Fentanilo: Morir por engaño
Letrero de “Prohibidas las Drogas” en la entrada principal de la preparatoria Bernstein, en Hollywood, California. Foto de Zaydee Sánchez para palabra
¿Cómo frenar la oleada de muertes? Las comunidades latinas se movilizan frente al aumento de fallecidos por fentanilo.
Nota de la editora: Este reportaje es parte de la serie de investigación “Seguridad más allá de las aulas”, que explora cómo las comunidades determinan la seguridad de sus hijos y qué necesitan esos niños para alcanzar su potencial dentro y fuera de las aulas.
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Daniel Joseph Puerta-Johnson tenía 16 años cuando murió envenenado por fentanilo en el Hospital Infantil de Los Ángeles, California. Era abril de 2020 y su padre, Jaime Puerta, no era entonces consciente de la estela de intoxicaciones, sobredosis y muertes que esta droga estaba dejando en adultos y jóvenes de todo el país. Sólo ese año, esta potente droga sintética de elevado efecto adictivo —que también se prescribe legalmente para determinadas afecciones médicas— y otros opioides causaron cerca del 74,8% de las 93.655 muertes por drogas registradas en Estados Unidos. Tres años después, 107.543 personas murieron por sobredosis de drogas. De estas, 75,4% lo hicieron a causa del fentanilo y otros opioides.
Aunque no se vislumbra una solución clara en el horizonte, padres, distritos escolares, autoridades locales, estatales y federales, así como legisladores estadounidenses siguen batallando para encontrar estrategias eficaces que permitan mitigar las muertes y la destrucción social que el fentanilo está causando en familias y en comunidades en todo el país.
El padre de Daniel siente que las autoridades no están haciendo lo suficiente.
“El envenenamiento por fentanilo está matando a más personas que los suicidios, a más personas que la violencia causada por las armas de fuego, (a) más gente que los accidentes de coches. Y, mientras tanto, estamos aquí, sentados, tratando de dilucidar qué hacer”, asegura Puerta.
Jaime Puerta cofundó Víctimas de las Drogas Ilícitas (VOID, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que apoya a la comunidad latina en California y en Estados Unidos, y que organiza presentaciones en escuelas para educar a los estudiantes sobre los peligros de las drogas. En la imagen, Puerta está en su hogar en Santa Clarita, California. Foto de Zaydee Sánchez para palabra.
Las cifras corroboran su afirmación: En 2022, 48.204 personas murieron como consecuencia de armas de fuego, según datos del National Safety Council (Consejo nacional de seguridad) disponibles en el portal de Injury Facts (Información sobre lesiones). De estas, un 56% fueron suicidios. Ese año, los accidentes de coche causaron 42.514 muertes y las sobredosis por fentanilo ascendieron a 84.181, según datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglás en inglés).
Sin embargo, desde 2020, las armas de fuego siguen siendo la principal causa de muerte en Estados Unidos entre niños y adolescentes hasta los 17 años, según un informe del Centro de Soluciones para la Violencia de Armas de Fuego de Johns Hopkins, difundido en septiembre de 2024. Sólo en 2022, la violencia causada por las armas de fuego —la cual afecta de forma desproporcionada a los jóvenes de raza negra— acabó con la vida de 2.526 niños y adolescentes.
Al igual que las armas de fuego, las muertes por fentanilo están haciendo pagar un coste muy elevado a los padres de jóvenes latinos. Aunque las estadísticas esbozan parte de la historia detrás de las muertes, no capturan el dolor desgarrador y el impacto emocional que experimentan los padres y las familias que han perdido a un hijo o a un ser querido a causa de esta droga.
De hecho, Puerta jamás se imaginó que su hijo sería parte de una estadística cuando los médicos le diagnosticaron depresión grave y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). “(Daniel) estaba recibiendo tratamiento médico, se encontraba bien y no consumía alcohol ni drogas”, asegura. “Pero con la llegada de la pandemia, nosotros sentimos que esta realmente lo sumió en la oscuridad”.
Para escapar del aislamiento y de la oscuridad, Daniel recurrió a la automedicación. Utilizó la aplicación de mensajería Snapchat —que no deja rastro de las conversaciones— para contactar con un individuo que le vendió una pastilla de oxicodona de aspecto legítimo. Según las autoridades, el adolescente desconocía que la pastilla contenía entre seis y ocho miligramos de fentanilo, una cantidad que puede matar hasta a cuatro adultos. Para Daniel, esa única pastilla fue letal. “Muchos niños mueren por causas ajenas a su voluntad”, afirma Puerta. “Mueren por engaño”.
Las cenizas de Daniel Joseph Puerta-Johnson en la que fuera su habitación, adornadas con fotografías del joven, que murió por fentanilo a los 16 años. Foto de Zaydee Sánchez para palabra
Conocidas en inglés como blues o fentapills, las pastillas falsificadas de oxicodona, benzodiazepinas y otros medicamentos mezcladas con fentanilo pueden resultar mortales. Un informe difundido este año por UCLA Health señala que, de promedio, 22 adolescentes de entre 14 y 18 años murieron semanalmente por fentanilo en Estados Unidos a lo largo de 2022.
Tras la muerte de Daniel, su padre, Jaime, cofundó Víctimas de las Drogas Ilícitas (VOID, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo a la comunidad latina dentro y fuera de California y que organiza actos en las escuelas para educar a los alumnos sobre los peligros asociados al consumo de drogas. Entre las herramientas educativas que él utiliza durante sus presentaciones, se encuentra “Dead on Arrival” (Muerto al llegar), un documental de 21 minutos producido por Dominic Tierno y Christine Wood, disponible en inglés y español. El documental narra las historias de cuatro familias, entre ellas la de Puerta, que han perdido a seres queridos a causa del fentanilo.
Puerta tiene claro que compartir información sobre prevención de drogas con estudiantes de centros de educación secundaria de Los Ángeles es crucial para dotarlos de herramientas que les permitan gestionar posibles períodos de estrés y ansiedad. En definitiva, quiere evitar que los jóvenes acudan a las redes sociales en busca de drogas para aliviar problemas de salud mental.
Su organización colabora codo con codo con la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés). A diferencia de algunos padres y organizaciones, Puerta respalda la presencia de agentes que brindan apoyo en las escuelas (SROs, por sus siglas en inglés), y sostiene que el papel de la policía es proteger a los pequeños, no buscar motivos para arrestarlos.
De acuerdo al The Advancement Project (El proyecto de fomento), la policía es una amenaza para los estudiantes de color y latinos. La misión de esta organización sin fines de lucro es desmantelar el sendero que conduce a los jóvenes de la escuela a la cárcel, y abogar por eliminar la presencia policial y de los SROs en los centros académicos. La organización asegura, además, que la policía no es el vehículo adecuado para transmitir un mensaje sobre prevención de drogas.
“Cuando pones a un agente de policía en una escuela, aumenta la probabilidad... de que haya suspensiones y expulsiones, y aumenta el riesgo de detenciones en la escuela, así como las agresiones físicas que las acompañan”, afirma Tyler Whittenberg, subdirector del programa Opportunity to Learn (Oportunidad para aprender) del The Advancement Project.
Jaime Puerta observa una fotografía de su hijo y él que aparece en el documental “Dead on Arrival”. Foto de Zaydee Sánchez para palabra
En la década de los ochenta, la policía de Los Ángeles enviaba a agentes a las escuelas secundarias a través del programa Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas (D.A.R.E., por sus siglas en inglés), una medida que “fue claramente ineficaz para evitar que los alumnos experimentaran con drogas”, afirma Whittenberg.
Algunas investigaciones académicas confirman la postura de Whittenberg. Pero dichos resultados son irrelevantes para Puerta y otros padres que han perdido a un ser querido a causa del fentanilo. Aun siendo conscientes de que sus esfuerzos quizá no frenen ni resuelvan la crisis del fentanilo, haber perdido a un ser querido es el motor que les impulsa a tratar, al menos, de mitigar la desolación que esta droga está sembrando en sus comunidades.
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Tras la muerte por fentanilo de la joven de 15 años Melanie Ramos, en septiembre de 2022, un grupo de padres y líderes comunitarios —incluyendo la madre de Melanie, Elena Pérez— lograron la aprobación de la Ley de Melanie (Melanie’s Law) o la SB 10 , una medida de alcance estatal que obliga a las escuelas públicas de California a diseñar e implementar programas de seguridad, educación, prevención y respuesta ante el fentanilo, así como jornadas de formación para el personal escolar, los estudiantes y sus familias. El objetivo: salvar la vida de todo estudiante que sufra una sobredosis.
La adolescente había sufrido una sobredosis mortal en el lavabo de niñas del Centro de Educación Secundaria Bernstein, situado en Hollywood, el cual forma parte del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés). Ese mismo día, una amiga de Melanie había sufrido una sobredosis de la que se recuperó con vida. Las jóvenes habían ingerido, sin saberlo, pastillas falsificadas de Percocet que contenían fentanilo, según informaciones recogidas por varios medios.
La madre de Melanie presentó una demanda por muerte por negligencia contra el LAUSD y acusó a los funcionarios de la escuela de no haber adoptado medidas, a pesar de tener conocimiento de que, en los meses previos, había existido un “problema descontrolado de drogas en el campus Bernstein”, que incluía sobredosis. Las autoridades confirmaron que, en un período de un mes en Hollywood, al menos siete adolescentes habían sufrido sobredosis tras ingerir pastillas que contendrían fentanilo. El LAUSD ha pedido que se desestime la demanda.
Detrás de la Ley de Melanie está el senador californiano Dave Cortese (del distrito 15), quien representa a gran parte del condado de Santa Clara, el cual experimentó un aumento de muertes por fentanilo del 863% entre 2018 y 2021. La medida también proporciona a las escuelas acceso a Narcan (naloxona), un aerosol nasal de emergencia que revierte rápidamente los efectos del fentanilo.
La Escuela Secundaria Bernstein, en Hollywood, California. Foto de Zaydee Sánchez para palabra
“Que las escuelas tengan Narcan va a salvar vidas”, afirma Mira Parwiz, líder de la coalición que está al frente del Proyecto de Prevención de Sobredosis de Opioides del Condado de Santa Clara (SCCOOPP, por sus siglas en inglés), un diverso grupo de profesionales sanitarios y voluntarios cuya finalidad es redoblar las medidas de prevención y seguridad frente al consumo de opioides en el condado.
Parwiz explica que, ante el marcado aumento de sobredosis en Santa Clara —donde el 25% de la población es latina—, el condado se vio contra las cuerdas y ante la necesidad de adoptar medidas urgentes. En 2022, SCCOOPP organizó jornadas educativas y formativas sobre los peligros de los opioides en todos los distritos escolares de la región y puso Narcan a disposición del personal escolar, de los padres y de los alumnos. “El senador Cortese nos ha dicho que se inspiró en nuestro trabajo y lo impulsó para que se convirtiera en un modelo para todas las escuelas de California”, añade.
De momento, la eficacia de la SB 10 está por verse. En el condado de Santa Clara, las autoridades no han documentado aún el impacto que pueda estar generando. Sin embargo, Parwiz está convencida de que la medida ayudará a todas las escuelas, independientemente de los factores socioeconómicos que puedan existir en estas.
Otra de las piedras angulares de la campaña informativa de SCCOOPP es “Fentanyl High” (drogado por fentanilo), un documental que proyectan en escuelas y eventos comunitarios, y que está dirigido por Kyle Santoro, un estudiante taiwanés—estadounidense de la Escuela de Educación Secundaria Los Gatos.
Una escena del documental “Dead on Arrival”, el cual narra las historias de cuatro familias –incluida la de Jaime Puerta– que han perdido a seres queridos por fentanilo. Foto de Zaydee Sánchez para palabra
La juventud y los adultos jóvenes se suman al movimiento de prevención de drogas
Santoro no es el único estudiante o joven adulto que está generando conciencia social sobre los peligros que acarrea la adicción a los opioides. En Arizona, Ronny Morales, de 31 años, lleva años como activista en rehabilitación de drogas compartiendo su travesía personal hacia la recuperación de una adicción. Morales fue estudiante de periodismo en la Universidad Estatal de Arizona, pero abandonó la carrera al desarrollar una adicción a los opioides que su médico le había recetado para aliviar las quemaduras de tercer grado causadas por un accidente de coche. Con tan sólo tres meses de tratamiento médico, el entonces estudiante había desarrollado una dependencia que se prolongó durante años. “Empecé a consumirlo como si fuera mi café de la mañana”, dice en entrevista con palabra.
En la cúspide de su adicción, Morales acudió a las redes sociales, donde encontró “abuelitas” que le vendían medicamentos desde la tranquilidad de sus hogares. “Las veías… y pensabas… qué monada de abuelita… pero… el negocio era el negocio”, describe Morales.
Cuando, en 2019, comenzó a compartir su proceso de rehabilitación en las redes sociales, se percató de que no era el único que batallaba para superar una adicción a los opioides o al fentanilo. Desde entonces, ha trasladado un mensaje de aliento a estudiantes y padres en actos comunitarios y eventos de rehabilitación. Pero la travesía ha sido cuesta arriba y cuenta que, como latino, le “avergonzaba” abrirse al mundo y compartir su lucha con los demás.
“Las diferencias culturales, las barreras culturales, hacen que sea mucho más difícil compartir públicamente algo (como la adicción al fentanilo). Es (un tema) muy tabú”, afirma.
Morales sufrió varias recaídas hasta que cortó todo contacto con los vendedores y con la red que le proveía drogas y superó la drogodependencia en 2019. Esta decisión habría sido crucial en su proceso de rehabilitación.
“Los bloqueé. Los borré. No quería tener nada que ver con ellos. No quería que se pusieran en contacto conmigo, porque, simplemente, no quería tener ninguna conexión con ellos”, asegura.
Jaime Puerta posee una colección de pins de distintas agencias gubernamentales con las que se ha reunido en actos realizados en escuelas de todo el país, durante los cuales ha hablado sobre los efectos del fentanilo. Foto de Zaydee Sánchez para palabra
Los cárteles reclutan a jóvenes estadounidenses y residentes permanentes para introducir drogas en Estados Unidos
En Arizona y California, los cárteles mexicanos —principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco—, están explotando las mismas rutas de distribución y logística para introducir fentanilo en Estados Unidos, que llevan años empleándose para el tráfico de otras drogas. Y no son los inmigrantes sin estatus legal los que introducen la droga, como en repetidas ocasiones ha afirmado el presidente electo Donald Trump, sino las organizaciones de narcotraficantes que reclutan a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes como mulas para trasladar fentanilo de un lado a otro de la frontera. Entre estos, también hay estudiantes.
En agosto de 2019, el ciudadano estadounidense Phillip Junior Webb fue condenado a 46 meses de prisión por reclutar a estudiantes de secundaria e intentar introducir metanfetamina y fentanilo en Estados Unidos a través de las garitas fronterizas de San Ysidro y Otay Mesa en varias ocasiones. Cuando cometió el delito, Webb tenía 18 años y cursaba el último año de estudios en un centro de educación secundaria. Según la DEA (la Administración de Control de Drogas), los menores que reclutaba llevaban la droga adosada al cuerpo.
Al menos el 50% de las incautaciones de fentanilo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se producen en San Diego. Por ello, los estudiantes de distritos escolares situados en la frontera o cerca de esta —como los de San Ysidro, National City y Chula Vista— son especialmente vulnerables frente a las redes de narcotraficantes que ofrecen miles de dólares para que los jóvenes introduzcan drogas en territorio estadounidense.
Los puertos fronterizos legales de Tijuana y San Ysidro son “la propiedad más valiosa del mundo para los narcotraficantes”, afirma Rocky Herron, un exagente de la DEA que ahora trabaja como embajador de Prevención de Alcohol y Drogas para la Oficina de Educación del condado de San Diego. Herron, padre de tres hijas, habló con palabra a título personal, no como portavoz del condado.
Herron habla español con fluidez y ha realizado casi mil presentaciones en Estados Unidos y más de doscientas en el extranjero. El mensaje que le envía a los jóvenes es sencillo: el poder de tomar decisiones correctas —incluso si uno es ya consumidor de drogas— reside en uno mismo. En sus charlas, también explica que el consumo de drogas repercute en el desarrollo del cerebro y tiene consecuencias negativas en los amigos y en la familia del consumidor.
Herron trabaja en campañas de prevención con distritos escolares fronterizos cuyos estudiantes son tanto estadounidenses como jóvenes mexicanos que cruzan la frontera a diario para ir a la escuela en Estados Unidos.
Afirma Herron que, aunque las muertes por fentanilo acaparan la mayor parte de la atención, la metanfetamina también está detrás de un elevado número de fallecimientos.
El precio humano de ambas drogas en San Diego es cuantificable. Según un informe anual de 2024, las muertes no intencionales causadas por fentanilo (tanto las asociadas a prescripciones médicas como de uso ilícito) aumentaron de 151 a 749 entre 2019 y 2023. Las muertes por fentanilo representaron el 62% de los fallecimientos no intencionales por drogas y alcohol en 2023. En 2019, esta cifra era significativamente inferior: un 23%. También en 2023, el efecto combinado de las pastillas con metanfetaminas y fentanilo mató a 458 personas, frente a las 56 de 2019.
Herron reconoce que demostrar la eficacia de las medidas preventivas es una tarea difícil: “¿Cómo se demuestra cuántos consumidores de drogas has evitado?”, se pregunta.
Beatriz Villarreal también cree en el poder de las estrategias de prevención. Hace más de 25 años, Villarreal —que en aquel momento dirigía un programa de asesoramiento del centro de menores del condado de San Diego— fundó Mano a Mano, una organización sin ánimos de lucro, situada en San Diego, que trabaja con la policía, las universidades estatales, las escuelas públicas y las iglesias para informar a los niños y a las familias latinas de la región sobre la prevención de drogas. Brinda esta información en español y, entre sus objetivos, quiere que la guerra contra las drogas empiece en el hogar, con los padres a la cabeza. Aboga, además, por emplear mano dura contra la delincuencia y sostiene que los traficantes, incluidos los estudiantes, deben afrontar las graves consecuencias que se derivan de cualquier delito que cometan relacionado con las drogas.
Izquierda: Beatriz Villarreal, con un vestido amarillo, junto a otros simpatizantes de Mano a Mano en su conferencia sobre el fentanilo en Imperial Beach, en 2024. Derecha: Diapositiva presentada a los jóvenes que asistieron a la conferencia. Fotos cortesía de Beatriz Villarreal
Algunas presentaciones y charlas de Villarreal están disponibles en internet. En los videos, anima a los padres latinos a entablar conversaciones frecuentes con sus hijos sobre cómo prevenir el consumo de alcohol y de drogas. Además, les enseña a identificar visualmente las drogas, los nombres callejeros de estas, explica qué drogas son populares en distintas regiones, desglosa el consumo de drogas por grupo étnico y describe los efectos de cada droga en el organismo.
Hay señales de que los esfuerzos de prevención y los llamados a la acción —como las charlas de Herron y Puerta, la movilización de los estudiantes, las presentaciones de Villarreal, así como la disponibilidad de naloxona— están teniendo un efecto positivo entre el alumnado y los padres que asisten a los actos.
Villarreal lanzó su campaña sobre el fentanilo en español hace aproximadamente dos años y animó a Puerta a subtitular “Dead on Arrival” en español. En la actualidad, proporciona Narcan gratuito a las familias que asisten a sus eventos. En varias ocasiones, ha invitado a Puerta a compartir su historia y a proyectar su documental para padres y jóvenes. Este año, Puerta habló ante 2.500 estudiantes. La respuesta fue abrumadora.
“Todos salieron llorando, abrazándolo. Y eso es lo que necesitamos, que él esté en todas las escuelas y presente su video”, concluye Villarreal.
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Aitana Vargas es una corresponsal internacional y comentarista de tenis galardonada que reside en Los Ángeles, California. Graduada de Columbia University, comenzó su carrera presentando un programa local de TV en español mientras aún cursaba la Licenciatura en Ciencias Físicas en Berry College. Luego hizo prácticas en la BBC, CNN International y el departamento de comunicación de NASA/ESA Hubble Space Telescope en Alemania. La tesis de su máster en Columbia examinó el conflicto entre israelíes y palestinos bajo la supervisión del catedrático Rashid Khalidi. Sus trabajos han aparecido en The Pulse de NPR, EHRP, Público, EFE, CNN Expansión, The LA Times, DirecTV Sports, TVE Internacional, Cuatro/Telecinco TV Network, HITN TV Network, Narratively, Hoy Los Ángeles y otros medios. Ha recibido varios premios del LA Press Club (Serie de Investigación, Periodista Deportiva del Año, Reportaje sobre Raza & Sociedad, Reportaje en Profundidad, Obituario, Consumo, Deportes y Noticias) y el Premio a la Excelencia de Berry College (Joven Antiguo Alumno) en 2018. Ha sido finalista del Premio Livingston y de una iniciativa entre la Fundación Gabo y el Proyecto Periodístico de Crimen Organizado y Corrupción. Aitana fue la intérprete en inglés-español de la artista transgénero Daniela Vega, actriz principal de “Una Mujer Fantástica”, película ganadora del Óscar. Para más información, pinche aquí. @AitanaVargas
Zayde Sanchez es una narradora visual, fotógrafa documental y escritora mexicano-americana de Tulare, California, en el Valle de San Joaquín. Busca destacar comunidades poco reportadas y narrativas pasadas por alto, con un enfoque en el trabajo, el género y el desplazamiento. Zaydee es becaria de la International Women's Media Foundation y becaria del Centro Annenberg de Periodismo de Salud de la USC en 2021. Su trabajo ha sido publicado en Al Jazeera, National Geographic, NPR, entre otros. Vive en Los Ángeles. @Zaydee_s
Ruben Castaneda es un periodista afincado en Washington, D.C. con una dilatada carrera que sobrepasa las tres décadas y con experiencia como reportero y editor. Ha trabajado para el Washington Post, U.S. News & World Report y es el autor del libro “S Street Rising: Crack, Murder and Redemption in D.C”. @sstreetrising