Yo también pude haber ido presa
Protesta para demandar que legisladores aprueben una ley en favor del aborto, tras su rechazo en Quito, Ecuador, el 28 de septiembre de 2019. Foto de REUTERS/Daniel Tapia
33 mujeres ecuatorianas han ido a la cárcel por abortar desde el 2009
Nota del editor: Haga click aquí para leer este reportaje en inglés.
“Pregúntame. Yo fui víctima de violencia. Te puedo decir lo que siento. Te puedo describir el dolor de mi cuerpo y la angustia de mi ser. Te puedo decir que ya no soy la misma cuando me miro al espejo. Que desde aquella noche no duermo. Que mis piernas se entumecieron del miedo. Que mi alma se quebró en mil pedazos. Que mi vientre no quería sentir, ni latir”.
Jessica Jaramillo
Estas fueron las declaraciones con las que abrió su testimonio Jessica Jaramillo en la Asamblea Nacional del Ecuador en 2017 como parte de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres ecuatorianas.
Jaramillo, una abogada constitucionalista, decidió trabajar en la defensa de mujeres víctimas de violencia de género después de que, a los 30 años, ella misma fuera violada por dos hombres. Su denuncia permaneció olvidada en el cajón de un fiscal y recién cuatro años después del delito cometido contra ella se iniciaron las investigaciones. El caso de Jessica también es un ejemplo de cómo el sistema le falla por partida doble a las mujeres. El protocolo de salud pública que establece el acceso a la píldora del día después para prevenir embarazos no deseados para las sobrevivientes de violaciones tampoco funcionó para ella. Cuando Jessica solicitó asistencia, no había píldoras disponibles.
El mismo año que Jessica dió ese dramático testimonio en la Asamblea Nacional, 62 mujeres fueron criminalizadas por aborto en el Ecuador. Fueron sentenciadas por la justicia por no haber traído al mundo a un hijo vivo. En algunos casos fueron partos prematuros, en otros abortos espontáneos y, en los demás, interrupciones de embarazos no deseados. En el Ecuador, el aborto se penaliza con hasta dos años de cárcel. Treinta y tres mujeres y niñas ecuatorianas han sido encarceladas por aborto entre el 2009 y el 2019, según Human Rights Watch.
El vientre de una mujer violada no quiere latir ni sentir. Obligar a una mujer violada a parir es una tortura. Sin embargo, a la cárcel no suelen ir los violadores, sino aquellas mujeres que deciden no cargar con el peso del hijo de su abusador.
Ilustración por Xavier Bonilla, caricaturista ecuatoriano.
Ecuador es uno de los países con índices de embarazos adolescentes más altos de la región, superado únicamente por Nicaragua y República Dominicana. La nueva secretaria de Derechos Humanos de Ecuador, Bernarda Ordóñez, aseguró que anualmente “más de 3.000 niñas menores de 14 años son madres, y esto es producto de una violación”.
Según datos oficiales en el 2020, cuatro niñas de 10 años fueron madres. Diez lo fueron a los 11 años, 43 a los 12 años, 338 niñas alumbraron a los 13 años de edad, 1,236 criaturas tuvieron a sus bebés a los 14. Y al menos 3,269 quinceañeras no celebraron su fiesta rosada pues les pesaba su vientre de nueve meses. De ahí en adelante se duplican las cifras.
¡Qué a mí nadie me diga que todas esas niñas quisieron ser madres! Un sistema perverso que hasta abril de 2021 les negaba atención de salud, las obligó a dejar a un lado su infancia, a poner en riesgo su propia vida y pasar por la tortura de parir. Pues la justicia, como la que retrata Bonil en su caricatura, les advirtió que “ni se les ocurra abortar porque además van presas”. Este fue el caso de Lucía, cuyo verdadero nombre decidimos resguardar por su protección.
“Lucía fue violada mientras volvía de la escuela y, en junio de 2015, dio a luz sola en el baño de su casa. El bebé murió. Tenía 15 años cuando fue imputada por aborto y homicidio, y fue condenada a cinco años de prisión por homicidio. Pasó cuatro años y tres meses en una institución de menores luego de haber sido llevada ante un tribunal de adultos …. la persona que violó a Lucía nunca fue detenida ni imputada”.
Human Rights Watch: ¿Por qué me quieren volver hacer sufrir? El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador 2021.
En muchos otros casos, la justicia en Ecuador no impone un castigo tan drástico contra las niñas que han interrumpido embarazos, pero la jurisprudencia ecuatoriana está plagada de sentencias con amonestaciones que las envían a “educarse o reflexionar” en centros de atención infantil como guarderías y orfanatos, no para ayudarlas a ellas, sino para que aprendan a ser buenas madres. “Imagínate una niña que es violada, le ayuda su mamá, o ella misma, aborta. Resulta que el mensaje que recibe es que es delincuente, que ha pecado, que si fuera adulta estaría presa”, me dice con indignación Virginia Gómez de la Torre, activista que lleva décadas luchando por los derechos reproductivos desde la organización Desafío en Ecuador.
Similar al caso de Lucía es el de Gaby, cuyo nombre también resguardamos para evitar que la estigmatización contra ella y su familia sea aún mayor. Gaby tiene 36 años y es oriunda de la costa ecuatoriana. Gaby tenía previsto regresar al campo junto a sus hijas de 6 y 8 años una vez que naciera su tercer hijo, para así escapar de una relación abusiva. Pero en el 2017, a los seis meses de embarazo, tuvo un parto prematuro en el baño de su casa, donde se desmayó. Ensangrentada, fue trasladada al hospital. Antes de prestarle toda la ayuda médica por la emergencia obstétrica, fue interrogada. Sin poder recuperarse aún, con bata hospitalaria, fue detenida y acusada de asesinato.
Ella decidió que prevalezca su espíritu de superación y estudia para finalizar su bachillerato en la cárcel, donde lleva ya cuatro años. La condena inicial por asesinato de 22 años de prisión ha sido reducida a 14 años gracias a la intervención de la organización defensora Surkuna. Mayra Tirira, su abogada, me cuenta que, en el caso de Gaby, atravesado como muchos por la corrupción, la Fiscalía se ensañó: “Ella nos comentó que el fiscal de la causa le pidió $5.000 para olvidarse del proceso”.
A sus hijas recién las podrá volver a abrazar en libertad cuando la menor tenga 20 años.
El vientre de una mujer violada no quiere latir ni sentir. Obligar a una mujer violada a parir es una tortura. Sin embargo, a la cárcel no suelen ir los violadores, sino aquellas mujeres que deciden no cargar con el peso del hijo de su abusador.
A partir del 2014, más personal médico del Ecuador consideró que su obligación era denunciar posibles abortos de mujeres que acudieron a ellos con emergencias. Exámenes médicos no consentidos, preguntas inculpatorias hechas por inquisidores de bata blanca y moralización maltratante en lugar de secreto profesional plagan los expedientes. El 73% de los juicios por abortos se iniciaron por denuncia del personal médico. En casi la totalidad de los casos, la policía interrogó a las mujeres sin la presencia de un abogado. Las mujeres se auto inculparon por el terror a no ser atendidas. Ningún médico ha sido procesado por romper la confidencialidad que le debe a sus pacientes.
Tuit de una activista denunciando la presencia de agentes de la Dirección Nacional de la Policía especializada en Niños y Adolescentes
La discriminatoria tutela patriarcal
Pero la criminalización no es universal. “Tiene rostro y una clase, una etnia y un origen. Las mujeres marginadas son las que enfrentan procesos penales”, dice Ana Vera, directora de Surkuna. Ecuador tiene 18 grupos indígenas diferentes y allí se hablan 14 lenguas nativas. Sin embargo, contraviniendo todos sus derechos, a las mujeres indígenas judicializadas nadie les habla en su lengua, ni les explican o les traducen los procedimientos ni los documentos que les hacen firmar.
Es el caso de Abigail, una joven kichwa de la serranía ecuatoriana, difundido en redes sociales como #JusticiaParaAbigail. Sus nuevas abogadas celebran haber logrado declarar la nulidad del proceso este 20 de agosto. La justicia accedió a revisar su caso, que pese a estar plagado de inconsistencias la ha obligado a trasladarse cada 15 días desde su comunidad a la fiscalía en Ibarra, una ciudad en la provincia de Imbabura, durante lo últimos cuatro años, como medida sustitutoria de la prisión por aborto.
Las mujeres más pobres y con menor grado de educación sufren el mayor maltrato de una tutela patriarcal de médicos y jueces. A ello se suma el machismo de muchas comunidades indígenas o la extrema violencia de género a la que están expuestas, sobre todo las mujeres de la amazonia. El extractivismo petrolero o maderero impone un rudo ambiente de hombres solos y prostíbulos de consuelo. El resultado es mucha violencia sexual y que los cuerpos de las mujeres se consideren desechables. Morona Santiago, una provincia de la amazonía ecuatoriana que representa el 1% de la población nacional, concentra el 11% de los casos de mujeres criminalizadas por aborto. Estas mujeres no acceden a educación ni al sistema de salud, pero son las más castigadas por la justicia.
El 73% de los juicios por abortos se iniciaron por denuncia del personal médico. En casi la totalidad de los casos, la policía interrogó a las mujeres sin la presencia de un abogado. Las mujeres se auto inculparon por el terror a no ser atendidas. Ningún médico ha sido procesado por romper la confidencialidad que le debe a sus pacientes.
Cuando las mujeres decidimos abortar, y llevamos nuestra propia agonía por dentro, lo último en lo que pensamos es en revisar la letra del Código Penal. Al escribir este artículo, he pensado muchas veces que yo pude haber ido presa cuando apenas tenía 24 años e iniciaba mi carrera de periodismo como reportera de la televisión ecuatoriana. En mi decisión no pesaron fiscales, jueces, ni carceleros. Conté con el apoyo de mi pareja, el dinero para pagar a un médico, que clandestinamente me hizo un legrado sin preguntar mi nombre ni aceptar que yo golpeara su puerta por segunda vez en caso de que hubiera alguna complicación después de ingerir el arsenal de antibióticos recetado.
En abril de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador eliminó la discriminación que los mojigatos legisladores inscribieron en el Código Penal. Habían previsto la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación de las mujeres que llamaron “dementes” o de estar en riesgo la salud de la madre. Hoy el derecho se ha ampliado a toda mujer victima de violación, pero volvió a manos de la Asamblea regular los detalles durante los próximos seis meses. Y justo en los detalles está el diablo. Las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos miran con atención que el tiempo para que una mujer pueda decidir practicarse un aborto sea de al menos 22 semanas de embarazo.
Con ello, Ecuador habrá avanzado un paso más y se acercará con su legislación a países como Uruguay, Cuba, Puerto Rico y las Guayanas, que permiten el aborto sin condiciones. En México, donde cada estado tiene sus propias reglas, la Corte Suprema acaba de dar un paso histórico al declarar que es inconstitucional la penalización del aborto y reconocer así el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y optar por ser o no ser madres sin ser enjuiciadas. Argentina lo permite para embarazos de hasta 14 semanas. Por otro lado, en Estados Unidos, Texas ha visto un total retroceso de los derechos reproductivos. Desde este mes de septiembre, el aborto solo es permitido en dicho estado hasta la sexta semana de embarazo, es decir, cuando la mayoría de las mujeres ni si quiera sabemos que estamos gestándo.
Claro que las leyes no lo son todo. En Chile desde el 2017, se permite el aborto por tres causas: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Pero según señaló la activista Javiera Canales en una entrevista con el diario El País, sigue siendo más fácil acceder a abortos clandestinos que buscar ayuda en el sistema de salud. “Nos llaman mujeres a las que no las han dejado abortar, porque los médicos les dicen: ‘No tienes cara de violada y como no te ves afectada, no puedes interrumpir’”.
Yo tenía cara de aterrada, de niña chica con responsabilidad demasiado grande, de primeros años de carrera imaginada truncada. Tuve toda la educación sexual necesaria y medios para acceder a anticonceptivos. En mi caso me salvó el color de mi piel, mi estatus social, el dinero con el que pude pagar a un médico, o quizá tan solo una casualidad. Yo, una mujer que decidí interrumpir un embarazo no deseado a los 24 años después de uno de los primeros encuentros pasionales con mi ahora ex marido, también pude haber ido presa.
Dagmar Thiel es periodista ecuatoriano-alemana y directora ejecutiva de Fundamedios, una organización sin fines de lucro dedicada a la libertad de prensa y la libertad de expresión en las Américas. En Ecuador, Thiel reportó para Ecuavisa y TC TV, y contribuyó al diario El País de España y a la emisora alemana Deutsche Welle. Ella es becaria del Donald Reynolds Journalism Institute.