Una infección persistente
Desde que comenzó la pandemia, guatemaltecos infectados por el COVID y deportados se han enfrentado al estigma de la pandemia y al abandono en su país. Autoridades de los Estados Unidos actuaron para eliminar la exportación del virus. Pero informes indican que deportados infectados siguen regresando a Guatemala
Nota del editor: Durante el último año, palabra. ha seguido la propagación del COVID a través de comunidades vulnerables en Estados Unidos y América Latina. Nuestras notas de Colombia, Brasil, Perú y México han mostrado cómo la inacción puede fomentar los brotes y todo tipo de problemas sociales.
El reportaje para esta nota fue apoyado por una subvención del Fondo para el Periodismo de Investigación.
Un año después de que personas que regresaron de Europa se convirtieran en casos positivos y muertes de COVID-19 en Guatemala, la vida de quienes han vivido la infección y la enfermedad sigue siendo marcada por el aislamiento y el estigma.
En este mismo tiempo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha deportado al menos a 22,000 guatemaltecos, cientos de ellos infectados por el coronavirus, según el Instituto Guatemalteco de Migración.
En la actualidad, informes de autoridades de salud en Guatemala indican que siguen llegando deportados infectados desde EE.UU., a pesar de que el verano pasado ICE se apresuró a reforzar los protocolos previos a la deportación y a prevenir nuevas exportaciones del coronavirus.
Al principio de la pandemia, países en América Latina se quejaron oficialmente a Washington, D.C. sobre los deportados infectados. Medios de comunicación detallaron los brotes en toda la región, vinculados directamente a los migrantes que regresaban. Las cifras más elevadas aterrizaron en Guatemala con cientos de migrantes deportados.
Todo esto hizo que el ICE impusiera nuevos controles de COVID previos a la expulsión de los deportados, y que prometiera intensificar los esfuerzos para contener los brotes en varios de sus centros de detención de migrantes.
Pero el gobierno estadounidense continuó exportando COVID a Guatemala. Al menos 291 guatemaltecos llegaron con el virus entre mayo (cuando se establecieron los nuevos protocolos sanitarios) y octubre. Los números para noviembre y diciembre de 2020, y los de enero y febrero de 2021, aún no se han publicado, pero funcionarios del gobierno guatemalteco, hablando extraoficialmente, dicen que siguen llegando deportados infectados. Otros llegaron después de recuperarse del virus mientras estaban bajo custodia de ICE -- así fue el caso de 32 guatemaltecos que fueron deportados el 18 de marzo de este año, en un vuelo que partió de Alexandria, Louisiana, según Guillermo Díaz, director del Instituto de Migración del país.
Después de meses de indagaciones, los funcionarios de ICE no han respondido a las preguntas de palabra. sobre el continuo retorno de migrantes guatemaltecos infectados por COVID.
Por su parte, el gobierno guatemalteco al momento ha guardado silencio sobre las deportaciones que ICE sigue enviando.
El día que llegó la pandemia
Al 22 de marzo de 2021, un año después de que el presidente Alejandro Giammatei anunciara la primera infección en el país centroamericano, el país ya ha tenido más de 189,000 casos y 6,730 muertes. La primera muerte ocurrió el 15 de marzo de 2020, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En esas cifras está lo que muchos guatemaltecos dicen que es una historia de descuido estadounidense que ha agravado la pandemia: Según la Dirección del Sistema Integral de Salud (SIAS), los tres primeros casos de guatemaltecos infectados deportados de Estados Unidos fueron hombres que llegaron en un vuelo procedente de Texas el 26 de marzo de 2020.
Un mes después de la primera muerte pandémica en Guatemala, ICE envió la primera oleada: 76 deportados, la mayoría de ellos procedentes de centros de detención de Texas. En la ciudad de Guatemala, 71 de los deportados dieron positivo al coronavirus.
El gobierno guatemalteco dijo que no tenía más remedio que seguir recibiendo a los deportados, en turno enviando a los migrantes infectados a hospitales, y a otros a cuarentena temporal.
De una pesadilla a otra
María Gómez fue una de las que pasó un tiempo aislada a su regreso el verano pasado, y desde entonces ha luchado por reasentarse después de que su sueño de emigrar a Estados Unidos terminara abruptamente cuando cruzó, a pie, desde México y fue sorprendida por agentes de la patrulla fronteriza en el desierto de Arizona.
Gómez pasó cuatro meses detenida en McAllen, Texas.
Llegó -libre de virus- al refugio Ramiro de León Carpio de Ciudad de Guatemala a finales de julio de 2020. El espacio de casi 15 mil metros cuadrados había servido como alojamiento temporal para atletas de todo el mundo, que llegaban a la ciudad para participar en competiciones internacionales.
Gómez, de 26 años, estaba a bordo de un "angustioso" vuelo de 4 horas desde Alexandria, Luisiana, con otros 100 hombres, mujeres y niños que habían sido retenidos en centros de detención del ICE en todo Estados Unidos...
Gómez se sometió a la prueba de COVID-19 antes de embarcar en su vuelo, aunque ICE nunca le dio ningún tipo de documentación que ella pudiera utilizar en Guatemala. Se le volvió a hacer la prueba en el albergue de Ciudad de Guatemala y se confirmó que no tenía el virus.
"(En Guatemala) me dieron este papel que dice que no estoy enferma. Se lo enseñaré a quien me lo pida...", dijo Gómez al salir del complejo deportivo, seis días después de que su vuelo aterrizara.
Gómez tuvo suerte. En julio, 98 detenidos dieron positivo al aterrizar, después de las quejas de Guatemala ante el gobierno estadounidense y la suspensión temporal de los vuelos de deportación, y después de que el ICE estableció nuevos protocolos de COVID.
Lo que los guatemaltecos dicen que es una negligencia se repitió a mediados y fines de 2020. Guatemala estableció hospitales improvisados para los deportados y permitió que se reanudaran los vuelos después de que Estados Unidos amenazó con imponer sanciones a los países que "negaran o retrasaran injustificadamente la aceptación de sus ciudadanos."
Miedo al estigma
Rogelia Cinto iba en el mismo vuelo que Gómez, y se quejaba durante el trayecto de que su "cabeza daba vueltas" al preguntarse cómo la recibirían su familia y sus vecinos en su pueblo, en el estado de Huehuetenango, a unos 215 km al oeste de Ciudad de Guatemala.
Su preocupación comenzó cuando aún estaba detenida en EE.UU. Se enteró de que una prima, que había sido deportada antes, estuvo encerrada durante varios días -aunque no tenía el virus- en un hogar proporcionado por el Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE) local.
Creados por el Congreso de Guatemala en 2002, los COCODES se encuentran en todo el país. Estos grupos vecinales promueven el desarrollo comunitario. Pero desde marzo de 2020 han estado controlando el acceso a muchos pueblos pequeños, para evitar la propagación de las infecciones de COVID-19. Entre las personas a las que se les dijo que se mantuviesen alejadas se encontraban los deportados de Estados Unidos, incluso si podían demostrar que estaban libres de COVID.
Ese rechazo local era un tema de conversación habitual entre los deportados en el refugio de Ciudad de Guatemala, y Cinto dijo que ese tema le atormentaba mientras subía a un autobús proporcionado por el gobierno con destino a los departamentos rurales del oeste del país, Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango y Quiché.
"Nos enteramos por otros muchachos que a los deportados no nos quieren", dijo otro deportado, Eduardo, que iba en el vuelo con Cinto y Gómez. No quiso dar su apellido, por miedo a las represalias. “Creen que por venir de Estados Unidos, traemos el COVID-19. Esta enfermedad está en cualquier lado.”
Eduardo habló mientras subía a un autobús que emprendería un viaje de 360 km hasta su pueblo, Chinchillá, en lo profundo de la región guatemalteca del Petén. Prometió a un familiar que viajaba con él que haría frente a "cualquier circunstancia"; no permitiría "ser humillado" una vez que llegara a casa.
Según Osmar Tello, alcalde de La Unión Cantinil, en el estado de Huehuetenango, cerca de la frontera guatemalteca con México, el rechazo a los deportados fue generalizado hace un año. Tello dijo que fue amenazado por los vecinos después de que permitiera a algunos deportados regresar a sus hogares.
"(Dijeron) que si algún día la pandemia entraba acá (La Unión Cantinil), yo iba a ser el culpable", dijo Tello.
Esto convenció a muchos deportados a regresar en silencio, pidiendo a las familias que evitaran a los vecinos, o que ofrecieran respuestas vagas sobre su salud y su paradero.
En cambio, en los albergues de Jacaltenango, Huehuetenango y en Uspantán, Quiché, los alcaldes y vecinos han acogido a los deportados.
Otra deportada, Yudy López, relató una de esas humillaciones: Recordó haber pasado gran parte de su año en Estados Unidos esposada (pasó meses intentando, y sin conseguirlo, convencer a las autoridades de que le permitiera solicitar asilo). Dijo que incluso estuvo esposada a bordo de su vuelo de deportación.
Las cosas empeoraron, dijo, después de llegar a la Ciudad de Guatemala y ser liberada del refugio.
En agosto de 2019, había dejado sus pertenencias con una vecina en la Ciudad de Guatemala antes de emprender el camino hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Tras su regreso, y su estancia en cuarentena, volvió a visitar a la vecina para recoger sus cosas, pero la dueña de la propiedad no la dejó entrar, insistiendo en que volviera después de 10 días.
“Cuando me dí la vuelta la señora bañó la puerta en cloro, porque yo me había recostado allí mientras platicaba con ella'', dice López. “Me puse furiosa y le dije que por qué echaba cloro si yo no tenía nada (no estaba enferma).”
“Nos vemos en la plena disposición de apoyar a nuestros hermanos migrantes porque ellos han sido parte fundamental de la economía de Jacaltenango y de Guatemala. Merecen un trato digno”, dijo Juan Antonio Camposeco, alcalde de Jacaltenango. Añadió que en Estados Unidos hay unas 13,000 personas procedentes de Jacaltenango, es decir, un 18% de la población local.
Humillación diaria
En la Ciudad de Guatemala, el tiempo transcurrido desde que las autoridades estadounidenses la enviaron a casa ha puesto a prueba la fe de Yudy López.
Recuerda que cuando estuvo en cuarentena en el albergue para deportados Ramiro de León Carpio de la capital, las autoridades guatemaltecas y los representantes de varias organizaciones sociales fueron a entrevistarla. Le preguntaron por qué había salido de su país y anotaron su nombre y número de teléfono antes de prometerle que la ayudarían a restablecerse en la Ciudad de Guatemala. Nadie la ha llamado, dice.
En los siete meses transcurridos desde que llegó a casa en un vuelo con tantos deportados enfermos, se ha sentido condenada al ostracismo. Además, dijo, no puede encontrar un trabajo decente.
López dijo que se siente bendecida por haber evitado enfermarse en su viaje a casa, que comenzó hace un año en el centro de detención de ICE Joe Corley en Conroe, Texas. Habló de haber pasado cinco meses con 11 mujeres de varias nacionalidades como compañeras de celda, en medio de lo que parecían ser protocolos sanitarios improvisados por ICE.
“Estábamos todas revueltas... Las que resultaban contagiadas eran las de naranja. Eran las que se desmayaban y se las llevaban al siguiente cuarto. Cuando empezó eso (COVID-19), a nosotras nos metieron en un solo cuarto y nos dijeron que nos iban a aislar porque una de nuestras compañeras del grupo se empezó a sentir mal con síntomas de dolor de garganta, fiebre y tos. A ella se la llevaron y la aislaron”.
López hablaba mientras caminaba cerca de la Avenida Elena, en el pintoresco centro colonial de la Ciudad de Guatemala, vendiendo refacciones (botanas) a los peatones. Esta es su rutina de fin de semana, con la que gana lo suficiente para cubrir los gastos básicos.
Durante la semana, le pagan en efectivo por lavar la ropa de otras personas, desde antes del amanecer hasta el final de la tarde. Llega a casa con los pies hinchados.
Recordar el último año la entristece, dice López. Desea un empleo formal, pero sabe que la pandemia ha hecho que el trabajo a tiempo completo sea "un asunto complicado".
“Malaya (ojalá) me hubiera quedado a trabajar en Estados Unidos. Me fui para luchar por el futuro de mis hijos, que son menores de 18 años, pero la migra frustró mi sueño”, dijo López, jadeando un poco mientras caminaba, sosteniendo sus bolsas de plástico con sus productos en venta.
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