Movilizando contra los pesticidas
Activistas de dos de las regiones agrícolas más grandes de California describen su lucha para proteger a comunidades y trabajadores contra la exposición a pesticidas
Nota del editor: Mucho antes de que se acuñara la frase justicia ambiental, los trabajadores agrícolas en todo los EE. UU. marchaban, se congregaban y se organizaban para defender los derechos de los trabajadores esenciales que ayudan a proveer comida a nuestras mesas – incluyendo el derecho a protecciones contra pesticidas.
Tras las décadas, los esfuerzos de estos activistas han inspirado a generaciones de activistas posteriores. Hoy en día, organizaciones nuevas están avanzando a partir de formas tradicionales de acción (como las marchas, los boicots y las sentadas), incluyendo conexiones con científicos y miembros comunitarios, para llenar las brechas en investigaciones sobre la exposición a pesticidas. A la vez, organizaciones establecidas como el sindicato United Farm Workers (Unión de Campesinos) buscan modos innovadores de llegar a los trabajadores de primera línea con información en tiempo real sobre los riesgos de salud y seguridad laboral como la exposición a pesticidas, al COVID, al humo de los incendios forestales y a calor extremo.
La periodista Zaydee Sanchez viajó por los valles de San Joaquín y Salinas en California y habló con cuatro personas cuyas trayectorias al activismo son diferentes una de la otra. Juntas, sus historias ilustran las complejidades de organizar dentro de comunidades enfrentando desafíos como diferencias lingüísticas, el estatus inmigratorio, y el racismo sistémico – y nos explican qué les mantiene motivados.
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Americo Prado: el socorrista
Las paredes de las nuevas oficinas del United Farm Workers (UFW, por sus siglas en inglés) en Bakersfield, California son blancas y desnudas. Indicios del olor a pintura nueva flotan de cuarto a cuarto. Americo Prado todavía no ha tenido tiempo de decorar su espacio; durante la mayoría de la pandemia él ha estado trabajando desde su casa. Prado, un hombre alto de 27 años, es un supervisor del programa de alivio de emergencias de la Unión de Campesinos en California, y es apreciado por la comunidad como un líder cariñoso de este proyecto que empezó en 2020.
El programa de servicios nacional está dividido en un esfuerzo de campo que ayuda a los trabajadores a acceder a las vacunas contra el COVID, a equipos de protección personal, y a servicios como bancos de alimentos. Prado supervisa la otra mitad del programa, un centro de llamadas gratuitas que de lunes a viernes responde a todo tipo de preguntas, desde sobre derechos de los trabajadores a orientaciones sobre leyes inmigratorias.
Pero muchas veces lo que les preocupa a los que llaman es la exposición a pesticidas.
“La gente nos ha llamado constantemente sobre los pesticidas, o por exposición directa o indirecta”, dice Prado. “A veces hay campesinos que están trabajando de sección a sección, y sin saberlo entran a una sección que apenas ha sido tratada con pesticidas. Han llegado un cuarto del camino y se empiezan a sentir los síntomas de exposición a pesticidas, sus ojos que le lloran o se le salen erupciones. En esas instancias, nos movilizamos”.
Cuando se trata de reportes de pesticidas, Prado y su equipo trabajan con prisa. Prado sabe que su trabajo es mantener a la comunidad segura. “Primeramente aseguramos que los trabajadores están seguros. Si tenemos que llamar al 911 para que obtengan ayuda, ofrecemos servicio de traducciones. La salud es lo primero”, dice Prado.
‘Preferirían mantenerse en silencio y tratar de auto-medicarse en vez de reportarlo porque no quieren perder el trabajo.’
El estatus legal de la gente puede hacer que teman llamar al 911. La historia de abogar por los derechos de los trabajadores agrícolas del UFW ayuda a que el sindicato provea una alternativa más segura.
Después de una llamada, Prado y su equipo (que son cuatro en California) coleccionan los datos. Se hace un reporte de incidente para las investigaciones de reguladores de agricultura y pesticidas locales, estatales o hasta federales. Y, si hace falta, el equipo de Prado manda a un organizador del UFW a representar, o proteger, a la persona que llamó.
“Tuvimos un ejemplo donde un trabajador era indocumentado, y su supervisor le colgaba eso sobre su cabeza, y le hizo botar pesticidas en un río cercano”, dice Prado. “Entonces, en ese caso movilizamos a la EPA (la Agencia de Protección Ambiental). Hemos visto un poco de todo”.
Prado nota que las líneas del centro reciben llamadas constantemente de trabajadores agrícolas con reportes y consultas frecuentes sobre la exposición a pesticidas. Sin embargo, él está convencido de que muchos más trabajadores temen hacer reportes sobre el asunto. “Hay mucha gente viviendo cheque a cheque”, dice Prado. “Preferirían mantenerse en silencio y tratar de auto-medicarse en vez de reportarlo porque no quieren perder el trabajo. No quieren caer en la lista negra. Tristemente, es algo que suele pasar.”
Represalias como reducciones de salario o ser puestos en las listas negras de los granjeros y los contratistas de trabajo son una preocupación de muchos trabajadores agrícolas. “Intentamos informarles a los trabajadores que ‘Oiga, usted sí tiene derechos’”, dice Prado. “Nuestro lema es que queremos brindar esa actitud de sí se puede para que el trabajador tome acción”.
La pasión que Prado tiene por trabajar en UFW comenzó con sus padres. Su mamá, originalmente de Tijuana, y su papá, del estado mexicano de Michoacán, trabajaban en los campos cerca de Oxnard, en la costa hacia el norte de Los Ángeles. “Mi mamá siempre quería que tuviéramos una educación americana que nos daría acceso a oportunidades de trabajo o estilo de vida mejores”.
Cuando era niño, la familia de Prado se mudó a Bakersfield, a unas 145 millas hacia el noreste de Oxnard. En California State University, Bakersfield, Prado sacó su licenciatura en historia. Después de sus estudios universitarios, mientras trabajaba en una mueblería, Prado encontró un anuncio para un trabajo en la Fundación UFW. “Yo dije, mira, esta es una organización sin fines de lucro. Yo me pude ver haciendo este trabajo y aportando algo a mi comunidad. Y inmediatamente pensé en mis padres y en mi familia”, dice Prado.
Silvia Zamora: poder comunitario
Cuando Silvia Zamora recién se había mudado a Cantua Creek, un pueblito a 45 minutos hacia el suroeste de Fresno, en el valle agrícola de San Joaquín, California, todos en su familia se quedaron enamorados del nuevo entorno. El pueblo rural, con sus huertos de almendra y pistacho y un sinfín de campos con filas verdes, abraza al arroyo Cantua Creek, un tributario de Fresno Slough que fluye por el lado oeste del pueblo. Sus atardeceres, con colores cálidos encima de campos bucólicos, dejan a visitantes y nuevos residentes asombrados.
Viniendo de Silicon Valley, Zamora nunca había visto tanta naturaleza. Y ella tampoco sabía mucho sobre los pesticidas. “Pasaba la avioneta fumigando y mi hijo emocionado porque todo esto era nuevo para nosotros”, dice Zamora. “Pasaba por encima de las casas, mi hijo estaba acostado arriba del techo, filmando y tomando fotos”.
La avioneta a la que Zamora refiere se usa para fumigar a los campos agrícolas con pesticidas. Su casa está al otro lado de la cerca de un huerto de almendros y unos campos que con las estaciones cambian entre siembras de ajo y algodón. Zamora es una jardinera apasionada y amante de los animales, y ella pasa la mayoría de su tiempo en su patio cuidando a su jardín de verduras y a sus pollos y conejos.
Al principio, dice Zamora, ella no comprendía del todo los efectos dañinos de los químicos. Ella se acuerda del momento cuando eso cambió: Un día después de que habían fumigado a las siembras de ajo cercanas, ella notó que tres de sus conejitos se habían muerto. Unas horas más tarde, encontró muertos a los conejos adultos también.
“Recuerdo que fui a hablar con mi vecina y contarle lo que había pasado”, dice Zamora. “Empecé a atar los cabos: A los conejos les gustaba vagar por los campos y comer las raíces de los vegetales. Pensé a mí misma, apenas ayer fumigaron y hacía mucho viento”.
Zamora perdió 12 conejos.
“Dije ‘sí esto son los conejos, ¿qué está pasando con nosotros?’ Entonces yo dije no, pues aquí es donde hay que estar y alzar la voz”, dice Zamora.
La ocasión de abogar llegó cuando la organización Central California Environmental Justice Network (La Red de Justicia Ambiental del Centro de California) empezó a educar a los residentes de Cantua Creek sobre los efectos dañinos de la exposición a pesticidas. Esto presentó una oportunidad para Zamora y otros residentes de Cantua Creek: hacían falta monitores para un estudio diseñado por investigadores de la University of California, Davis, sobre la calidad del aire. El estudio reclutaba participantes de tres condados del valle de San Joaquín, y se enfoca en un mejor entendimiento del movimiento de los pesticidas desde los campos agrícolas a las comunidades cercanas.
A los participantes les dieron instrucciones de durante ocho horas al día llevar mochilas pequeñas que contenían bombas que chupaban aire en tubos de muestreo. Los participantes usaban las mochilas mientras cocinaban, limpiaban y trabajaban en el jardín.
“Es muy agradable ver que hay gente que se preocupa por estas comunidades”, dice Zamora sobre el estudio. Todavía los investigadores están analizando los resultados, pero Zamora espera que sus esfuerzos saquen a la luz en qué modo las familias están expuestas a pesticidas durante el transcurso de sus vidas cotidianas.
“Esto es importante para todos y pues como nosotros de alguna forma ya vamos saliendo (por envejecernos). Pero vienen muchas generaciones y si no hacemos nada ahorita esas generaciones apenas hay niños que nacen enfermitos. Es muy doloroso ver”.
Linda Martinez: la luchadora
El animado evento comunitario en el centro comunitario Leo Cantu Community Center en San Joaquín, California, está lleno de residentes locales conversando con los organizadores. El enfoque del evento es brindar servicios comunitarios gratuitos a la gente, y los visitantes aprenden sobre pruebas de COVID, servicios legales y sobre los derechos de los trabajadores agrícolas, entre otras cosas. Una mesa larga está cubierta con un cartel de tela roja con las palabras de la Unión de Campesinos. Mientras los residentes se acercan a su mesa Linda Martinez, la coordinadora del sindicato en Fresno, se sienta con una mirada de anticipación, vestida con una blusa negra y labial rojo enchilado.
Antes de ser organizadora, Martinez pasó años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas y sus familias. Todavía su enfoque de trabajo es de cerca y muy personal; dice que ve a su abuela en cada trabajador agrícola a quien ayuda.
Martinez se crió en un tráiler, viviendo con su abuela, Herlinda Martinez, en Huron, California, un pueblito a 50 minutos hacia el suroeste de Fresno. Herlinda era trabajadora agrícola, y aunque solo hablaba español, era luchadora, y sabía bien cuáles eran sus derechos. Martinez recuerda que cuando ella tenía seis años, tuvo que traducir las peticiones de su abuela a los mayordomos de la granja cuando ella sospechaba que le habían quitado algo de su cheque. “Ella me decía ‘Linda, dile bien y cuéntale bien el dinero, porque aquí me hace falta un dólar”, dice Martinez. Ella se llama como su abuela y dice que la fuerza y la disposición de su abuela de luchar le llevó a advocar.
“Yo también soy peleonera y me encanta. Me encanta porque ya no tengo miedo. Estoy aprendiendo por educarme profesionalmente. Yo puedo llegar ahí y defenderlos (a los trabajadores). Si me dejan, yo voy ahí y hablo y lo reporto” ella dice.
Muchas veces el día laboral de Martinez incluye eventos organizados alrededor de temas como los derechos de los inmigrantes, campañas de donación de sangre y bancos de alimentos.
Ella también es la organizadora local que el centro de llamadas del UFW envía cuando alguien necesita ayuda en persona. Los temas de las llamadas varían, pero cuando una se trata de posible exposición a pesticidas, Martinez se mueve rápidamente: Primero ella se asegura de que la persona esté segura, y después ella busca los letreros obligatorios que deben avisar a los trabajadores de las aplicaciones de pesticidas.
Su trabajo implica recolectar detalles para su reporte al comisario agrícola local o al California Department of Pesticide Regulation (Departamento de Regulación de Pesticidas). Ella conoce bien los letreros. “Amarillo significa que como hace dos, tres días ya (fumigaron)”, dice Martinez. “Si están rojos definitivamente ni te metas al campo”.
Los anuncios visuales son críticos para los trabajadores indígenas de México que ni leen ni hablan el inglés ni el español. Se estima que en el estado de California hay 165.000 trabajadores agrícolas indígenas de México laborando en los campos: más de la mitad hablan mixteco y otro 30% hablan zapoteco. Martinez se ha enfrentado a barreras de idioma ella misma: Cuando no tiene un traductor a su lado ella tiene que depender de los letreros e inclinaciones de cabeza para guiar a los individuos. “Si tú de verdad quieres ayudar a una persona, no importa el lenguaje. No importa la cultura”, ella dice. “Si de verdad intentas, puedes transmitir tu mensaje”.
Victor Julian Torres: la nueva generación
Victor Julian Torres, un estudiante de 11º grado en la preparatoria Greenfield High School en Greenfield, California, ha sido miembro de la coalición Safe Ag Safe Schools (SASS o Agricultura Segura Escuelas Seguras) desde que estaba en el 6º grado. La coalición consiste en más de 30 organizaciones enfocadas en proteger de pesticidas peligrosos a los niños escolares en el condado de Monterey, un condado de California repleto de granjas. Torres, un adolescente delgado de actitud acogedora, se enfrentó a un incidente de vida o muerte, lo que le impulsó al activismo educando a los jóvenes de su región sobre los efectos dañinos de la exposición a pesticidas cerca de las escuelas.
Greenfield queda aproximadamente 40 minutos hacia el sureste de Salinas, en el corazón de un valle lleno de viñedos y campos de vegetales con destino a supermercados en todo el país. Un reporte publicado en 2014 por el Departamento de Salud de California encontró que el condado de Monterey tenía el número más alto de escuelas cercanas a la concentración más alta de uso de pesticidas en todo el estado. El campus de Vista Verde Middle School en Greenfield, donde Torres asistió al 6º grado, está rodeado de viñedos al oeste y al sur.
Temprano en la mañana del 9 de febrero de 2017, un día que Torres recuerda como un día escolar normal, él estaba en su aula, con la puerta abierta, cuando le empezó a ser difícil respirar.
“Empecé a sentir un olor fétido y poco tiempo después me empezó a faltar el aire”, dice. “Era muy raro porque nada malo había pasado ese día, todo iba bien, y después de pronto me está siendo difícil respirar. Me tomó totalmente desprevenido. Fue muy surreal”.
Un médico diagnosticó un ataque de asma. Torres sabía que era asmático, pero nunca había tenido un ataque severo. Él no estaba consciente de lo que estaba pasando con su cuerpo, ni tampoco lo que le estaba haciendo jadear por falta de aire. Torres no estaba solo en su confusión. Su profesor intentó darle agua para ver si él tal vez estaba deshidratado. Pero eso no ayudó, entonces mandó a Torres a la enfermería de la escuela. De ahí llamaron al abuelo de Torres, quien vivía enfrente de la escuela. Estando en la casa del abuelo, tuvieron que llamar a una ambulancia.
Después de esta experiencia traumática, Torres decidió unirse a SASS. Él y Santiago, su hermano menor, empezaron a hablar con otros jóvenes en la comunidad. Los amigos de Santiago fueron inspirados y se unieron a los hermanos en el movimiento.
Para Torres, un momento cumbre en su activismo fue en 2019, cuando SASS y sus socios de la coalición abogaron por la prohibición del pesticida organofosforado clorpirifos, que ha sido asociado con bajo peso al nacer y problemas del desarrollo en los niños. “Después de mucha comunicación a Sacramento intentando llamar la atención de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), el gobernador, y asistiendo a un abandono del edificio de la EPA en Sacramento durante un aguacero, logramos que se prohibiera (el clorpirifos)”, dice Torres. “Era un gran hito para mí pero me siento que el trabajo todavía no se ha terminado”.
En octubre del 2019, el Departamento de Regulación de Pesticidas de California anunció la prohibición de clorpirifos en la agricultura. La EPA de los E.E. U.U. prohibió el uso de clorpirifos en productos alimenticios en 2021.
Torres continúa animando a sus pares a involucrarse en las organizaciones comunitarias. “La juventud es muy ruidosa y necesitamos mantenernos involucrados porque somos la siguiente generación” dice.
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Zaydee Sanchez es cronista visual, fotógrafa documental y escritora mexicana-estadounidense. Inspirada en su crianza en California en el valle agrícola de San Joaquín, en la ciudad de Tulare, su trabajo está arraigado en abordar las complejidades de la migración. Con un enfoque en los trabajadores, el género y el desplazamiento, ella busca que su trabajo sea significativo e impactante.