Detenidos. Deportados. Infectados.

 
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Cientos de brasileños fueron deportados este verano por funcionarios de inmigración de Estados Unidos. Foto cortesía de Douglas Magno / Folhapress

 
 
 
 

Falta de cuidado preventivo en la ruta que conecta dos naciones líderes en el ranking de COVID-19 pega fuerte a brasileños ex-detenidos en los Estados Unidos: En Governador Valadares, una ciudad al sureste de Brasil con 145 mil habitantes, hay casi 8.000 casos y 267 muertes.

Nota del editor: Esta historia hace parte de una serie que examina el impacto del coronavirus en los detenidos en poder del gobierno de los Estados Unidos, quienes fueron luego deportados a países de América Latina. Muchos de los deportados fueron enviados a casa con infecciones de COVID-19. El reportaje en esta serie fue patrocinado por el Fondo para Periodismo de Investigación. Este artículo también fue elaborado en cooperación con Folha de S. Paolo

* Lea aquí sobre cómo los "vuelos COVID" de ICE convirtieron a un deportado colombiano en un super esparcidor.

* Lea aquí sobre los problemas de atención médica dentro del sistema expansivo de transporte de inmigrantes detenidos de ICE.

Cansado de "trabajar para sobrevivir" en su país de origen, Paulo Passos, un carpintero de 39 años, viajó a México en diciembre de 2019 con el objetivo claro de cruzar, sin permiso, la frontera hacia Estados Unidos -- un país donde ya había vivido durante 11 años antes de regresar a Brasil en 2015.

Pero su plan se echó a perder rápidamente. Fue capturado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos y pasó los siguientes seis meses en tres centros de detención de migrantes diferentes.

Entonces las cosas empeoraron.

A principios de mayo, la propagación de la pandemia mundial, que hasta ese momento Passos solo había visto en la televisión, se hizo realidad en su celda: de 32 detenidos en su edificio en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Nuevo México, 23 dieron positivo por coronavirus. , incluido Passos y otro brasileño. Según ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.), hasta el 4 de octubre, 152 de los detenidos aquí se habían infectado —más del 10% de los 1.089 que ocupan el edificio.

Passos contó que los inmigrantes recibieron una mascarilla por persona días después de conocerse los primeros casos. “Yo la lavaba por la noche y esperaba a que estuviera seca al día siguiente”, dijo. Con literas fijadas en el suelo, el aislamiento era imposible. Los inmigrantes hicieron una huelga de hambre para presionar a que los guardias atendieran a un ecuatoriano que tenía fiebre de 40ºC hacía tres días. “Lo llevaron a la clínica de la prisión, donde estuvo 17 días entre la vida y la muerte”, recordó Passos.

Con bronquitis desde niño y un historial de tres neumonías, Passos tenía miedo de que el COVID-19 afectara su pulmón, pero su único síntoma fue dolor de pecho. Lo deportaron en un vuelo chárter costeado por EE.UU. el 19 de junio, unos pocos días después de que Brasil se convirtiera en el segundo país con más muertes por esa enfermedad en el mundo. El primero ya era Estados Unidos.

Paulo Passos

Paulo Passos

La falta de cuidados preventivos en la ruta que conectaba las dos naciones líderes en el ranking de COVID-19 en el mundo fue algo que chocó a Passos. Los pasajeros recibieron tapabocas, pero vinieron sentados uno al lado del otro. “Había muchos asientos libres, pero no separaron a nadie”, dijo. No había agua en el lavabo para lavarse las manos. La tripulación a veces usaba mascarillas, a veces no.

Midieron su temperatura antes del embarque, pero personas asintomáticas o sin fiebre no levantaban sospecha. “Cuando vine, la pandemia estaba en su punto máximo, todas las cárceles estaban infectadas. Podría haber personas con COVID-19 en el vuelo y nadie lo hubiera sabido”, afirmó.

Al llegar, Passos vio en el aeropuerto un cartel con informaciones sobre el coronavirus, pero nadie se acercó a preguntarle sobre su salud. Como Brasil no estableció cuarentena para viajeros internacionales, los pasajeros fueron directo a sus casas. 

Como muchos deportados, Passos vive en Governador Valadares, una ciudad al sureste del país conocida como el principal polo brasileño de salida de emigrantes para EE.UU. — tanto que es casi imposible para los residentes obtener una visa y viajar legalmente. A comienzos de octubre, el municipio de 145 mil habitantes registraba más de 7,700 casos y 267 muertes por COVID-19.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha mantenido una postura controvertida contra el coronavirus este verano. Foto cortesía de Ettore Chiereguini / Shutterstock

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha mantenido una postura controvertida contra el coronavirus este verano. Foto cortesía de Ettore Chiereguini / Shutterstock

Cambio de protocolos

Además de Passos, palabra entrevistó a varios otros brasileños que llegaron en cuatro vuelos de ICE: el 6 de marzo, el 15 de mayo, el 19 de junio y el 17 de julio. Según los testimonios, los cuidados al principio eran mínimos y mejoraron con el paso de los meses. Aún así, algunas fallas se repitieron en todos ellos: por ejemplo, la falta de distancia entre los pasajeros.

En el vuelo de marzo, cuando la pandemia todavía no tenía tanta fuerza, no hubo ninguna medida sanitaria para los 55 deportados. “Nadie hablaba del coronavirus, no hubo precaución, tapabocas, nada”, contó una pasajera, Camila de Oliveira, de 20 años.

La policía estadounidense la detuvo mientras cruzaba la frontera junto a su madre en septiembre de 2019. Las dos fueron deportadas en distintos momentos — Camila el 6 de marzo y su madre el 15 de mayo con otros 79 brasileños. Cuando fue a recogerla en el aeropuerto Oliveira se dio cuenta de que ICE ya había adoptado prevenciones, aunque no las consideró suficientes. “Midieron la temperatura, dieron tapabocas y alcohol gel. Pero como vinieron esposados, era difícil tener cuidado con la mascarilla, o ponerse el gel. Tampoco les hicieron la prueba de COVID-19, ni aquí ni allá. Y nadie preguntó sobre la salud de mi madre después del desembarque”, dijo.

Otros inmigrantes se quejaron de la falta de atención en los traslados dentro de Estados Unidos antes de ser deportados. A Evanilson Sousa Gomes, 34, lo llevaron en una furgoneta con cinco detenidos desde el Elizabeth Detention Center, en Nueva Jersey, hasta el aeropuerto de Philadelphia. De allá, tomó un vuelo con 24 personas a Louisiana, de donde saldría su avión para Brasil el 28 de mayo. En ninguno de los vehículos se guardó la distancia entre los pasajeros.

Sousa Gomes ya se había infectado de COVID-19 en abril, mientras estaba encarcelado. Él afirma que solo lo aislaron dos días después de que comenzaran sus síntomas, y que solo con la presión de abogados. Las mascarillas llegaron después de ocho días de contaminación en el lugar. Otro brasileño que compartía la celda con Sousa Gomes tuvo la enfermedad la misma semana. Un guardia falleció. “No morimos porque gracias a Dios nuestra salud es buena”, dijo.

Sousa Gomes cuenta que él fue el único a quien le hicieron el test de coronavirus antes de embarcar. Todos vinieron sentados lado a lado. No encontró jabón en el lavabo del aeropuerto. Tampoco le preguntaron sobre síntomas al llegar a Brasil o en los días siguientes. “Ciertamente más gente pudo haberse infectado en la prisión y en el viaje”, afirmó.

"Dos meses después del viaje de Sousa Gomes, llegó a Brasil otro vuelo de ICE el día 17 de julio'. Antes de viajar, algunos inmigrantes pasaron por pruebas de coronavirus y otros, por cuarentena. Les midieron la temperatura cuando salieron de la cárcel, antes y durante el viaje. Usaron cubrebocas, aunque eran muy delgados, y algunos relataron que agentes de ICE les quitaron el accesorio en el trayecto. 

Soldados brasileños desinfectan los vestíbulos del aeropuerto internacional de Río de Janeiro a principios de este verano pandémico. Foto cortesía de Photo Carioca / Shutterstock

Soldados brasileños desinfectan los vestíbulos del aeropuerto internacional de Río de Janeiro a principios de este verano pandémico. Foto cortesía de Photo Carioca / Shutterstock

Según el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR en inglés), aunque ICE pasó de solo tomar temperaturas a los inmigrantes a hacerles test de COVID-19, ya se han confirmado deportados con coronavirus en al menos nueve destinos — México, Colombia, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, El Salvador, Guatemala, India y Rumania.

“Es muy probable que deportados con COVID-19 igualmente hayan llegado a otros países. La diferencia es que dichos países fueron más exitosos al mantener eso en secreto”, afirmó Jake Johnston, investigador del CEPR.

Un portavoz de ICE declaró a palabra que la agencia ha actualizado sus protocolos desde el principio de la pandemia con medidas como el control de temperatura a partir de marzo, y pruebas para la enfermedad en algunos casos desde el 26 de abril. Afirmó, además, que todos los detenidos y empleados reciben tapabocas y son orientados a usarlos en los vuelos.

Sobre los centros de detención, ICE declaró que su ocupación ha sido limitada al 70%, con una reducción del 44% en el número de presos entre marzo y agosto. También dijo que las visitas fueron suspendidas y que se estableció distanciamiento social en los momentos de comida y recreación.

El portavoz aseveró que al igual que otras agencias, “ICE ha sido impactada por la pandemia” y que al principio “los recursos para pruebas eran limitados para todos”, pero afirmó que el número de detenidos testeados “creció significativamente” en los últimos dos meses.

Cientos de brasileños fueron deportados de Estados Unidos esta primavera y verano, exponiendo a muchos al coronavirus. Foto cortesía de Douglas Magno / Folhapress

Cientos de brasileños fueron deportados de Estados Unidos esta primavera y verano, exponiendo a muchos al coronavirus. Foto cortesía de Douglas Magno / Folhapress

Reanudan deportaciones masivas

Desde 2006, el gobierno brasileño no aceptaba vuelos chárter de ICE. Pero en octubre de 2019, ese veto terminó cuando el actual presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, volvió a permitir las deportaciones masivas. En un viaje a Washington en marzo de 2019, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, dijo que los brasileños irregulares en el extranjero son “una vergüenza” para el país. En la época en que se reanudaron los vuelos de ICE, diplomáticos dijeron a la prensa que Trump presionó por las deportaciones durante negociaciones comerciales.

También en 2019, el número de brasileños detenidos al intentar cruzar la frontera entre México y EE.UU. subió más de diez veces en relación al año anterior, pasando de 1,600 a 18 mil casos. 

Según ICE, desde octubre de 2019 hasta el 8 de agosto de 2020, 1,786 brasileños fueron deportados. En el mismo periodo, llegaron a Brasil 18 vuelos chárter con esos inmigrantes, según el aeropuerto de Belo Horizonte, destino final de esos viajes. Quince de ellos ocurrieron después de marzo, tiempo para el que incluso los vuelos internacionales ya se habían suspendido. Palabra conoció que el vuelo más reciente arribó el 25 de septiembre, con 52 deportados.

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De acuerdo con un estudio publicado en julio por la revista Science, el estado de Minas Gerais, donde se ubica este aeropuerto, fue la segunda mayor puerta de entrada del virus en Brasil, detrás solamente de São Paulo.

El 1 de julio, el embajador Michael Kozak, secretario interino de una sección del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo al Congreso que entre los más de 37 mil deportados para América Latina y el Caribe desde marzo hasta mediados de junio, 220 dieron positivo en el test de COVID-19. Más de 190 de ellos en Guatemala y los demás en Colombia, Ecuador, México, Jamaica, Haití y Brasil. 

Corroborar esas cifras es difícil aquí en Brasil, porque el control de pasajeros internacionales después de su llegada es muy débil.

En Brasil los viajeros que vienen del extranjero no pasan por cuarentena ni por pruebas de COVID-19. El servicio médico del aeropuerto solo atiende a pasajeros que voluntariamente relatan síntomas. Según Anvisa, la agencia de vigilancia sanitaria responsable de ese control, en los vuelos de deportados, ninguno de ellos se presentó con sospechas de la enfermedad. Tampoco se acompaña a los pasajeros los primeros 14 días después de su llegada, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ninguno de los entrevistados ha mantenido contacto con autoridades sanitarias. La mayoría tampoco hizo cuarentena en casa.

Diversas instancias del gobierno brasileño, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Salud, y la Policía Federal, respondieron a palabra que no disponen de información sobre posibles infectados en vuelos de deportados.

Anvisa informó que no mide la temperatura de los pasajeros ni recomienda que los aeropuertos lo hagan, “con base en la literatura científica disponible”. Según la agencia, la efectividad de esa medida es incierta ya que el síntoma no siempre está presente, mientras que la inversión en ese procedimiento es alta respecto a su eficacia.

El estudio de la revista Science, que evaluó el impacto de las limitaciones impuestas a la entrada de extranjeros en Brasil, concluyó que hasta finales de abril más de 100 linajes del virus habían ingresado a territorio brasileño, oriundos de diferentes países.La mayoría de ellos entró al país antes de las restricciones a la llegada de extranjeros, lo que indica que las medidas fueron tardías.

La investigación señala que Brasil no adoptó medidas suficientes para evitar la propagación del coronavirus y recomienda ampliar las pruebas, identificar contactos de infectados y adoptar medidas de distanciamiento social, estas últimas criticadas repetidamente por el presidente Bolsonaro.

El mandatario, quien dio positivo en un test en julio, minimizó el COVID-19 en discursos públicos, llegó a llamarle “gripecita” y sostuvo que aunque contrajera la enfermedad no sentiría nada por tener un “historial de atleta”. Él también defiende como cura la cloroquina, una medicina usada para el tratamiento contra la malaria cuya eficacia contra el COVID-19 no ha sido comprobada. 

Con casi 5 millones de casos confirmados de COVID-19 y un promedio de 650 muertes diarias, Brasil estuvo sin ministro de salud desde mayo hasta septiembre — cuando el entonces titular dejó su cargo al discrepar del presidente sobre la cloroquina y el aislamiento social. Antes de él, otro ministro había dimitido por motivo semejante. Actualmente, un general del Ejército ocupa el puesto. El 6 de octubre, el país sobrepasó la marca de 147 mil muertos por la enfermedad.

Flávia Mantovani es reportera en la sección internacional del diario Folha de S.Paulo, en Brasil, y escribe sobre migraciones y derechos humanos desde 2014. Publicó reportajes en la revista española Capital, en BBC Brasil y en medios brasileños como…

Flávia Mantovani es reportera en la sección internacional del diario Folha de S.Paulo, en Brasil, y escribe sobre migraciones y derechos humanos desde 2014. Publicó reportajes en la revista española Capital, en BBC Brasil y en medios brasileños como G1, Veja y Piauí.