Bilingüismo en juego: la contienda por las juntas escolares en Arizona
Con el 45% de los estudiantes de origen latino en el estado de la frontera sur, la lucha por la representación en puestos clave de educación toma un rol fundamental en las próximas elecciones.
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Carla Urquidi tiene un carácter recio. Sus palabras van cargadas de determinación si se trata de defender los derechos de sus hijos en las escuelas de Arizona. Se siente orgullosa de sus raíces mexicanas y de que su bisabuelo, Tiburcio Fernández, fuera amigo y aliado del icónico líder revolucionario Emiliano Zapata.
“Vengo de una familia zapatista, donde decimos que el pueblo unido puede cambiar las cosas”, menciona Urquidi en entrevista. A su hijo mayor lo llamó Emiliano en honor al líder campesino.
Ella emigró con su familia desde el Rancho Las Parritas, en Chihuahua, México, cuando iba a cumplir 4 años. Ahora tiene 32 y no quiere que sus dos hijos experimenten lo mismo que ella cuando era niña en Arizona.
“A mí me tocó estar en la escuela cuando fue el voto de quitar la educación bilingüe. Cuando empezaron a introducirlo, estaba en el tercer grado o cuarto”, cuenta.
El cambio al que se refiere sucedió en el año 2000: los votantes de Arizona aprobaron la Proposición 203 y, al hacerlo, derogaron la educación bilingüe. Según esa norma, que todavía está vigente, los estudiantes que provienen de hogares donde se habla español como primero o segundo idioma, deben tomar una prueba de dominio del idioma para comprobar su competencia en este. Si no pasan el examen, son aislados durante cuatro horas cada día para aprender el lenguaje local dominante. El proceso lleva por nombre “clases de inmersión” intensivas. En 2019, la legislatura enmendó nuevamente los estatutos del modelo de inmersión y el Senado aprobó un cambio en la cantidad de horas reduciendo de cuatro a dos horas por día, pero esta norma quedó a discrecionalidad de cada distrito escolar.
A pesar de que el 45% de los estudiantes en Arizona son de origen latino, el actual superintendente de Instrucción Pública del estado, Tom Horne, se opone a las clases bilingües y defiende la segregación. En algunos casos, el propio superintendente ha llevado la batalla a los tribunales para terminar con programas bilingües.
En marzo, por ejemplo, Horne demandó al Distrito Escolar Primario de Creighton, en Phoenix, por mantener un programa “50-50”: 50% de enseñanza en español y 50% en inglés. Entonces, argumentó que violaban la Proposición 203. El distrito, que se ubica en el enorme condado de Maricopa, tiene más de 5.000 estudiantes y la gran mayoría de ellos son de origen latino (83,9%).
Una jueza del Tribunal Superior del condado de Maricopa, Katherine Cooper, dictaminó que Horne no tenía autoridad legal para demandar a los distritos escolares por ofrecer programas bilingües. Después de la derrota, Horne advirtió que continuaría su lucha y así se presentó una segunda demanda, en este caso a nombre de Patricia Pellett, mamá de un estudiante inscrito en el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, que queda a menos de 10 millas de distancia del distrito de Creighton y es uno de los más ricos del estado, con un alumnado predominantemente blanco. Quien representa a Pallet en el litigio es Carmen Chenal Horne, abogada y esposa del superintendente Horne.
Justo por eso, motivada a defender el bilingüismo en el distrito de Creighton y a luchar contra las políticas de Horne, Urquidi busca contender el próximo 5 de noviembre para ser miembro de su junta directiva.
“Lo que está haciendo (Horne) es racismo, es discriminación a nuestra cultura y a la gente que vive en este distrito. Porque es la comunidad que más necesita este programa. Porque aquí sí hay barreras de lenguaje; no es un privilegio”, dice Urquidi con tono molesto.
La lucha por la representación en las juntas directivas juega un rol fundamental en las próximas elecciones, explica Liliana Hutcheson, líder de la campaña ALL In EdAction. “Los miembros de la mesa directiva solo tienen a un empleado que es el superintendente, pero, al mismo tiempo, son los que aprueban absolutamente todo: la contratación de maestros, personal, el dinero del distrito. Esas decisiones son las más importantes porque impactan toda la educación de los estudiantes”, señala.
“Se trata de asegurar un liderazgo sólido que abogue por una educación equitativa y un presupuesto responsable que apoye a todos los estudiantes”, dice Heidi Vega, directora de Comunicaciones de la Asociación de Juntas Escolares de Arizona.
Como Urquidi, en todo el estado ha surgido una serie de candidaturas jóvenes que buscan hacer contrapeso a los postulantes partidarios de las ideas de Horne, que el año pasado declaró que para él era relevante impulsar más aspirantes afines a sus políticas: "Mi obsesión en 2024 es lograr que los conservadores sean elegidos para nuestras juntas escolares", dijo durante un evento organizado por Moms for Liberty (Mamás por la libertad), una organización descrita por Southern Poverty Law Center (Centro legal contra la pobreza en el sur) como de extrema derecha, y que participa en actividades en contra de la inclusión estudiantil.
El estado tiene más de 237 distritos escolares, cada uno gobernado por juntas escolares, y solo el 17% de los miembros de las juntas son latinos.
Además de Urquidi, otras tres personas disputan puestos en la junta escolar: Nicole Marquez, también de origen latino, Heather Ayres y Tristan Jones, todos autodefinidos como no partidistas.
De ganar un puesto en la junta directiva, Urquidi dice que defenderá la educación dual y atenderá más las necesidades de los estudiantes con discapacidades.
“Los programas de educación bilingüe no solo ayudan a los estudiantes a volverse competentes en varios idiomas, sino que también mejoran sus habilidades cognitivas y su rendimiento académico”, explica Vega.
Horne ha sido incisivo en sus políticas extremistas desde que asumió el cargo como superintendente por primera vez en 2003. En un primer periodo que se extendió hasta 2011, prometió acabar con la educación bilingüe y erradicar la teoría crítica de la raza (un modelo que busca dar una explicación de las inequidades raciales en Estados Unidos por medio del contexto histórico), argumentando que “son un montón de tonterías”. Luego, volvió a ser reelegido en 2022 y, hasta la fecha, continúa con la misma retórica contra la educación bilingüe.
Para ir ganando votos, Urquidi se ha centrado en tocar puerta por puerta y buscar el apoyo de madres y padres de familia en las comunidades latinas.
Latinas se abren camino en las mesas directivas
Urquidi ha seguido el trabajo de Sophia Carrillo, de 37 años, actual presidenta de la junta directiva de Creighton desde 2022. Como única latina en la junta escolar del distrito, se ha convertido en un referente para ella y para otras mujeres en Arizona.
Como jefa de familia con dos hijos, Isaac y Grecia, de 15 y 8 años respectivamente, Carrillo sintió la necesidad de meterse de lleno en las políticas de educación, en un intento por equilibrar la balanza en un espacio donde una mayoría de padres de familia blancos toman decisiones que afectan a sus hijos.
“Cuando ellos estaban en la primaria, yo era una mamá muy involucrada”, recuerda. “Empecé a ir a las juntas y miraba puras personas americanas, no había representación (latina)”.
Aunque un tercio de la población total del estado y el 45% de los estudiantes en Arizona son de origen latino, la representación en educación es poca: en las escuelas públicas, apenas el 18% de los maestros certificados y el 19% de los administradores son latinos.
Ese vacío impulsó a Carrillo.
"Como mamá se me hacía muy difícil entender el sistema, sabiendo que había personas que nos podían hacer llegar esa información más fácil y no lo hacían”.
En 2020, Carrillo se unió a la Junta de Gobierno Escolar de Creighton, alentada por sus propias experiencias. Nació en Glendale, California, y creció entre Mexicali, Baja California, y Calexico, California. Su familia se mudó a Arizona en 1996. “Sentí el cambio inmediatamente”, señala. Cuenta que los niños latinos y de raza negra no podían usar sus playeras de fútbol de sus países. A menudo, se les decía que no podían caminar más de tres estudiantes juntos porque eran considerados como una pandilla.
Pensando en la desconexión cultural entre los sistemas educativos y las familias latinas, Carrillo fundó Copper State Education Alliance (Alianza de educación estatal Copper), una organización sin fines de lucro que capacita a latinos con talleres y asesorías sobre habilidades de liderazgo en escuelas, clases de financiación y actualizaciones legislativas. Todo esto para que lleguen a las juntas directivas. “Para que realmente sepan el trabajo que deben hacer y cómo hacer funcionar el sistema para sus estudiantes y su comunidad”, explica.
Datos del informe MAPA 2023-2024 de ALL In Education, muestran que casi la mitad de los estudiantes de prekínder en Arizona hasta decimosegundo grado (PK-12) son latinos, y que, en cambio, solo el 17% de los miembros de la Junta Educativa Estatal lo son. Esta inequidad muestra el desafío que Carrillo enfrenta, especialmente ante figuras como Horne.
“No se trata nada más del racismo; él (Horne) está tratando de acabar con la educación pública, y está empezando en las escuelas donde tienen a los niños de color, niños latinos”, señala Carrillo.
En otro distrito escolar, el de Roosevelt, ubicado en Maricopa —donde estudian más de 7.300 alumnos y el 81,8% de ellos es de origen latino— la campaña ALL In EdAction impulsa a madres y padres de familia a que salgan y busquen el voto para apoyar a los candidatos de las juntas directivas que representan los valores de sus comunidades. Ahí, la superintendenta es Dani Portillo, nacida en Honduras. Y Alexis Aguirre es la única latina en la junta directiva actualmente. El movimiento está apoyando a dos personas de origen latino con la esperanza de que ganen en las próximas elecciones, a Victoria Castro-Corral y a James Gonzalez, además de apoyar al afroamericano Michael Butts.
De madre de familia a candidata
La candidata Carla Urquidi no se considera completamente bilingüe. Recuerda que, especialmente en las clases de Historia, “entendía las palabras, pero no entendía el contenido”. En su opinión, la brecha no se ha cerrado con los años, lo ve en la ausencia de clases de historia mexicoamericana que se imparten en la actualidad. “Mi hijo está en sexto grado y, hasta la fecha, no ha llegado a casa con ninguna información que enseñe eso”, dice con desaprobación.
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Su experiencia se volvió aún más complicada cuando su hijo mayor sufrió bullying en la escuela. Dice que sus compañeros lo acosaban con la excusa de su identidad latina y tener una discapacidad que lo obligaba a ser más lento en el movimiento físico. “Empezó a tener problemas de ansiedad. Quise arreglarlo con los directivos, pero en una escuela mayormente americana, junto con todo su staff, fui muy ignorada. Tuve que acudir con leyes y papeles, motivada por el coraje de madre”, relata. Emiliano tiene 11 años, pero a Urquidi le preocupa también su hijo Teo, de 3 años, quien tiene dificultades en el habla y la audición.
Urquidi recuerda que había días en los que Emiliano le imploraba no ir a la escuela. Un día, cuenta, la maestra lo obligó a que les escribiera una carta pidiéndoles perdón a los estudiantes que lo molestaban. “Lloraba porque la maestra no le hacía caso. Mi pelea fue con la asistente principal y con la directora, todas americanas. Fue muy difícil porque, como madre soltera, me miraban así como ‘la vamos a cansar, se va a ir, va a mover al niño’”.
Pero Urquidi no desistió. Se preparó, pidió asesoramiento, se amparó en las leyes que protegen a los estudiantes y logró que cambiaran de clase a los estudiantes que molestaban a Emiliano.
“Si yo, que pude abogar por mi hijo, me sentía tan impotente, se me hacía un nudo en la garganta casi todas las mañanas de ver a mi hijo que tenía miedo de ir a la escuela, no quiero pensar en las madres migrantes que no hablan inglés”.
Durante estas elecciones también se votará en Arizona la Propuesta 133. Aunque no especifica que la medida sea para las juntas escolares, las que son no partidistas, los argumentos en la información para votantes (pag 46) de la Oficina del Secretario de Estado de Arizona dicen que podría convertirlas en partidistas.
La analista política Carmen Cornejo resalta el escenario en el que Urquidi está operando. Para ella, el superintendente Horne ha creado un ambiente en el que las voces extremistas se están infiltrando en las juntas escolares. “Él siempre ha estado en oposición a las expresiones lingüísticas y culturales de la comunidad hispana”, dice.
Cornejo ha sido activista y ha apoyado a líderes juveniles inmigrantes en la creación de Arizona DREAM Act Coalition, una organización clave en los litigios contra las leyes antiinmigrantes en el estado.
Ben Monterroso, cofundador de Poder Latinx, una organización que busca promover el voto latino para un cambio político, dice que la educación es uno de los temas más importantes, aunque a menudo ignorado en las elecciones. “Hemos visto que cientos de personas determinan para miles de alumnos quiénes son los líderes de esta mesa directiva. Debemos cambiar eso”, afirma. Monterroso insiste en que es en las juntas escolares donde se define el tipo de educación que recibirán los niños. “Preferiría que tuviéramos un latino que entienda nuestra cultura y necesidades”, señala.
Urquidi está decidida a motivar a otras personas de su comunidad para que participen en el proceso electoral. “Con lo que estamos viviendo con Horne, queremos asegurarnos de que la gente sepa lo importante que es su voto. Gente como nosotras en esas posiciones inspira a las nuevas generaciones. Todo empieza sembrando la semilla y de ahí crece el fruto”, dice durante la entrevista junto a Carrillo en un café de Phoenix.
“Ya lo traes en la sangre, sangre guerrera”, le dice Carrillo.
“Vengo de una familia zapatista”, responde Urquidi.
Ambas ríen a carcajadas.
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