Al frente de la exposición a pesticidas
A pesar de décadas de investigación que vinculan la contaminación por la liberación de pesticidas en el aire con daños a la salud, las regulaciones siguen siendo débiles y dejan a los más vulnerables con pocas protecciones
Nota del editor: Este es el primer reportaje de “A la Deriva”, una serie de tres reportajes sobre el uso de pesticidas en California de Environmental Health News y palabra. La serie expone cómo las comunidades de color y los trabajadores agrícolas están expuestos de manera desproporcionada a algunos de los químicos más peligrosos aprobados para uso agrícola.
Este reportaje y video fueron producidos en colaboración con Voces de la Bahía de Monterey.
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Marielle Argueza contribuyó a este artículo.
SALINAS, Calif. — Yanely Martínez estaba en el trabajo en 2017 cuando recibió una llamada telefónica de la escuela de su hijo en Greenfield, una ciudad agrícola en el Valle de Salinas de California. A Victor, de 10 años, le estaba dando un ataque de asma severo y su inhalador no se encontraba por ninguna parte.
Martínez, una educadora, pronto se dio cuenta de que los pesticidas podrían estar detrás de los ataques de asma del niño. Justo antes de que tuviera problemas para respirar, Victor olió algo dulce, un olor asociado con uno de los pesticidas cuyo uso los activistas locales estaban tratando de prohibir en ese momento. Martínez después descubrió que un campo adyacente a la escuela había sido fumigado antes del amanecer.
“La aplicación fue a las 4 a.m. y se enfermó a la 1 p.m. Ese es el tiempo que el pesticida permanece en el aire”, dijo.
Cada año se aplican cientos de millones de libras de pesticidas a los cultivos de California, la proporción más grande de uso de pesticidas agrícolas en los Estados Unidos, donde se utilizan aproximadamente mil millones de libras al año. Según el Departamento de Regulación de Pesticidas de California, tan solo en 2018 se aplicaron en el estado 209 millones de libras de ingredientes activos que se encuentran en pesticidas.
En todo el país, los reguladores estatales y federales se desentienden en gran medida de comunidades como Greenfield cuando se trata de abordar la contaminación lateral de pesticidas, que se refiere al desplazamiento de los pesticidas en el aire, lo que deja a los residentes luchando condado por condado para descubrir cómo los pesticidas están afectando la calidad del aire local y exigir protecciones más fuertes.
No existen límites federales que restrinjan la cantidad de mezclas de pesticidas agrícolas permitida en el aire. A pesar de los vínculos de los pesticidas con sus efectos a la salud como náuseas, dolores de cabeza, ataques de asma, cáncer, coeficiente intelectual más bajo y problemas de aprendizaje como el autismo, el cambio ha sido lento, gradual y, a menudo, impulsado por los más afectados.
Víctor Torres abraza a su madre, Yanely Martínez, afuera de su ex escuela secundaria en Greenfield, California. Ambos son miembros de la organización Agricultura Segura, Escuelas Seguras, que lucha por protecciones más fuertes en contra del uso de los pesticidas. Foto de Zaydee Sanchez para EHN/palabra.
El uso y la venta de pesticidas están regulados por diferentes agencias, comenzando con la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés), que evalúa la seguridad en función del daño potencial a las personas y el medio ambiente, y por las agencias reguladoras estatales y los condados, dependiendo el mosaico de leyes de cada estado.
Pero a pesar de la cantidad de leyes que intentan minimizar el daño que le hacen los pesticidas a las personas y el medio ambiente, un creciente cuerpo de investigación apunta a los efectos desproporcionadamente adversos de los pesticidas en las personas de color, en particular los latinos.
“Se ha documentado la disparidad en la exposición a pesticidas. Es un problema”, dijo la toxicóloga Alexis Temkin, coautora de un estudio reciente del Environmental Working Group que examina la exposición a pesticidas en el condado de Ventura, un importante productor de bayas, cítricos y vegetales a unas 250 millas del Valle de Salinas por la costa del Pacífico. El estudio encontró que las áreas del condado con porcentajes más altos de latinos y residentes de bajos ingresos estaban expuestas a mayores cantidades de pesticidas tóxicos.
‘Es más probable que los pesticidas dañen a las personas de color debido a políticas y leyes firmemente arraigadas que los ponen en desventaja’.
No es solo en Ventura. Un estudio del 2015 sobre los impactos de los pesticidas en las comunidades de color de California, publicado por la Revista Americana de la Salud Pública, encontró que el uso de pesticidas era el tipo de contaminación con las mayores disparidades raciales, étnicas y de ingresos en el estado.
Más del 95% del uso de pesticidas agrícolas ocurrió en el 60% de los códigos postales del estado con las proporciones más altas de personas de color. Un análisis de los datos estatales realizado por el grupo Californianos por la Reforma de Pesticidas muestra que en 2018, los condados de California con una población mayoritariamente latina usaron por encima de un 900% más de pesticidas por milla cuadrada que aquellos con una población latina de menos de 24%.
Y varios estudios más amplios han documentado que los miembros de las comunidades de color y las comunidades pobres en los EE. UU. se ven más afectados por la exposición a pesticidas que el resto del país.
“Es más probable que los pesticidas dañen a las personas de color debido a políticas y leyes firmemente arraigadas que los ponen en desventaja”, dijo Nathan Donley, director de ciencias de la salud ambiental del Centro para la Diversidad Biológica. Donley fue coautor de un estudio en el 2022 que concluyó que las disparidades en la exposición a pesticidas se perpetúan por una regulación y cumplimiento débiles, como protecciones menos estrictas para los trabajadores agrícolas que para otras ocupaciones, y estándares diferentes para las personas expuestas a pesticidas a través de residuos de alimentos (consumidores) que para las exposiciones ocupacionales.
En el Valle Central y la Costa Central de California, es en gran parte gracias a los esfuerzos de personas como la familia de Martínez que se han implementado protecciones.
Décadas de lucha por la protección contra los plaguicidas
Martínez ingresó a la política en 2015 para hacer campaña por un cargo público. Un año después, como miembro del Concejo Municipal de Greenfield, se dio cuenta del impacto de la contaminación lateral de pesticidas. Se unió a una lucha que comenzó hace décadas y ha tenido algunas victorias. Incluyen la colocación de carteles de "peligro" fuera de los campos fumigados y, más recientemente, un programa piloto para notificar a tres escuelas del condado cuándo y dónde se aplican pesticidas.
Pero las soluciones locales parciales son pequeñas frente a una poderosa industria que ha cabildeado con éxito para mantener pesticidas peligrosos en el mercado durante décadas, y una industria agrícola que depende de los productos químicos para producir cultivos multimillonarios, incluso en California, uno de los estados con más regulaciones ambientales en el país.
Según el informe más reciente, la venta de pesticidas en los EE. UU. totalizó $9 mil millones en 2012, aproximadamente dos tercios para uso agrícola. Un creciente coro de expertos científicos está criticando a la EPA y otros reguladores por ceder ante la presión de la industria y no utilizar la mejor ciencia para evaluar el riesgo de exposición a pesticidas.
“Uno de los mitos que la gente puede tener, o que nuestro gobierno ha tratado de retratar, es que EE. UU. tiene las regulaciones de pesticidas más estrictas y protectoras de la salud en el mundo”, dijo Mark Weller, estratega estatal de Californianos por la Reforma de Pesticidas. “Alrededor de la mitad de todos los pesticidas por libras aplicados en la región de Monterey están prohibidos en al menos media docena de países del mundo. No tenemos el sistema regulatorio más estricto y exigente”.
Un campo agrícola cubierto con una lona de plástico en las afueras de Watsonville, Calif., el 11 de septiembre del 2022, muestra un cartel de peligro tras ser fumigado con el pesticida cloropicrina. El cartel advierte a los trabajadores que no entren del 6 al 16 de septiembre. Foto de Claudia Meléndez Salinas para EHN/palabra.
“Nuestro aire está siendo envenenado”
En el 60 aniversario de "Primavera Silenciosa", el libro seminal de Rachel Carson de 1962 sobre el daño ambiental causado por los pesticidas, casi 30 activistas se pararon frente al edificio del gobierno del condado de Monterey para exigir aplicaciones reducidas de 1,3-Dicloropropano, un fumigante también conocido como 1, 3-D o su nombre comercial, Telone. Es el tercer pesticida más utilizado en California, y contribuye a la contaminación por partículas y ozono que desencadena el asma y es capaz de aumentar el riesgo de cáncer a más de siete millas de distancia de la aplicación.
Muchos de los activistas son miembros de Agricultura Segura, Escuelas Seguras, una coalición de tres docenas de organizaciones en dos condados de la costa central de California que han presionado con éxito a los legisladores para que restrinjan el uso de pesticidas cerca de las escuelas.
Durante la manifestación, Yajaira García, integrante del grupo, leyó un pasaje del libro de Carson. Luego comparó las condiciones ambientales en la Península de Monterey, hogar de campos de golf de renombre mundial y mansiones multimillonarias en la costa del Pacífico, con el Valle de Salinas, a solo 30 minutos en automóvil hacia el interior, donde las familias de trabajadores agrícolas viven muy cerca de los campos.
“Nuestro aire está siendo envenenado por pesticidas”, dijo García. “Cuando comparas el aire de la Península (de Monterey), el nuestro está altamente contaminado por pesticidas... Esto es racismo ambiental”.
Yajaira García, izquierda, habla durante una rueda de prensa frente al edificio del gobierno del condado de Monterey en Salinas, California el 27 de septiembre del 2022. García que pertenece a Agricultura Segura, Escuelas Seguras fue acompañada por aproximadamente 30 miembros de la comunidad para protestar el uso de 1,3-Dicloropropano, también conocido como Telone, en los terrenos agrícolas del área. Foto deClaudia Meléndez Salinas para EHN/palabra.
El activismo por la protección de los trabajadores agrícolas ha sido un pilar en la costa central de California desde que la agricultura se convirtió en el motor económico del área.
Muchos de estos esfuerzos están impulsados por latinos, quienes constituyen una parte significativa de la población en los condados agrícolas de California. En la década de 1970, inspirados por la Unión de Campesinos y el liderazgo de César Chávez y Dolores Huerta, muchos activistas destacaron la exposición a pesticidas como un peligro urgente en los sitios laborales en los valles de Salinas y el Central. Las escuelas surgieron como otro punto focal.
Angelita C., la madre de un estudiante en una escuela del condado de Monterey, demandó a la EPA en 1999 por discriminación racial, ya que la población estudiantil de la escuela es mayoritariamente latina y los campos circundantes se fumigaban con frecuencia con bromuro de metilo, clasificado como “un veneno sistémico agudo”. La Oficina de Derechos Civiles de la EPA encontró que las acusaciones estaban fundamentadas y el monitoreo del aire surgió como una herramienta para combatir el problema.
En el 2011, California estableció tres monitores de pesticidas en todo el estado, en los condados de Monterey, Ventura y Santa Bárbara, para detectar la deriva de pesticidas y establecer umbrales de seguridad. En 2017, la Red de Monitoreo del Aire del Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR, por sus siglas en inglés) del estado se expandió de tres a ocho estaciones de monitoreo en todo el estado. Después de que expiró la financiación en 2020, el número se redujo a cuatro.
Para los activistas, es un paso adelante y dos pasos atrás. Sin los datos proporcionados por los monitores, es imposible saber cuáles pesticidas permanecen en el aire, qué tan lejos viajan y si se cumplen los umbrales de seguridad.
“Reducir los monitores de aire es solo otro ejemplo de la larga historia de secretos sobre pesticidas que guarda el estado”, dijo Weller.
Impactos de los pesticidas en el cerebro de los niños
Cuando estaba embarazada de su segundo hijo, María Isabel Ramírez vivía en Watsonville, la llamada Capital Mundial de la Fresa, 20 millas al norte de Salinas. Su familia vivía en un apartamento rodeado de campos: fresas, manzanas, moras. Su esposo era aplicador de pesticidas. En ese momento, ella desconocía los efectos de la exposición a estos químicos.
“Pensé que (los pesticidas) protegían las frutas y verduras”, dijo. “Nunca investigué, no supe nada. Cuando llegaba a casa del trabajo, lavaba su ropa junto con la nuestra. Así empezamos con estos problemas”.
Los problemas incluyeron dificultades de desarrollo en su segundo y tercer hijo, ahora de 23 y 20 años, respectivamente. Su segundo hijo fue diagnosticado con trastorno de espectro autista y el tercero tiene una discapacidad de aprendizaje, problemas que no comparten ni su primer ni su cuarto, quienes nacieron mientras la familia vivía más lejos de los campos agrícolas.
María Isabel Ramírez habla durante una rueda de prensa frente al edificio del gobierno del condado de Monterey en Salinas, California el 27 de septiembre del 2022. Dos de sus hijos sufren de retrasos de desarrollo que Ramírez cree fueron consecuencia de vivir cerca de campos agrícolas tratados con pesticidas en la ciudad cercana de Watsonville. Foto de Claudia Meléndez Salinas para EHN/palabra.
Los vínculos entre la exposición a pesticidas y las discapacidades del desarrollo están bien documentados por estudios del Centro para la Evaluación de la Salud de Madres y Niños de Salinas (CHAMACOS). Dirigido por la Universidad de California, Berkeley, los estudios se encuentran entre las investigaciones más completas sobre la exposición a pesticidas entre los niños en las comunidades de trabajadores agrícolas. Uno de sus hallazgos concluye que la exposición prenatal a ciertos pesticidas está fuertemente vinculada con un coeficiente intelectual más bajo y problemas de aprendizaje.
“Cuando comenzamos nuestro estudio en 1999, conocíamos los efectos agudos de los pesticidas. Sabíamos lo que sucede cuando las personas se intoxican con pesticidas: terminan en la sala de emergencias”, dijo la Dra. Kim Harley, directora asociada del Centro de Investigación Ambiental y Salud Comunitaria de UC Berkeley. “Lo que no sabíamos era el efecto de la exposición crónica a pesticidas en dosis bajas para las personas que viven en la comunidad, en particular para… mujeres embarazadas, fetos y niños pequeños”.
En los 22 años transcurridos desde que comenzó el estudio, dijo Harley, ella y sus colegas descubrieron que los niños cuyas madres tenían niveles más altos de pesticidas en sus cuerpos, particularmente organofosforados, mostraban deficiencias en sus habilidades verbales y puntajes de coeficiente intelectual más bajos. “Cuando llegaban a la edad escolar, tenían más comportamientos de déficit de atención, más comportamientos de tipo autismo y una menor activación cerebral en los escaneos cerebrales”, dijo.
Pesticidas como contaminantes del aire: una papa caliente regulatoria
California ha estado a la vanguardia del control de la contaminación del aire por parte de los vehículos, pero los críticos acusan a las agencias reguladoras del estado de no prestar suficiente atención a la contaminación en las comunidades rurales, donde se aplica la mayoría de los pesticidas.
En respuesta, el Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR) y la Agencia de Protección Ambiental de California convocaron un grupo de trabajo en 2021 para redactar una ruta de transición a un control de plagas más sostenible, como el uso de depredadores naturales como áfidos y catarinas. El plan se publicó el 26 de enero y estará recibiendo comentario público hasta el 13 de marzo.
“Mantener un enfoque agudo en la justicia ambiental y la equidad es parte integral de la misión del departamento, el cual es proteger la salud humana y el medio ambiente, también es parte de nuestro objetivo de acelerar una transición en todo el sistema hacia un manejo de plagas más seguro y sostenible, y de nuestro trabajo diario”, dijo la portavoz del DPR, Leia Bailey, en un correo electrónico en inglés. En respuesta a una solicitud de entrevista, Bailey señaló que el departamento prefería responder las preguntas por escrito.
Las personas que viven en áreas rurales enfrentan mayores riesgos de la liberación de pesticidas agrícolas que son transportados por el aire. Esta foto, tomada el 11 de septiembre del 2022, muestra una complejo de viviendas junto a un viñedo en Watsonville, una ciudad pequeña con una población mayormente latina que durante décadas ha buscado protecciones más fuertes contra la exposición de la comunidad y los trabajadores a los pesticidas. Fotos de Claudia Meléndez Salinas para EHN/palabra.
La aplicación de pesticidas en California es mucho mayor en los condados con una industria agrícola robusta y una alta concentración de latinos, según los datos del DPR. En el condado de Fresno, en el Valle Central de California, se aplicaron 35.7 millones de libras de ingredientes activos en 2018, según los datos más actualizados disponibles. Fresno, uno de los principales productores de almendras, uvas y pistachos, tiene una población de más de un millón de personas. El 54% se identifica como latino y menos del 25% se identifica solo como blanco.
La ciudad de Fresno se ubica constantemente entre las que tienen la mayor contaminación del aire en los Estados Unidos, junto con otras ciudades del Valle Central ricas en agricultura, como Bakersfield y Visalia. El condado de Fresno habitualmente no cumple con el estándar mínimo del país para la contaminación por ozono. También es el condado con el mayor uso de pesticidas en el estado.
Pero sin objetivos específicos de contaminación por pesticidas establecidos por el gobierno federal, con una red de monitoreo limitada para detectar pesticidas y con diferentes agencias que establecen diferentes niveles de exposición de seguridad para diferentes pesticidas, la regulación es una papa caliente que se pasa de una agencia a otra, algo confuso para público.
Hacia soluciones nacionales para la exposición a plaguicidas
Tras la publicación de Pesticidas e injusticia ambiental en los EE. UU., el estudio en coautoría de Donley, una coalición nacional de grupos ambientales y laborales está instando a la EPA a implementar sus recomendaciones.
En una carta del 16 de noviembre de 2022 a la EPA, la coalición expuso nueve acciones que la agencia podría tomar. Entre ellos se encuentran un sistema de monitoreo nacional para recopilar datos de pesticidas, el uso de una disposición especial de la Ley de Protección de la Calidad de los Alimentos para determinar los niveles de exposición seguros para los niños y el monitoreo médico para las personas en todo el país que trabajan de cerca con los pesticidas, algo que ya está sucediendo en California con los trabajadores que aplican organofosforados.
Muchos trabajadores agrícolas “trabajan en los campos durante décadas. Si comienzan a ser monitoreados desde el principio, entonces podemos ver a qué daños están expuestos y prevenir los causados por los pesticidas”, dijo Yajaira García de Agricultura Segura, Escuelas Seguras.
Yanely Martínez y Mark Weller conducen una reunión de Agricultura Segura, Escuelas Segura en Salinas, Calif., el 15 de septiembre del 2022. El grupo se estaba preparando para una manifestación para protestar en contra del uso de 1,3-Dicloropropano en los campos agrícolas. También conocido como Telone y 1,3-D, el fumigante está prohibido en la Unión Europea. Foto de Claudia Meléndez Salinas para EHN/palabra.
Las propuestas son ambiciosas y la probabilidad de una implementación completa es incierta, admite Donley. Pero los signatarios, que incluyen la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, el Centro Bullard para la Justicia Ambiental y Climática de la Universidad del Sur de Texas y más de otros 100 grupos, tienen el propósito de exigir cuentas a la administración de Biden.
“Estamos poniendo enorme presión para que se implementen algunas de estas protecciones, pero reconocemos que siempre ha sido una batalla de David y Goliat y debemos seguir luchando”, dijo Donley.
Después de décadas de lucha para proteger a sus comunidades y a quienes ponen comida en la mesa, los activistas en el Valle de Salinas miran las victorias logradas con mucho esfuerzo (monitores de aire, la prohibición del bromuro de metilo y un sistema de notificación de pesticidas en todo el estado planeado para 2024) y saben que tuvieron un papel en ello, aunque sigan frustrados por la lentitud del cambio.
Conduciendo a su casa en Greenfield, García admira el mosaico verde que forman los cultivos en el Valle de Salinas y la hacen llenarse de orgullo. Los campos no solo son una fuente de alimento para millones de personas, sino que también han provisto para sus padres, inmigrantes mexicanos que trabajan en esos campos junto con miles como ellos.
“Siempre he estado súper orgullosa, pero odio estar orgullosa de los campos que están matando nuestro medio ambiente, nuestra gente”, dijo García. “Me encanta ver los campos, pero no me gusta lo duro que pueden ser para nuestra comunidad”.
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Claudia Meléndez Salinas es autora, periodista, nadadora en aguas abiertas y amante de los gatos. Foto por Víctor Almazán.