
"Sentí que me cuidaba bien, pero este virus es como una lotería. Y yo me la gané,” reflexionó Guerra.
Una estrategia de coronavirus cuestionable
Aunque Colombia fue el primer país latinoamericano en realizar pruebas de diagnóstico a principios de febrero, su Instituto Nacional de Salud ha sido cuestionado por su incapacidad de ofrecer resultados precisos y rápidos: problemas técnicos, máquinas averiadas y falsos negativos han sido parte de la problemática del coronavirus en Colombia.
El instituto señaló que no hablaría de resultados de pruebas por ser confidenciales.. Eso hace difícil determinar si Carlos fue realmente quien propagó el virus en el avión. La mitad de los deportados en el vuelo ha dicho que nunca recibió los resultados de dos pruebas que les hicieron tras llegar a Colombia.
Al 30 de junio se habían reportado más de 95,000 casos y 3,200 muertes por coronavirus en Colombia. El gobierno extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio, abriendo gradualmente centros comerciales, salones de belleza y museos, mientras que los restaurantes, bares y gimnasios permanecen cerrados.
Aunque de acuerdo al Ministerio de Defensa casi medio millón de colombianos han sido multados por violar la cuarentena, Colombia tiene significativamente menos casos que otros países latinoamericanos. Según datos de Worldometers, la pandemia en Brasil ha matado a casi 57,000 personas y los casos están aumentando rápidamente hacia el millón y medio de contagios. Perú (282,000 casos) y Chile (279,000 casos) siguieron la pauta de contagio, pero el número de muertes en esos países (9,500 y 5,600 respectivamente) son inferiores a los de México, donde se han reportado 27,000 muertes y más de 220,000 casos.
Todos estos países están recibiendo deportados de Estados Unidos. El gobierno de Guatemala prohibió los vuelos de ICE después de que docenas de pasajeros se infectaran con COVID-19. "Nuestros hospitales tienen una capacidad limitada, pero ahora tenemos que tratar a estos pacientes infectados con una enfermedad que no se originó aquí", dijo el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei durante una reciente entrevista con el Atlantic Council en Washington, D.C.
Más de 300 vuelos
A pesar de todo esto, los vuelos de deportación de ICE continúan hacia América Central y el resto de América Latina, entre otros destinos mundiales.
Witness by the Border, una organización sin fines de lucro con sede en Brownsville, Texas, monitoreó 324 vuelos de deportación de ICE del 1 de enero al 7 de mayo. Según su análisis de los datos recopilados por Flight Aware, los aeropuertos de Texas fueron los puntos de partida de más de la mitad de los vuelos de ICE. Otro 17% partió desde Louisiana, y un 7% más desde Florida. El resto salió de ciudades de California y Arizona. Los destinos incluyen Barbados, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México y Nicaragua.
Otro estudio del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR por sus siglas en inglés), determinó que entre el 3 de febrero y el 30 de junio se habrían llevado a cabo 366 vuelos de deportación de ICE Air a países de América Latina y el Caribe. El CEPR actualiza diariamente una base de datos que muestra las ciudades de salida y llegada, así como las fechas y horas.
En respuesta a una solicitud de palabra., funcionarios de ICE detallaron el número de deportados por país, entre el 1 de enero y el 2 de mayo. El informe incluye las deportaciones hechas a través de ICE Air, vuelos comerciales, y un número menor de personas expulsadas por tierra, cruzando la frontera entre Estados Unidos y México.
Guatemala ha recibido el mayor número de deportados: 26,000. Le siguen los otros dos países del Triángulo Norte de América Central: Honduras, 17,500, y El Salvador, casi 11,000. En Sudamérica, Ecuador recibió 2.000 deportados, y Brasilotros 1,500, siendo estos países los que sufren de los peores brotes de COVID-19 en la región.
Según ICE, 604 ciudadanos han sido deportados a Colombia entre principios de enero y el 2 de mayo de este año. Desde entonces han llegado más detenidos a Colombia y ICE ha cambiado sus protocolos previos a los vuelos: según algunas de las 52 personas que viajaron el 4 de mayo, a todos los detenidos antes de abordar ese vuelo hacia Bogotá, se les hizo la prueba del coronavirus. Otros dos grupos de deportados aterrizaron en Bogotá el 25 de mayo y el 22 de junio. A la fecha no hay reportes de gente infectada con COVID-19 en esos vuelos.
ICE declaró que los nuevos procedimientos responden a una directiva de abril que ordenó a la agencia obtener unas 2,000 pruebas por mes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos "para examinar a los extranjeros en su cuidado y custodia".
"Dada la escasez a nivel nacional", dijo un portavoz de ICE en un correo electrónico, "la agencia probablemente no tendrá suficientes [kits de prueba] para examinar a todos los extranjeros programados para futuras remociones; por lo tanto, ante tal posibilidad, ICE examinará una muestra de la población y dará los resultados al correspondiente gobierno extranjero".
En un reciente comunicado de prensa, ICE también anunció que está ofreciendo "pruebas voluntarias" de detección del virus a todas las personas detenidas en los centros de detención de Tacoma, Washington y Aurora, Colorado, y que considerará hacer lo mismo en otros sitios.
Estos cambios no detendrán las acciones legales de los deportados en el vuelo del 30 de marzo a Bogotá, quienes expresaron sus planes de demandar a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
Carlos, mientras tanto, dijo que gracias a que es joven,su cuerpo fue capaz de luchar contra el virus.
Ahora está de regreso en su ciudad de Antioquia, en las afueras de Medellín. Dice soñar con una vacuna contra el coronavirus y con un universo paralelo en el que nunca intentó visitar a su tía en Indianápolis.
Tan pronto como se recuperó,Carlos pudo reunirse con su familia. Finalmente conoció a su hijo recién nacido. Salió y le compró juguetes y ropa, pero esta vez en Colombia.