¿Armadura de salud o tigre de papel?
Flor Alvarado, de 29 años, trabajó durante décadas como campesina y dijo que prácticamente no recibió formación sobre los efectos nocivos de los pesticidas para su salud y la de su familia. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
El nuevo sistema de notificación de pesticidas de California busca proteger la salud pública. Pero a los activistas comunitarios les preocupa que no sea suficiente para proteger a las comunidades rurales y a trabajadores agrícolas de los daños causados por los pesticidas
Nota del editor: Este es el segundo reportaje de “A la Deriva”, una serie de tres reportajes sobre el uso de pesticidas en California de Environmental Health News y palabra. La serie expone cómo las comunidades de color y el trabajadores agrícolas están expuestos de manera desproporcionada a algunos de los quimícos más peligrosos aprobados para uso agrícola.
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En la cocina de su casa rodante, Flor Alvarado escucha atentamente una reunión virtual y toma notas mientras Alexa y Alison, sus gemelas de siete años, juegan tranquilamente en la sala. Alvarado vive en Bakersfield, en el extremo más al sur del sofocante valle de San Joaquín, en California, donde no es raro que las temperaturas alcancen los tres dígitos fahrenheit. El aire acondicionado zumba tratando de mantener la casa fresca mientras la voz de una activista comunitaria resuena en la pantalla del teléfono de Alvarado. Mira a sus hijas: es casi la hora de cenar.
Alvarado se unió a este grupo para apoyar a las trabajadoras agrícolas y prepararlas para asumir cargos de liderazgo comunitario. Es la primera de varias organizaciones a las que se ha unido desde 2019, pocos años después de que naciera la activista que lleva dentro.
Antes del valle de San Joaquín, Alvarado y su familia vivían en Oxnard, a una hora y media en coche del noroeste de Los Angeles, en el condado de Ventura, en donde vastos campos de fresas llenan los llanos cercanos a la costa. Allí fue donde Alvarado cambió de trayectoria y se unió a las filas del activismo, después de que un incidente pusiera en peligro su vida y trastocara sus días como trabajadora agrícola y madre.
En una mañana de diciembre de 2014, mientras trabajaba en uno de los campos de fresas de Oxnard, Alvarado sufrió lo que ella cree fue una reacción aguda a una fresa que se comió y que estaba cubierta de residuos de pesticidas. Tenía tres meses de embarazo. Poco después de comerse la fresa, Alvarado notó sangrado vaginal y corrió a un baño portátil. Asustada y confundida, decidió irse a casa, pero el sangrado no se detenía. Luego empezaron a aparecer sarpullidos.
‘Yo empecé a trabajar desde muy chica … Yo no tenía conocimiento absolutamente de nada.’
Alvarado manejó hasta el hospital, donde un doctor le dijo que corría el riesgo de perder a sus hijas. Fue entonces cuando se enteró de que estaba esperando gemelas. El médico le recomendó que dejara de trabajar.
Más tarde, los compañeros de trabajo de Alvarado le dijeron que el campo que ella había estado cosechando esa mañana había sido tratado con pesticidas durante el fin de semana. Le dijeron que otros trabajadores también se habían enfermado ese mismo día.
La historia de Alvarado resuena entre las multitudes de trabajadores agrícolas, familias, y comunidades de California a menudo expuestas a pesticidas con un conocimiento limitado de dónde, cuándo, y qué sustancias químicas tóxicas se han utilizado.
Pero ahora Alvarado se ha unido a los implacables activistas que han luchado por la reforma de los estándares de seguridad de los pesticidas y quienes recientemente obtuvieron una victoria histórica: décadas de trabajo de la Californianos por la Reforma de Pesticidas (CPR, por sus siglas en inglés) y sus más de 200 organizaciones asociadas lograron la aprobación de normas más estrictas y, a partir de 2024, el estado exigirá la notificación previa de qué pesticidas se aplicarán en los campos y cuándo.
Las fresas son uno de los principales cultivos de Oxnard, donde se celebra anualmente el Festival de la Fresa de California. Las fresas no-orgánicas son sometidas con frecuencia a tratamientos con pesticidas, lo que supone un riesgo para los trabajadores agrícolas y los residentes cercanos. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Hoy en día en California se envían notificaciones públicas para alertar a las comunidades sobre asuntos como secuestros de niños, incendios forestales, y condiciones meteorológicas adversas. Pero a pesar de las décadas de investigaciones que han relacionado a los pesticidas con problemas de salud, el público no recibe advertencias sobre cuándo se aplicará un pesticida tóxico.
Eso cambiará ahora que el Gobernador Gavin Newsom ha destinado $10 millones para que el Departamento de Regulación de los Pesticidas de California (DPR por sus siglas en inglés) crea un sistema de notificación estatal. El público tendrá acceso a una plataforma en línea para informarse sobre las aplicaciones futuras en una zona determinada de cientos de los pesticidas más peligrosos. El activismo comunitario fue clave para garantizar la financiación del programa en el presupuesto de 2021, dijo la vocera del DPR Leia Bailey.
Si bien California no es el primer estado en requerir que se notifique con antelación la aplicación de pesticidas, su sistema pretende ser el más completo y accesible. Además de brindarle información al público para proteger su salud, los activistas esperan que el sistema genere una mayor conciencia sobre la exposición a los pesticidas y aumente la presión pública para mejorar la normativa sobre estas sustancias en California y a nivel nacional.
El sistema de notificaciones será también una poderosa herramienta para los investigadores y funcionarios de salud pública para que monitoreen enfermedades y estudien sus posibles vínculos con los pesticidas, y, además, podría servir de modelo para otros estados, dijo Pamela Lein, profesora de neurotoxicología en la Universidad de California, Davis.
“Estas notificaciones pueden ser increíblemente importantes y útiles para que los científicos intenten encontrar la asociación entre la exposición (a pesticidas) y efectos adversos para la salud”, comentó Lein.
Disponer de esos datos permitirá a los investigadores y funcionarios de salud pública distinguir más fácilmente los pesticidas de otras fuentes de contaminación.
Lein compara la notificación de pesticidas con la época en que las autoridades sanitarias empezaron a hacer campaña sobre los efectos nocivos para la salud de fumar cigarrillos. “Cuando escuchas hablar sobre esto a las personas en las cuales confías para que cuiden tu salud, es más probable que la comunidad … empiece a involucrarse en protegerse a sí misma”, dijo.
Un cartel en español al lado de los campos agrícolas de Oxnard alerta a los conductores para que reduzcan la velocidad cuando hay niños cerca a la vía. Pero las comunidades no reciben ninguna advertencia previa sobre las aplicaciones de plaguicidas y sus daños potenciales para la niñez y otras personas. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Los campos de pruebas son cuatro comunidades en los condados de Ventura, Riverside, Stanislaus, y Santa Cruz, donde el año pasado se probaron diferentes versiones de un sistema de notificación.
“Estamos trabajando con los comisionados agrícolas de varios condados del estado en los pilotos voluntarios para probar diferentes elementos del diseño del sistema”, dijo Karen Morrison, subdirectora jefe en funciones del DPR. Morrison dijo que un análisis de la efectividad de los proyectos piloto informará el diseño del sistema estatal.
No obstante, en talleres públicos convocados por el DPR en noviembre de 2022, los residentes y activistas expresaron preocupación respecto a la accesibilidad de la plataforma. Temen que el sistema no proporcione las horas y lugares específicos en los que se aplicarán los pesticidas.
Mientras el estado toma nota de los comentarios del público, un componente ya decidido del sistema de notificación es que solo incluirá pesticidas de uso restringido, es decir, aquellos considerados más peligrosos para la salud pública y el medio ambiente.
“Hay muchos pesticidas peligrosos que no están restringidos”, afirma Jane Sellen, codirectora de CPR. “Cualquier pesticida tarda mucho tiempo en aparecer en esa lista. Existe el principio de ‘considerarlo seguro hasta que se demuestre lo contrario’, y toma décadas demostrar lo contrario. Pero tomaremos (el sistema de notificación) como punto de partida”.
La industria agrícola del condado de Ventura, con una facturación anual de 2,000 millones de dólares, produce diversos cultivos, como frijoles, fresas, cítricos, cebollas y apio. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
De trabajadora agrícola a activista
Prevenir que otras familias se vean expuestas a pesticidas es lo que motiva a Alvarado, quien empezó a trabajar en los campos de Oxnard con su mamá y hermano cuando tenía 14 años.
Originaria de la ciudad de Pachuca, en México, su familia vivió una vida de trabajo migrante, siguiendo las temporadas de cosecha de fresas, tomates, y chiles y trabajando después en viveros de diversos cultivos. Alvarado dijo que la reacción adversa que tuvo en 2014, cuando estaba embarazada, no fue su primera exposición aguda.
“Yo empecé a trabajar desde muy chica … Yo no tenía conocimiento absolutamente de nada”, dice. “Echaban como un tipo de polvo blanco … ese polvito se quedaba en la mata (planta) y yo notaba que en ocasiones yo no llevaba guantes y eso me picaba las manos, me salían como ronchas…Y mi mamá siempre decía que era por los pesticidas, o era el químico o el polvo, pero me decía: ‘ponte guantes y ya’. Pero yo notaba que era algo extraño”.
Alvarado está convencida que la exposición aguda que sufrió en 2014, así como los años que ha pasado en campos fumigados, afectó el desarrollo de sus hijas. Recuerda que tras el nacimiento de las gemelas, tuvo que hacer visitas sin fin al hospital, pues siempre estaban enfermas. A medida que sus hijas crecían, notó retrasos en ciertas etapas del desarrollo como caminar y hablar.
Entre las madres que trabajaban en los campos agrícolas, empezaron a compartir que “pues igual que mi niño tiene aprendizaje lento y que mi niño está igual que el tuyo”, cuenta.
Las habitaciones de Alexa (izq.) y Alison (der.) están pintadas de rosado, su color favorito. Su mamá, Flor Alvarado, cree que una exposición aguda a pesticidas durante su embarazo, de la mano de años de trabajo en campos tratados con pesticidas, afectaron el desarrollo de las niñas. Foto por Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
En ese momento, Alvarado entendía muy poco sobre los efectos en la salud que tiene la exposición a pesticidas, y tampoco había recibido entrenamiento alguno al respecto.
A veces rociaban las plantas donde estaban trabajando, dice. “Yo le decía al mayordomo y él decía que era solamente agua para lavar las plantas o era para que quitara el polvo… Pero nunca nos decían qué era, pero olía muy feo y nosotros sabíamos que era spray y pues no nos daban ningún equipo de protección, nada, simplemente nosotros nos cubríamos con lo que podíamos”.
En California, la ley obliga a los empleadores a entrenar a los campesinos que trabajan en campos tratados con pesticidas. El entrenamiento debe darles información sobre los efectos de los pesticidas y cómo protegerse.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) también requiere que a nivel nacional los empleadores le den materiales de entrenamiento sobre pesticidas a los trabajadores agrícolas según el llamado Estándar para la Protección del Trabajador (WPS) Programa de Pesticidas (WPS, por sus siglas en inglés) de la EPA.
El WPS se actualizó en 2015, exigiendo que los trabajadoras agrícolas reciban formación anualmente en lugar de cada cinco años.
Pero Alvarado dijo que no recibió entrenamiento alguno hasta 2019. “La junta no tardaba más de cinco minutos”, recordó. “Te daban una hoja que firmaras que se te estaba dando ese entrenamiento”.
Por la época en la que recibió su primer entrenamiento, Alvarado decidió involucrarse en la lucha por la reforma de las leyes de pesticidas.
Alvarado y sus hijas se mudaron hace poco de Oxnard a Bakersfield, en el Valle de San Joaquín. Una de las ventajas de su nuevo hogar es el parque infantil comunitario. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Exposición a los pesticidas: el conocimiento es poder
Los plaguicidas se han relacionado desde hace tiempo con problemas crónicos de salud como el cáncer, los partos prematuros, el autismo, y daños en el cerebro y el sistema nervioso. Con ingresos de unos $51 mil millones, California es el principal estado agrícola de Estados Unidos. Es, además, líder en la aplicación de pesticidas, con más de 200 millones de libras (unos 90 millones de kilos) usadas cada año.
Muchos en agricultura industrial dicen que los pesticidas son esenciales para prevenir las pérdidas de cosechas debido a insectos, enfermedades, y malezas. No obstante, los trabajadores agrícolas y líderes sindicales y expertos en salud llevan décadas advirtiendo sobre las consecuencias de exponerse a pesticidas – sobre todo para los migrantes latinos e indígenas quienes dominan las filas del trabajo agrícola. Se calcula que cada año entre 500,000 y 800,000 trabajadores agrícolas laboran en los campos de California, y 83% de ellos se identifican como hispanos o latinos. Un estudio publicado en 2022 en la revista científica BMC Public Health descubrió que todo el uso de pesticidas en el estado se produce en el 60% de los códigos postales de California que albergan los mayores porcentajes de personas de color.
Los expertos en salud pública afirman que un sistema de notificación previa ayudaría a los trabajadores y residentes a protegerse.
“Si los funcionarios de salud pública alertaran que se va a fumigar con los pesticidas x, y, z en este sector o en esta comunidad en estas fechas, urgiríamos a todo el mundo que se encontrara a cierta distancia del lugar de aplicación para que redujeran a un mínimo el tiempo que pasen afuera”, dijo Lein. “Les pediríamos que se aseguren de cerrar bien sus ventanas. Que si salen al aire libre, usen una mascarilla y laven bien su ropa (al regresar a sus casas). Y que si tienen desordenes respiratorios sean particularmente cuidadosos”.
Alvarado cree que el sistema ayudaría, además, a que las y los trabajadores entiendan sus derechos. “Uno como campesino obedece al patrón, pero si tú escuchas otra opinión, tú dices: ‘Yo no lo puedo hacer. Hay leyes que me protegen’”.
Lein dice que el sistema de notificaciones previas tiene el potencial de reducir los daños en la salud por exposición a los pesticidas – particularmente efectos agudos como los que experimentó Alvarado. “Creo que tenemos una oportunidad real de ver una reducción de los efectos adversos para la salud asociados a las exposiciones agudas”.
Un cambio conseguido con mucho esfuerzo
La lucha por un nuevo sistema de notificación empezó en 1996, cuando se fundó CPR. Lo que unió a los activistas bajo la bandera de CPR fue la derrota en 1990 de la propuesta de ley 128 de California, conocida como “Big Green”.
La medida “Big Green” proponía eliminar docenas de pesticidas, pero los votantes del estado la rechazaron. Esa derrota llevó a la fundación de CPR.
“Nos dimos cuenta de que teníamos que reunir a todo el mundo y centrarnos en los pesticidas”, dijo Sellen.
Luego llegaron los triunfos, incluyendo la aprobación de políticas estatales como las zonas de separación escolar en 2017, que prohíben aplicar pesticidas durante el día a menos de 400 metros de escuelas y guarderías. En 2019, California prácticamente prohibió cualquier uso agrícola de los químicos tóxicos llamados clorpirifos, que fueron creados primero por los nazis como un arma de guerra. Numerosas investigaciones han relacionado los clorpirifos con daños cerebrales y defectos congénitos en los niños. De la mano de estas victorias, renació la idea de un sistema de notificación de plaguicidas.
Gustavo Aguirre Jr., ex director del condado de Kern de la Red de Justicia Medioambiental de California Central, abogó por un sistema local de notificación de pesticidas en Shafter, una pequeña comunidad agrícola cercana a Bakersfield. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
La primera prueba de un protocolo de notificaciones se llevaría a cabo en Shafter, una pequeña ciudad con una mayoría de habitantes latinos ubicada al noroeste de Bakersfield. Rodeada por campos de algodón y granjas de pistachos y almendras, la ciudad está entre la carretera interestatal 5 y la autopista 99, en la tierras bajas del valle Central de California.
En 2017, el estado aprobó una ley histórica, la AB617, que busca reducir la contaminación en el aire en comunidades vulnerables y financia la participación de estas comunidades en las soluciones. Los residentes y grupos ambientalistas locales como el Central California Environmental Justice Network (CCEJN, por sus siglas en inglés) presionaron exitosamente para que el estado incluyera a Shafter, que sufre de contaminación atmosférica por el alto tráfico vehícular y las industrias agrícola, de gas, y de petróleo.
Los organizadores de base en Shafter lucharon con fuerza por un sistema de notificación de pesticidas, y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) destinó $250,000 para construirlo.
“Esa fue una gran, gran victoria”, dijo Sellen. “ El entonces comisario de agricultura del condado de Kern, Glenn Fankhauser, simplemente se negó”.
‘No creo que vaya a resolver ningún problema de exposición a los pesticidas’.
En California, los comisionados de agricultura, quienes son nombrados por los funcionarios de cada condado pero trabajan bajo el mando de los reguladores de pesticidas estatales, son los responsables de hacer cumplir las leyes estatales del sector agrícola. Monitorear el uso de pesticidas representa el 60% de su carga de trabajo.
“Tenemos una autoridad jurídica muy complicada sobre los comisionados agrícolas”, dijo Sellen. Los organizadores de Shafter presionaron a Fankhauser para que implementara el sistema local de notificación de pesticidas, pero no lo consiguieron.
palabra y EHN se sentaron con Fankhauser en su oficina en Bakersfield para preguntarle sobre las notificaciones de aplicación de pesticidas.
Si bien Fankhauser reconoció que el “derecho del público a saber” es un argumento válido a favor de un sistema de notificación, dijo que no lo ve como una herramienta efectiva para proteger la salud de la comunidad. “No creo que vaya a resolver ningún problema de exposición a los pesticidas”.
A pesar de la oposición de Fankhauser a un sistema de notificación local, Sellen dijo que Shafter “abrió el camino a una forma de hacerlo realidad” y la continua presión de CPR y sus socios condujo finalmente a la financiación de un sistema a nivel estatal.
“Creo que cuando Shafter falló, eso puso mucha presión política … para crear un sistema a nivel estatal”, dijo Sellen. “El estado iba a tener que ejercer el liderazgo y eso iba a requerir mucho capital político”.
Fankhauser también se opuso al sistema estatal, pero dijo que ahora que el estado ha decidido continuar con la implementación, no tiene ningún problema en acatarlo. Sin embargo, Shafter no será un sitio piloto para el sistema estatal.
La derrota en Shafter golpeó a los miembros de la comunidad que habían luchado por el sistema de notificación, dijo el ex director del CCEJN en el condado de Kern, Gustavo Aguirre, Jr. “Básicamente, el estado vino y dijo: ‘Felicitaciones, gracias a ustedes tenemos un (sistema de) notificación a nivel estatal. Pero vamos a hacer esto fuera del valle. Y entonces, una vez que se implemente en todo el estado, ahí sí los beneficiará a ustedes’. Esta es la injusticia a la que desgraciadamente están acostumbradas estas comunidades”.
Junto al condado de Kern, otros funcionarios del valle de San Joaquín en Tulare, Fresno, San Joaquín, y Madera también se negaron a participar en el proyecto piloto. Estos están entre los nueve condados que juntos comprenden la región agrícola más productiva a nivel mundial – y también la que tiene un mayor uso de pesticidas.
El condado de Stanislaus, conocido por su viñedos y extensos huertos de almendros, es el único condado en el valle que participará del proyecto piloto, pero no sin controversias.
Una cosecha de preocupaciones comunitarias
El proyecto de Stanislaus se está llevando a cabo en Grayson, un pequeño pueblo de poco más de 1,500 personas – casi todos hispanos – unas 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de Modesto. Grayson esta rodeado de granjas, con el río San Joaquín corriendo al oeste y la autopista 33 al este.
Bianca Lopez, la co-fundadora de la organización Valley Improvement Projects for Social and Environmental Justice (Proyectos de Mejora del Valle para la Justicia Social y Ambiental), dijo que agradece que el comisionado agrícola del condado de Stanislaus, Kamaljit K. Bagri, se ofreciera como voluntario para el proyecto piloto. Pero, Lopez dijo, “si vamos a hacer un piloto, hagámoslo bien”.
Miembros de la comunidad dijeron que han subrayado la importancia de incluir los sitios exactos en donde se aplicarán pesticidas. También quieren una plataforma en línea que sea fácil de navegar en la que las comunidades puedan encontrar el nombre del pesticida, los efectos negativos conocidos o presuntos sobre la salud, y los horarios previstos de aplicación. Esperan que la versión final de la plataforma pueda funcionar en varios idiomas, reflejando así a las comunidades de habla hispana y lenguas indígenas.
Los cultivos agrícolas bordean el barrio de Nyeland Acres, en Oxnard, California. La comunidad participa en un proyecto piloto que servirá de base para el diseño del sistema estatal de notificación de pesticidas. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Lopez dijo que los habitantes de Grayson piensan que la página web piloto, que requiere registrarse y crear un usuario con contraseña, es complicado y les decepciona que no proporcione la ubicación exacta de las aplicaciones de pesticidas. “Básicamente me está diciendo lo que yo ya sé. Que estamos siendo fumigados, a todas horas del día. No nos dio ninguna información adicional sobre la verdadera ubicación de las aplicaciones”.
Problemas similares han afectado al proyecto piloto de notificación del condado de Ventura, que se lanzó en la primavera pasada en el vecindario de Oxnard llamado Nyeland Acres. Esta comunidad, mayormente latina, limita al este con la autopista 101 Ventura, al norte con viveros, y al sur con campos de frutas y verduras. Los habitantes han estado reacios a registrarse para participar en el proyecto de notificación piloto, dijo Teresa Gómez, organizadora comunitaria del CPR, porque no presenta la ubicación exacta de las aplicaciones de pesticidas.
Añadió que el sistema para inscribirse pide información que no todo el mundo se siente cómodo compartiendo. Porque un 75% de los trabajadores agrícolas en California son indocumentados, muchos temen repercusiones si comparten información personal.
Cuando se le preguntó a Karen Morrinson, la subdirectora jefe en funciones de DPR, porqué las ubicaciones exactas de fumigación no estaban siendo incluidas en los proyectos piloto, dijo que está al tanto de las preocupaciones de la comunidad y que el estado está “teniendo en cuenta esa información conforme avanza en el diseño del sistema a nivel estatal”.
Por algo se empieza
Voluntarios como Flor Alvarado también se preocupan por lo que quedará fuera del eventual sistema estatal de notificación. Pero eso no detendrá su activismo.
En su casa rodante en Bakersfield, cuando la reunión de voluntarios llega a su fin, la luz del sol de verano se cuela entre las cortinas. Su hija Alexa señala un delantal blanco que decoró junto a su mamá y hermana que dice, “Líderes Campesinas Ventura”. La familia comienza los preparativos para otra reunión comunitaria que se llevará a cabo en Oxnard, a dos horas manejando hacia el sur.
Mirando a Alexa, Alvarado recuerda que después del nacimiento de sus hijas regresó a trabajar en los campos de Oxnard. Recuerda que su mamá sufría constantemente de dolores de cabeza, náuseas, y vómitos – tanto, que debía descansar cada cuatro o cinco horas. Al poco tiempo, Alvarado misma empezó a sentir fuertes dolores de cabeza. Decía que llegaba a casa después del trabajo, se tomaba un analgésico, se duchaba, y se iba directo a la cama.
Alexa dibuja con su peluche de pájaro favorito posado en su hombro. La niña de siete años sufre pérdida de audición, pero no ha podido someterse a cirugía debido a demoras por la pandemia. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
Mientras Alvarado abre la nevera buscando qué hacer de cenar, Alexa y Alison entran y salen corriendo de sus habitaciones. Cada habitación está pintada de rosa y pósters del personaje de Elsa de la película “Frozen” decoran sus paredes. Libros para colorear y lápices de color cubren sus alfombras mientras comparten ideas sobre qué van a dibujar.
Alvarado dijo que sus gemelas han sufrido retrasos en su desarrollo. Comenzaron a caminar y hablar a los dos años. Ambas niñas sufren de pérdida auditiva. Alison pudo ser operada, pero por la pandemia del coronavirus, el procedimiento de Alexa se pospuso. Una vez que las gemelas empezaron el colegio, dijo Alvarado, un especialista las examinó y confirmó que tenían problemas de aprendizaje. Muchos pesticidas se han relacionado con bajos pesos al nacer, abortos espontáneos, nacimientos prematuros, y luego problemas cognitivos en menores.
Al bajar el sol en Bakersfield, Alvarado prende la luz de la cocina. Comienza a limpiar la mesa del comedor de los libros de colorear que Alexa y Alison trajeron. Agarra su delantal de Líderes Campesinas y lo coloca en la encimera limpia de la cocina.
Ha logrado que su mamá y hermana también se involucren en el activismo. “Mi mamá de primero no le gustaba porque me decía que andaba haciendo mucho alboroto”, Alvarado dijo. Ahora, no obstante, la llama para avisarle si están fumigando en el campo donde trabaja. “Yo le digo: ‘toma fotos, toma fotos de todo”.
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Zaydee Sanchez es cronista visual, fotógrafa documental y escritora mexicana-estadounidense. Inspirada en su crianza en California en el valle agrícola de San Joaquín, en la ciudad de Tulare, su trabajo está arraigado en abordar las complejidades de la migración. Con un enfoque en los trabajadores, el género y el desplazamiento, ella busca que su trabajo sea significativo e impactante.